Jorge Schmidt Nieto

Punto de vista

Por Jorge Schmidt Nieto
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Pierluisi se juega en el Senado el derecho a ser gobernador

Lo que está en juego en la votación del Senado es la legitimidad de Pedro Pierluisi de ser gobernador. Se trata del derecho que tiene una persona a dirigir un gobierno. No es un derecho natural, como los derechos constitucionales. Esos les pertenecen a todos los seres humanos por nacimiento, no los regala el estado y no se les pueden quitar, salvo cuando un individuo comete un crimen. El derecho a gobernar es adquirido, un préstamo que le concede el pueblo a una persona y que se le puede revocar.

Pedro Pierluisi y Thomas Rivera Schatz saben que es prácticamente imposible gobernar sin legitimidad. Si la mayoría del pueblo de Puerto Rico pensara que Pierluisi usurpó el poder, su gestión de gobierno enfrentaría retos y obstáculos constantes. El Senado y la Cámara de Representantes se ampararían en esa insuficiencia democrática para bloquear a su antojo cualquier legislación que Pierluisi favoreciera.

Pierluisi aceptó exponerse al escrutinio del Senado porque sin ese aval, su mandato será infructuoso. No habrá conferencia de prensa en que no se le cuestione su derecho a gobernar. No habrá aparición pública que no enfrente una protesta. La Calle Fortaleza, rebautizada Calle Resistencia, se convertirá en hogar permanente de férreos opositores que continuarán atrayendo la atención mundial y que conseguirán, literalmente, quitarle el sueño al abatido gobernador. Es un riesgo calculado, pero un riesgo al fin.

La legitimidad es tan valiosa que, en 25 estados de la unión, un gobernador renunciante que no deje sucesor se reemplaza por el presidente del Senado o el presidente de la Cámara de Representantes. Esos estados entendieron claramente que la legitimidad para gobernar solamente puede provenir del consentimiento, expreso o delegado, de los gobernados.

Pierluisi se quiere presentar como el paladín de la estabilidad política, en un momento de total incertidumbre. Eso le ha ganado mucho respaldo. Rivera Schatz, por su parte, se intenta mostrar como el muro de contención frente a los elitistas intereses económicos que representa Pierluisi. Si el Senado lo confirmara, Pierluisi proveería cierta estabilidad momentánea, pero quedaría cuestionada su capacidad para defender a la ciudadanía frente a la Junta de Supervisión Fiscal y a las empresas que ha representado. 

Si el Senado lo rechazara y Pierluisi renunciara, se abriría el juego nuevamente, aumentaría la inestabilidad, y Rivera Schatz quedaría como el protector de la democracia. Wanda Vázquez tendría que juramentar como gobernadora y enfrentaría la enorme presión de nombrar a otra persona como secretario de Estado. No tendría ninguna legitimidad para mantenerse como inquilina de La Fortaleza más allá de ese proceso.

Las vistas públicas del Senado pueden aparentar ser innecesarias pues ya Pierluisi juramentó como gobernador y técnicamente no hay nadie nominado para secretario de Estado. Pero este no es realmenteun dilema legal ni constitucional. Es esencialmente político. La votación del Senado está dirigida a los cientos de miles de personas que residenciaron a Rosselló en las calles y que continúan reclamando un gobierno más representativo. Ese fin, lamentablemente, se ve aún lejano.

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