Arturo Massol Deyá

Tribuna invitada

Por Arturo Massol Deyá
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Planificación, agua y justicia social

D esde 1975 existe un mandato para que se establezca un Plan de Uso de Terrenos, herramienta básica para un desarrollo ordenado de la Isla. Si cuatro décadas de suspenso son insuficientes para acordar el uso de nuestro espacio geográfico, ¿quién puede pensar que podremos adelantar en otros temas?

Lograr esta meta requiere sabiduría, compromiso y voluntad colectiva. Esa sabiduría debe reconocer del pasado la insostenibilidad de un desarrollo desparramado, desintegrado e irracional. Debe reconocer del presente que contamos con recursos naturales envidiables, amenazados y pobremente protegidos. Y del futuro, que debemos adaptarnos para enfrentar los efectos del cambio climático.

Lecciones de mala planificación tenemos de sobra en las costas, montañas, en zonas que se derrumban o se inundan. Tomemos por ejemplo la zona metropolitana.

En retrospectiva, el haber urbanizado la cuenca hidrográfica del embalse Carraízo que abastece parcialmente esta zona parece un acto suicida. Los que dicen sí a todo sin cuestionar habrán reclamado éxito en su momento por indicadores como la venta de cemento, empleos y millas de nuevas carreteras. ¿Cuántos puentes habrán inaugurado los políticos de turno? ¿Cuántos retratos para campañas electorales habrá por ahí? Hoy el tiempo útil para disfrutar la vida se pierde en tapones, el cemento ha impermeabilizado parte significativa de la región y compromete la capacidad de recarga del embalse, aquellos empleos temporeros ya no están, las muchas carreteras están llenas de hoyos sin dinero para mantenerlas y las tuberías por doquier hacen de la distribución de agua una tarea muy difícil de manejar. Peor, la demanda de agua aumentó río arriba, por lo que se desvía la que debería llegar al embalse. Este panorama construido condena a la zona metropolitana a racionamiento de agua con apenas asomos de sequía moderada.

En contraste, las comunidades de la Cordillera defendieron la región de proyectos ambientalmente insostenibles. Y es que en ocasiones hay que saber tirar la raya y decir que no. Esa negación en realidad es una defensa afirmativa. Durante la pasada sequía, esta región protegida de la minería o un gasoducto permitió el suplido de agua a gran parte de la Isla incluyendo el equivalente a un Carraízo para San Juan vía un tubo por la zona norte.

Aunque contamos con una cobertura boscosa superior a Costa Rica, apenas tenemos una fracción protegida que no alcanza ni el 8%. Esa zona montañosa ha sido históricamente abandonada por los gobiernos y hoy muestra los índices más altos de pobreza. Si esa zona defendida produce agua para el País, si el agua que consumimos en la montaña requiere menos tratamiento por su alto grado de pureza, ¿por qué sus custodios deben pagar igual que otros por el líquido? En un país cargado de impuestos que agigantan la pobreza, ¿por qué no ofrecer una tarifa especial de agua potable a aquellos que habitan esa zona y cuidan los bosques y sus ríos?

Que la gente de la montaña proteja esas cuencas hidrográficas –como lo ha hecho durante décadas– manteniendo buena cobertura boscosa en áreas ecológicamente sensitivas es del mejor interés de los metropolitanos, industriales, hoteleros, constructores y del gobierno. Si se repite en la Cordillera la misma construcción caótica y desparramada del Valle del Turabo, pobres de los que viven río abajo.

El Plan de Uso de Terrenos es muy necesario. Aún en una Isla que se contrae en población, con centros urbanos despoblados y abandonados, éste deja amplio espacio para nuevo urbanismo, reconoce las tierras de valor agrícola más allá de las reservas designadas y destaca el valor de tierras ecológicamente importantes. Aunque el plan tiene espacio para mejorar, la clave está en activar estrategias que impulsen sus metas, así como de instrumentos que permitan fiscalizar su cumplimiento. Por ejemplo, el biogeógrafo Alexis Dragoni trabaja una herramienta satelital para medir si las zonas ecológicamente importantes son conservadas como corresponde a través del tiempo.

Llegó la hora de trascender de promesas a un acuerdo de uso territorial que sea respetado por el propio gobierno y sea funcional para nuestra geografía.

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