Vicente Feliciano

Tribuna invitada

Por Vicente Feliciano
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Plan Fiscal con sentido de urgencia

El Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal responde al compromiso original que es Promesa. Por un lado, se le hace claro a los bonistas de que la deuda no se pagará en su totalidad. Por otro lado, se le requieren a Puerto Rico una serie de medidas de austeridad que son dolorosas y otra lista de reformas estructurales que impactan grupos de poder. Tanto las medidas de austeridad como las reformas estructurales tienen el objetivo de cumplir con el requerimiento del Congreso de hacer un gran esfuerzo por pagar.

Preocupa que las proyecciones de la Junta son de que con el Plan Fiscal según fue aprobado, no va a ser posible pagar la deuda aún después de renegociada. Por lo que durante la próxima década se requerirán nuevas medidas de austeridad, reformas estructurales adicionales y/o un retorno al impago de la deuda. Antonio Weiss, antiguo funcionario del Departamento del Tesoro de los EE.UU., advirtió de que en su opinión los acuerdos de deuda estaban siendo demasiado generosos con los bonistas.

La Junta acusa al gobierno de no tener voluntad política para implantar cambios necesarios. La acusación es injusta. Puerto Rico lleva -desde la administración de Luis Fortuño, pasando por la administración Alejandro García Padilla y continuando con la administración Ricardo Rosselló- imponiendo medidas difíciles. Un ejemplo es la contracción en el número de empleados gubernamentales a través de los años.

Es curioso que el mismo Congreso que exige austeridad de parte de Puerto Rico, aprobó en diciembre del 2017 un recorte de impuestos inmenso, aumentó los gastos gubernamentales, y paga su generosidad mediante endeudamiento.

La administración Rosselló ha avanzado en reformas estructurales importantes que hace unos años se consideraban difícil de implantar. Lamentablemente, existen áreas donde todavía queda mucho por hacer.

La administración García Padilla estableció la Comisión de Energía. La administración Rosselló construyó sobre esto y está comprometida con un plan de privatización de la generación de energía eléctrica y de traspasar a un concesionario la transmisión y distribución de energía.

La administración Fortuño comenzó con los cierres de escuela que se aceleraron durante la administración García Padilla y se continuaron bajo Rosselló. Sin embargo, la administración Rosselló ha ido más allá y ha comenzado un esfuerzo de escuelas charter (“escuelas alianza”), donde el sector no-gubernamental tiene un rol más activo en mejorar la educación en Puerto Rico.

Un cambio estructural necesario para el que no se halló voluntad política fue la eliminación de la Ley 80 de compensación por despido injustificado. La administración Rosselló hizo avances con la Ley 4 del 2017, que limitó la legislación laboral existente, pero es necesario hacer más en el tema laboral.

Aún más importante es el abrazar la necesidad de alterar el contrato social entre generaciones en Puerto Rico. Según la población envejece y los jóvenes emigran, es necesario que se redistribuya el peso de contribuir al país. No tocar las pensiones gubernamentales es inconsistente con la realidad de un país con menos jóvenes en la fuerza laboral, aportando a un número cada vez mayor de envejecientes fuera de la fuerza laboral.

Quizás lo más importante que tiene el Plan Fiscal es el sentido de urgencia. Hay quienes desean aprovechar los fondos de reconstrucción para aplazar las medidas de austeridad y los cambios estructurales. El Plan Fiscal le cierra la puerta a que se aproveche este respiro temporero para no hacer nada. Diferimos con algunas de las medidas de austeridad incorporadas en el Plan Fiscal, en particular su énfasis en cuanto a los bonos de Navidad. Sin embargo, coincidimos con la Junta en aprovechar los fondos de reconstrucción para facilitar la implantación de medidas necesarias para el país.

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