Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Pesquera y la inseguridad pública

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, igual que cualquier otro gobernador, no está por encima de la ley. Al contrario, el gobernante tiene el deber constitucional, legal y moral de cumplir y hacer cumplir las leyes.

Por eso, el gobernador Rosselló Nevares dio un patinazo al responder sobre los cuestionamientos hechos en un informe del monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, en cuanto al comportamiento de Héctor Pesquera antes de que fuera confirmado como secretario de Seguridad Pública el año pasado.

“Yo soy el gobernador de Puerto Rico y soy el comandante en jefe de la Policía, y le delegué a él la función de tomar las acciones que tenía que tomar”, expresó Rosselló Nevares esta semana al salir en defensa de las actuaciones de Pesquera durante las manifestaciones de protesta efectuadas en Hato Rey el 1 de mayo de 2017. Pesquera no fue confirmado por el Senado hasta ocho días después.

El último informe de Claudio al juez federal Gustavo Gelpí, que atiende el caso de la reforma de la Policía, señala múltiples irregularidades relacionadas con órdenes de Pesquera.

Pesquera, considerado como el súpersecretario de la administración Rosselló Nevares debido a los múltiples sombreros que tiene, estuvo bajo fuego durante los primeros meses después del huracán María, principalmente debido a la imprecisión de las cifras oficiales de desaparecidos y fallecidos por causas directa o indirectamente relacionadas al paso del ciclón.

Al funcionario, que devenga un salario anual de $248,000, alrededor de $50,000 más que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se le atribuye el despido a principios de este año de la exsuperindendente de la Policía, Michelle Hernández Fraley. Unos días después de presentar su renuncia, Hernández Fraley reveló que en realidad había sido despedida.

El informe de Claudio surge justamente en momentos en que los ciudadanos enfrentan un alza dramática en los asesinatos -117 hasta mediados de esta semana- y el resurgimiento a gran escala de los “carjackings”, algunos a plena luz del día. La falta de semáforos y de iluminación en muchas calles y avenidas crea un ambiente propicio para la acción delictiva, sobre todo cuando se nota una disminución de la presencia policíaca.

Muchos ciudadanos responsabilizan a Pesquera por la inseguridad reinante, pero el funcionario se desligó en días recientes del problema diciendo que él andaba solo y seguro, por lo que la ciudadanía podía hacerlo de igual manera.

Lo cierto es que el gobernador tiene la responsabilidad vicaria de velar por la protección de sus ciudadanos y, por tanto, debe tomar muy en serio el informe sometido por Claudio y exigirle a Pesquera que responda a los reclamos del monitor y que cumpla sin excusas su función primaria, que es la de garantizar la seguridad pública.

El informe de Claudio será evaluado por el juez Gelpí, quien a fin de cuentas tendrá la última palabra sobre las actuaciones de Pesquera.

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