Gustavo Vélez

Tribuna Invitada

Por Gustavo Vélez
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Pensiones: ¿Obligación moral o financiera?

Gustavo Vélez

La discusión sobre la situación financiera de Puerto Rico sigue más intensa que nunca. Sin embargo, cada día parecen perderse de perspectiva las verdaderas prioridades por la cual se creó la controversial ley conocida como Promesa en junio de 2016. La propia Junta de Supervisión Fiscal (JSF) parece haber perdido el norte de su misión principal, que es propiciar una reestructuración ordenada de la deuda pública y sanear las finanzas públicas del gobierno.

En una obsesión casi enfermiza con la eliminación de la “Ley de Despido Injustificado”, conocida como la Ley 80, la JSF y el gobierno hacen caso omiso hacia uno de los problemas más serios que tiene Puerto Rico en la actualidad, que es la quiebra de los sistemas de pensiones de los empleados públicos. Una pregunta está sobre la mesa y nadie parece tener una contestación; ¿Son las pensiones una obligación moral o financiera?

Como parte de la discusión estéril cotidiana, hemos perdido el norte con respecto a otros temas medulares como lo son la privatización efectiva del sistema energético y la búsqueda de una solución al colapso de los sistemas de las pensiones. Con respecto a este último tema, de lo que estamos hablando es que el problema financiero es más grave que la deuda combinada de los bonos de Obligación General y la deuda de COFINA. Esta misma semana, El Nuevo Día publicó una historia de cómo el deterioro del sistema de pensiones puede agravar la propia estabilidad de las corporaciones públicas y los gobiernos municipales, como parte de un ajuste contable dentro de los estados financieros a publicarse próximamente. La discusión actual también parece ignorar la dimensión social de este problema, toda vez que la vida financiera de miles de personas jubiladas pudiera verse en peligro.

De forma combinada, la deficiencia actuarial de los sistemas de pensiones del gobierno central y de los maestros asciende a $56,000 millones (la del gobierno central es de $38,000 millones y la de maestros, $18,000 millones). El gobierno central tiene una población retirada de 125,000 personas que dependen de estas pensiones, más 42,000 maestros jubilados dependientes de su sistema de retiro, para un total de 167,000 jubilados cuya suerte financiera está en la posibilidad de que se encuentre alguna pronta solución a este problema. El sistema de retiro paga anualmente $1,700 millones, mientras que el sistema de retiro de maestros paga beneficios anuales ascendentes a $800 millones.

Fundado en el 1952, el Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno Central fue una de las leyes de avanzada social que se implementó en Puerto Rico en pleno despegue económico e industrial. Fue un programa de vanguardia que convirtió al gobierno en un lugar atractivo para profesionales ir a aportar al servicio público. La tecnocracia que se desarrolló gracias a este y otros programas gubernamentales fue clave durante las primeras décadas del desarrollo institucional de la isla. Pero ya a finales de la década del 1970, la voracidad de la política partidista comenzó a corroer la sustentabilidad financiera a largo plazo de este sistema.

Los sistemas de pensiones del gobierno están insolventes gracias a las malas prácticas administrativas implementadas durante las últimas cuatro décadas. El aumento de beneficios sin aumentar aportaciones, las malas estrategias de inversión y los abusos financieros contra el sistema aceleraron su muerte en el 2017. En el 2013, de forma tardía, la anterior administración de gobierno legisló una reforma del sistema de retiro que se quedó corta.

Luego de su colapso, el gobierno ha tomado la decisión de pagar las obligaciones financieras del sistema de retiro, del Fondo General. Sencillamente, las pensiones hoy, las estamos pagando los contribuyentes, en un momento donde las presiones fiscales son insostenibles y mientras la propia base contributiva está en proceso de contracción. He estimado que anualmente, cada pensionado le cuesta a contribuyente anualmente $2,000. El argumento aquí no es el rechazo a la responsabilidad financiera o moral que la sociedad pueda tener con los 125,000 pensionados que nunca pensaron que su pensión pudiera dejar de existir gracias a la irresponsabilidad administrativa de los gobiernos. El planteamiento central es ¿cómo podremos cumplir con esa responsabilidad dentro de los grandes desafíos financieros que tenemos ante nosotros en estos momentos?

Hoy, las pensiones se pueden pagar del fondo general porque no se está pagando el servicio de la deuda, y porque se asignaron $4,800 millones para extender la vida del programa de Medicaid en la isla. Una vez se tenga que comenzar a pagar deuda y se vuelva a acabar el dinero para financiar el programa de salud, habrá problemas para pagar las pensiones.

Por los potenciales costos económicos y sociales que tiene este problema de las pensiones, urge buscar una solución real. En el corto plazo, los recortes de beneficios deben concentrarse en las pensiones de mayor cuantía, muchas de ellas altamente cuestionadas. Igualmente, la negociación de la deuda y de las demás obligaciones financieras del gobierno de Puerto Rico dentro del Título III, deben dejar recursos para poder pagar las pensiones ajustadas a la nueva realidad. Por último, me parece asertiva una propuesta del Ejecutivo que buscaba destinar un porcentaje de la privatización de los activos del gobierno hacia un programa que permita pagar las pensiones. Hay una deuda hacia los miles de retirados, solo falta decidir cómo vamos a cumplir.

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