Federico A. de Jesús Febles

Punto de Vista

Por Federico A. de Jesús Febles
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Pidiendo limosna en un Bentley

Hace más de 700 días, el presidente Donald Trump firmó una ley que, entre otras asignaciones presupuestarias del gobierno federal, le asignaba alrededor de $20,000 millones al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) para la reconstrucción de Puerto Rico luego de los huracanes Irma y María. Desde septiembre de 2019, HUD está violando una ley federal que, entre otras disposiciones, le impuso esa fecha como límite para que HUD desembolsara el dinero al gobierno de Puerto Rico. De hecho, tan reciente como el mes pasado, Trump convirtió en ley el paquete presupuestario federal que, entre otras disposiciones, le prohíbe a HUD gastar dinero federal en la reorganización de la Oficina de Principal Oficial Financiero (CFO, por sus siglas en inglés) hasta que no desembolse los fondos que le tocan a Puerto Rico bajo el programa de Subvenciones de Desarrollo Comunitario para Recuperación de Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés). 

Este diario y otros medios han reportado ampliamente que hasta la fecha todavía hay más de 30,000 hogares que, a dos años y medio de María, todavía tienen toldos azules en vez de techos permanentes. Como si eso fuera poco, los terremotos y temblores en días recientes han dejado a miles más de puertorriqueños durmiendo fuera de sus casas. Dado este estado crítico, se esperaría que los funcionarios del gobierno estatal estarían llevando a cabo conferencias de prensas semanales en Washington, coordinando con organizaciones de la diáspora y grupos de presión clave en Estados Unidos y tomando otras iniciativas agresivas para recordarle al gobierno federal de su obligación moral y legal con los ciudadanos de los Estados Unidos que residen en Puerto Rico. Salvo un viaje hace seis meses y una que otra expresión en la prensa local, la realidad es que los funcionarios electos de la isla no han ejercido suficiente presión ante el gobierno federal para que el dinero que necesita nuestra gente llegue con la urgencia que la situación amerita.  

La pregunta obligada por lo tanto es: ¿por qué el gobierno de Puerto Rico no ha ejercido tal presión? La realidad del caso es que para contestar esa pregunta necesitamos la respuesta a otra interrogante: ¿cómo es posible que el gobierno estatal solamente haya gastado solamente $5.8 millones de los $1,500 millones que HUD ya le desembolsó hace casi un año. Eso equivale a menos de 1% del dinero federal disponible para reconstrucción bajo el programa CDBG-DR para la isla. La información surge de un portavoz de HUD que confirmó la cifra, a la vez que recordó que el historial de corrupción en Puerto Rico era el pretexto para la congelación de los fondos. Esta declaración no deja de chocar por un sinnúmero de razones, incluyendo el hecho de que viene de parte de una de las administraciones presidenciales más corruptas en la historia de los Estados Unidos. 

Esto simplemente no tiene explicación. Es como si alguien estuviera recorriendo las calles pidiendo limosna, luego de haber estacionado un lujoso Bentley del año. He ahí la respuesta a nuestra primera interrogante. La deducción lógica es que el gobierno estatal no ha ejercido la presión debida en Washington para que se le transfieran los $18,000 millones que HUD tiene por ley que enviarles porque aún no han gastado $1,494 millones en fondos CDBG-DR para reconstruir al país. La pregunta a la cual todavía no tenemos contestación, y que el gobierno central viene obligado a explicar, es por qué el gobierno de Puerto Rico no ha gastado 99% de los fondos federales que sí tiene disponible. 

Aquí lo que hay en juego no es la política partidista sino la dignidad de decenas de miles de puertorriqueños que, dos años y medio después María – y luego de una serie de terremotos destructivos, aún viven a la intemperie.

El autor fue el portavoz hispano de Barack Obama, Nancy Pelosi y Harry Reid, y además fungió como subdirector de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (PRFAA). En la actualidad se desempeña como presidente de FDJ Solutions, una firma de consultoría de comunicaciones y relaciones federales en Washington, DC.


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