José Caraballo Cueto

Tribuna Invitada

Por José Caraballo Cueto
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Pensiones: ¿qué pasó y qué hacer?

Los sistemas de retiro del gobierno central quedaron insolventes por varias razones. Algunas de ellas son: malas decisiones de inversión (muchas veces asesoradas por los mismos consejeros económicos actuales), aumentos indiscriminados en los beneficios, impacto de la crisis financiera 2008-09 en Estados Unidos -donde se invertían los fondos-, aportaciones del gobierno no realizadas y la reducción de plazas en el gobierno que abultó el número de retirados y disminuyó los empleados que aportan al sistema, entre otros. Esta combinación llevó a que estas pensiones se paguen mayormente en la actualidad con los impuestos del pueblo de Puerto Rico. 

Es decir, en esta crisis el pueblo paga los servicios esenciales del gobierno que cada día son peores, los contratos a grupos de interés que cada día son más, la deuda pública y las pensiones de los retirados. 

La prioridad en el presupuesto deben ser los servicios esenciales. Por eso es tan importante que estos se definan para limitar al mínimo la contratación discrecional de donde se nutre la corrupción. En las otras dos partidas, deuda y pensiones, estas últimas deben tener prioridad porque es dinero que se reinvierte en el país y porque los pensionados son en promedio menos pudientes que los bonistas. En la medida que el gobierno y la Junta de Control Fiscal sean más generosos con los bonistas y con los contratos a los grupos de interés, menos presupuesto quedará para los servicios esenciales y para las pensiones. Por ejemplo, mientras los bonistas senior de Cofina reciban un 6% de recorte y McKinsey & Co. reciba más de $70 millones en tres años por una asesoría que no produce un solo informe de alta calidad, menos presupuesto quedará para el Negociado de Ciencias Forenses, para la Universidad y para las pensiones.

Aún si se recorta la deuda a los niveles sostenibles (60% o más) y detienen el festín de contratos del gobierno local y la Junta, las pensiones hay que reducirlas porque el presupuesto no da para tanto. Mi sugerencia ha sido que se empiece a recortar más las pensiones más altas y el porcentaje de recorte se reduzca conforme baje el nivel de ingresos hasta tocar el umbral de $1,000 mensuales, donde no debe haber recorte, especialmente para las maestras que no cotizaron al seguro social y no fueron bien remuneradas mientras trabajaban. El umbral de pobreza es precisamente cercano a $1,000 mensuales para una persona que viva sola.

Para reducir el impacto del recorte, se debe establecer un plan de salud universal que, según expertos economistas como Robert Pollin, permite aumentar la cantidad de beneficiarios sin aumentar el costo al presupuesto. Esto es posible al eliminar las compañías que intermedian la relación entre el gobierno y los médicos, farmacias y laboratorios. De hecho, un plan de este tipo es bueno para la inmensa mayoría del sector privado que no se vería en la necesidad de proveer un plan médico a sus empleados. El plan de salud actual no es bueno para los pacientes, para los médicos, para el gobierno ni para las 200 mil personas que no tienen plan médico alguno: solo es bueno para los intermediarios. 

En la recién crisis de deuda de Detroit se buscó un balance entre el recorte a las pensiones y el acceso a la salud de los pensionados. Puerto Rico no puede dejar fuera de la ecuación el acceso a la salud en su propia crisis de deuda. El gobernador dijo que no descarta acción alguna para proteger a los pensionados. Espero que no descarte el remover las empresas intermediarias para proteger una de las necesidades principales de los pensionados: su salud.

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