Juan Dalmau

Tribuna Invitada

Por Juan Dalmau
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Pecados inconfesos a seis meses de María

Quienes miraron hacia el norte tras el paso del huracán María quedaron malamente sorprendidos frente a la respuesta anémica de los amos coloniales. Quienes acudieron a las estructuras internas de la colonia no pudieron más que lamentar la ineficiencia que todavía golpea toda sensibilidad humana. A seis meses del huracán quedan pecados inconfesos. Unos, capitales; otros meramente vergonzosos; todos, vinculados al vacío de poderes e iniciativas. Al menos siete merecen atención especial:

I.                    Muertes

Al día de hoy las autoridades no han divulgado el número preciso de personas fallecidas a consecuencia del huracán. La última cifra oficial publicada reconoce poco más de 60 muertes. No obstante, investigadores de la Universidad de Penn State concluyeron que el número de muertes asociadas al Huracán María es 10 veces mayor que la cifra publicada por el gobierno. Al día de hoy CNN identifica 499 muertes (producto de una encuesta entre funerarias), el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico calcula 1,065 y el New York Times en 1,052 muertes. El estudio dirigido por el demógrafo Alexis R. Santos, por otra parte, puntea que entre los meses de septiembre y octubre de 2017 el índice de muertes registradas en Puerto Rico sobrepasó los patrones históricos en un 25%, incluyendo 1,085 muertes adicionales ocurridas durante la emergencia

En las primeras cuatro semanas después de la tormenta, el gobierno de Puerto Rico autorizó 911 cremaciones de personas cuyas muertes se atribuyeron a “causas naturales”. No es sorprendente, entonces, que la directora del Registro Demográfico, reconozca que antes del huracán se registraban un promedio de 82 muertes diarias, pero a partir del 20 de septiembre ese número aumentó a 118. Su cándida admisión es incongruente con el resto del discurso oficial. Aun así el Departamento de Seguridad Pública insistió durante semanas en que el aumento en muertes era una coincidencia y se niega a ofrecer estadísticas certeras.

II.                  Energización

La cifra oficial señala que a 6 meses de María el 11% de los abonados continúan sin electricidad. Esto equivale a cerca de 150,000 hogares y negocios. Muchos de ellos esperan desde el embate de Irma. En estas regiones es palpable el sentimiento de frustración generado, principalmente, a causa de la falta de información.  El Cuerpo de Ingenieros admite que a sólo 6 de los 78 municipios les ha sido restaurado el 100% del servicio eléctrico, y que 1 de cada 10 clientes todavía no tendrá luz al final del mes de marzo. Ésta es una representación controvertida, pero aun así, inaceptable.

El proceso de restauración tampoco se ha realizado de forma permanente y sustentable. En las pasadas semanas, por ejemplo, se produjeron apagones masivos que volvieron a dejar a 900,000 residentes en el área metropolitana sin los servicios de luz y agua. Se anticipa que los apagones continúen.

III.                Población y Migración

Cerca de 500,000 personas abandonaron Puerto Rico en la última década. A su vez, la administración de Rosselló proyecta que la población local se reducirá a menos de 3 millones dentro de una década. Esa merma de 10% o más es congruente con lo que los demógrafos han registrado en zonas de guerra y regiones de hambruna extrema. “Lo que estamos observando es un evento masivo de despoblación que no es muy común en la historia moderna,” apuntó Lyman Stone, investigador en migración y economista. El Center for Puerto Rican Studies en Nueva York estima que hasta 213,000 personas podrían salir de Puerto Rico en el 2018, la mayoría de ellas hacia la Florida. Mientras tanto, alrededor de 58,000 hogares en el territorio se guarecen con toldos azules, esperando la ayuda federal para restauración que no llega. A esta fecha, sólo cerca del 40% de los residentes que solicitaron ayuda a las agencias han recibido algún dinero de FEMA para la reparación de hogares devastados. Los efectos económicos de esta migración masiva, estimulada luego de María por la respuesta lenta del gobierno en la recuperación, proyecta un panorama desolador.

IV.               Seguridad

Las estadísticas publicadas por la policía pretenden establecer que, en comparación con el mes de febrero de 2017, el mes de febrero pasado refleja una merma en la criminalidad de entre 30 y 40%. Eso no lo cree NADIE. Este año se han reportado 135 asesinatos; 27 casos más que los registrados el año pasado para la misma fecha. Este aumento de 24% es preocupante, sobretodo porque la tasa de esclarecimiento de asesinatos ronda entre el 7 y el 20%, dependiendo de la fuente consultada. Los renglones de violaciones, hurto de vehículos y escalamientos también han aumentado. El Gobernador se niega a reconocer el problema del alza de criminalidad y el Secretario de Seguridad Pública se siente tranquilo porque cuenta con una escolta de protección permanente.

V.                 Falta de Transparencia

Otro obstáculo, fácilmente subsanable si existiera la voluntad, ha sido la falta de transparencia. Ésta ha lacerado el proceso de recuperación. A modo de ejemplo, Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal, afirma que “un legado de disfunción ha creado un déficit de competencia que amenaza la capacidad de la isla para mejorar las condiciones para sus ciudadanos”. Tras examinar los documentos solicitados sobre el contrato con la empresa Whitefish Energy, el congresista añadió que le parece que hay cosas sacadas de la serie de ciencia ficción-horror “Stranger Things”. Ese contrato fue cancelado como resultado de la presión pública, pero sigue siendo objeto de investigación por el FBI y el Congreso.

Según el análisis del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, en el contrato de Whitefish se omitieron recomendaciones legales que hubiesen protegido a la AEE. Por ejemplo, se recomendó que la AEE se reservara la prerrogativa de cancelar el contrato en caso de incumplimiento, pero ese requisito fue omitido del convenio final. A esos efectos, Bishop sostuvo que “la confianza en la capacidad de la gerencia de la corporación pública para administrar contratos y el trabajo de infraestructura en respuesta al desastre, que es muy sensitivo en términos del tiempo, desapareció hace mucho tiempo”.

Con esta apreciación coinciden los alcaldes, quienes han insistido en que la falta de información certera y confiable en los planes para restablecer los servicios de electricidad y agua es síntoma de una falta de transparencia general en las acciones del Estado para la asignación de suministros, materiales y de fondos estatales y federales destinados a la recuperación. Al día de hoy, no está del todo claro cómo operará la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico, diseñada para controlar de forma unilateral los fondos para la recuperación de Puerto Rico.

VI.               Falta de ejecución en la política pública sobre Salud

En el contexto de la emergencia, la administración Rosselló no fue capaz de manejar las condiciones insalubres en que quedaron muchas comunidades. La falta de servicios e información médica adecuada y oportuna provocó brotes prevenibles de leptospirosis, sarna humana, conjuntivitis y otras bacterias, y muertes y complicaciones de salud derivadas de la falta de acceso a servicios de diálisis y maquinaria de terapias respiratorias. La epidemióloga del Estado, rechazó vehementemente que en las postrimerías del ciclón pudiera hablarse de un brote de leptospirosis en la Isla, sin embargo los medios de comunicación reseñaron cerca de 80 casos. La mayoría de estos casos se relacionaron al uso de aguas contaminadas, debido a la carencia de servicio de acueductos.

A su vez, es incuestionable que las dificultades de comunicación, la falta de combustible, los problemas en la transportación, las vías obstruidas y la falta de energía en las instalaciones médicas, contribuyeron a los fallecimientos asociados a la falta de servicios de diálisis. Esto constituyó, cuanto menos, una emergencia sanitaria no vislumbrada en los planes de emergencia y costó vidas.

VII.             Estatus

Dado que Puerto Rico no tiene poder político en el Congreso, y que su única representante no vota, es crucial transmitir la realidad a todos los funcionarios electos, para que la política pública desde Puerto Rico, y hacia Puerto Rico, se ajuste a las necesidades reales. El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de E.E. U.U. reconoce que la política pública de las autoridades federales hacia Puerto Rico ha sido inconsistente e incongruente con sus necesidades. En particular,la ausencia de poderes para establecer acuerdos de colaboración internacional y recibir ayuda extranjera, así como lo que debe considerarse para todos los efectos prácticos como un bloqueo de los federales a la ayuda externa, representan obstáculos innecesarios.

El convulso resquebrajamiento que el temporal provocó en la cadena de importación y distribución de combustible y artículos de primera necesidad puso a relieve las lagunas innecesarias y arbitrarias de las cuales sufre nuestro sistema mercantil a raíz de la aplicación de la obsoleta Ley Jones y sus efectos nocivos sobre la calidad de vida de nuestra gente. Consecuentemente en el contexto de devastación experimentado luego del huracán, la administración del gobierno estadounidense reconoció que las leyes federales sobre cabotaje representan un impedimento para la recuperación, y determinó eximir a Puerto Rico de su ámbito operacional como mecanismo para intentar subsanar parcialmente la falta de recursos generalizada. Lamentablemente la dispensa otorgada se limitó a un término nominal de 10 días. Esa acción tomada por Departamento federal de Seguridad Interna es fácilmente catalogable como acto de profundo cinismo, ya que está ampliamente documentado que un período de 10 días ni siquiera hubiera sido suficiente para cargar los barcos extranjeros objeto de la dispensa para traer ayuda humanitaria.

 La situación actual hace absolutamente imprescindible demandar del Congreso que a Puerto Rico se le excluya inmediata y permanentemente de las restricciones caprichosas y dañinas que imponen las leyes de cabotaje a nuestro comercio, en contra de nuestro bienestar colectivo. Pero aún sin las leyes de cabotaje Puerto Rico permanecería imposibilitado de proteger sus industrias, servicios, comercios y mercados por la Cláusula de Comercio Interestatal de la Constitución federal. Por eso es menester exigir la soberanía, para que el pueblo de Puerto Rico tenga en sus manos el desarrollo de políticas económicas futuras que se piensen desde nuestra realidad y para nuestras necesidades e intereses, no las de un gobierno interventor.

Ante los insensibles y oblicuos manejos de las agencias que nuestro ordenamiento responsabiliza por el bienestar y la seguridad general, quienes antes miraron hacia el norte, y quienes buscaron en la colonia salvación, hoy tiene la oportunidad de mirar hacia adentro, hacia la solidaridad y la soberanía nacional. Después de todo, canonizar figuras y fórmulas fracasadas, opresivas y enajenadas de la realidad social, podría constituir el peor de los pecados.

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