Kenneth McClintock

Punto de vista

Por Kenneth McClintock
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Plan de ajuste en la vida de los pensionados

Desde que tuve mi primer trabajo, hace 45 años, hasta que completé mi último empleo público, en 2013, cumplí con las mismas reglas que los demás compañeros en el servicio público para cualificar para una pensión gubernamental. Al igual que la gobernadora Wanda Vázquez aclara que eventualmente se jubilará del servicio público, yo aclaro que recibo una pensión por casi 40 años de servicio gubernamental, por lo que he seguido de cerca con interés personal y colectivo todo lo concerniente a posibles recortes en pensiones.

Los actuales pensionados como yo, al igual que quienes nos sucedieron con la expectativa de eventualmente pensionarse como Wanda, dentro del proceso de quiebra en que nos encontramos, estamos clasificados como “acreedores no asegurados”. Eso quiere decir que, entre todos a quienes le deben, hay algunos con deuda “asegurada” y otros “no asegurada”.

Inicialmente, se había propuesto un plan en el que: 1) no se tocarían los primeros $600 mensuales, 2) se rebajaría la pensión estatal mientras más recibiera el pensionado en pagos de Seguro Social federal, y 3) se recortaría el 25% a la totalidad de las pensiones por encima de $600 mensuales o de $1,000, si no recibían Seguro Social. Un pensionado que recibiera $2,000 mensuales podría terminar con un recorte de $356.

El síndico federal nombró un Comité Oficial de Retirados, presidido por el juez jubilado Miguel Fabre, que a su vez negoció con la Junta de Supervisión Fiscal un nuevo plan de recortes, como alternativa al plan original. El nuevo plan: 1) garantizaría que pensionados con menos de $1,200 mensuales no reciban corte, 2) ignoraría los pagos del Seguro Social federal, y 3) recortaría en 8.5% máximo solo las pensiones sobre $1,200, garantizando esos $1,200. Un pensionado que recibiera $2,000, en vez de un recorte de $356, se le recortarían $172 mensuales.

Al igual que la futura pensionada Wanda Vázquez, no creo que se le deba recortar un centavo a nadie. Sin embargo: 1) Puerto Rico está en quiebra. 2) A los bonistas de Retiro proponen recortarle 87%. 3) Los pensionados legalmente somos acreedores no asegurados. 4) Nos iban a recortar hasta 25% y ahora proponen recortarnos un tercio de eso, un máximo de 8.5%.

Aceptar la propuesta de consenso de un máximo de 8.5% sin tocar las pensiones hasta $1,200, o sea, eximir al 61% de los pensionados, es una mejor alternativa que el 87% que recortarán a los bonistas. Acaba, además, con la incertidumbre que no deben sufrir los pensionados en el ocaso de sus vidas.

Cuando vote sobre la parte del Plan de Ajuste que toca lo que queda de mi vida, votaré a favor de los recortes moderados negociados por el Comité Oficial de Retirados.

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