Eduardo Villanueva

Tribuna Invitada

Por Eduardo Villanueva
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Pensando en la democracia de Puerto Rico

“La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas”. Vale discutir el carácter antidemocrático de la imposición que hace la Junta de Control Fiscal para eliminar la Ley 80. El pueblo trata de expresarse y defenderse a través de sus funcionarios electos, pero no se le toma en cuenta. Se ha originado un intenso debate sobre la propuesta de eliminar las exiguas protecciones que la Ley 80 da a un trabajador para no ser despedido sin justa causa. Actualmente, si el empleado logra probar que fue despedido sin justa causa, tiene derecho a una compensación mínima que muchas veces no compensa los años de trabajo, producción y fidelidad que brindó a la empresa.

Para trivializar la discusión, apelando a miedos primigenios, algunos han dicho que ese es un estatuto socialista. Así demonizan su razón de ser, evitando producir el argumento central en discusión: si eliminar el estatuto aumenta la capacidad de inversión y producción de empleo. Una primera parte de la llamada reforma laboral eliminó derechos y redujo compensaciones a los obreros sin que se haya producido ningún incrementó en el empleo y producción o crecimiento económico.

Abonando a un proceso antidemocrático y carente de legitimidad, empresas y organizaciones han comparecido a vistas publicas sin producir estudios, informes, encuestas, ni análisis que justifiquen la premisa de que eliminar la Ley 80 aumentaría la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo. Lo hacen sin consultar a sus socios, como lo hicieron la Cámara de Comercio y el Centro Unido de Detallistas en la Cámara de Representantes. Solicitamos a la Cámara de Comercio esa información, como socio activo, y no recibimos respuesta. Cuando se pide a los proponentes que produzcan datos o estudios, se les escapa una risa nerviosa que algunos consideran burla a quien pregunta. Saben que cuentan con el aval de la Junta de Control Fiscal para imponer la eliminación de la Ley 80.

Cómo puede ser democrático un proceso que impone la eliminación de derechos adquiridos, sin que los funcionarios electos puedan defenderlos o proteger a los desposeídos de ese derecho. Cuán democrático es el proceso de examen y negociación, cuando se presiona amenazando con cortar el presupuesto a quienes se opongan a la eliminación de derechos de trabajadores. Se da como único argumento que 49 de 50 estados federados no tienen ese derecho. No se informa si lo tuvieron alguna vez y si lo eliminaron, ni como ayudó esa eliminación a que subiera la producción, la inversión y la generación de empleos. Se da el extremo de un asesor que dice que eliminar la ley ayudaría a que, si una empresa cierra una filial y quiere reubicar a empleados, no pueda ser demandada por despido injustificado. Ello es un engaño, una falacia, porque una de las razones de justa causa es la reorganización económica de la empresa que lo invoque como defensa.

Aumenta la suspicacia cuando se dice que la eliminación de la Ley 80 busca abaratar costos de privatización de empresas o agencias como el Fondo del Seguro del Estado y la Autoridad de Energía Eléctrica. Ocultar información y suprimir la discusión sobre la base de datos fehacientes es también una burla a la libertad de expresión y al derecho a estar informado.

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