José Nicolás Medina Fuentes

Tribuna Invitada

Por José Nicolás Medina Fuentes
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Pleitos de clase contra el gobierno federal

La Sección 210 de la ley federal Promesa es fundamental. Ha sido marginada de la discusión y amerita se convierta en centro de consideración general. Mediante dicha sección, el gobierno federal se excluyó de responsabilidad sobre la deuda pública de Puerto Rico.

Opino que dicha sección es inconstitucional y debe ser atacada en litigios de clase en las cortes federales. Los poderes del Congreso para legislar sobre el territorio o la colonia de Puerto Rico son inmensos pero no absolutos. Por virtud de los casos insulares, la Corte Suprema federal ha establecido que las ramas de gobierno federal están limitadas por derechos fundamentales que cobijan a los ciudadanos estadounidenses domiciliados en los territorios.

El Congreso no puede aprobar legislación que establezca la esclavitud o el discrimen racial, que prohíba los derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión, reunión, petición y reparación de agravios. Tampoco puede confiscar, menoscabar  o expropiar derechos, propiedad o libertad sin debido proceso de ley y sin mediar justa compensación. Tales poderes absolutos son imposibles dentro del constitucionalismo norteamericano. De lo contrario,  degeneraría en una tiranía o dictadura frente a sus propias tradiciones constitucionales.

El derecho de petición y reparación de agravios hacia el gobierno se remonta al sistema de derecho inglés, previo al logro de la independencia de los Estados Unidos. Los ciudadanos, incluso los más débiles como los siervos, frente al monarca y el Parlamento, tenían un derecho de petición a la reparación de agravios fuerte y vigoroso, y era respetado por esos poderes. Ese derecho se incorporó en la Constitución federal. Los esclavos, mujeres y analfabetas, aun cuando no tenían el derecho al sufragio universal, gozaban de un vigoroso derecho de petición frente al gobierno.

Una vez se abolió la esclavitud en el siglo 19 y las mujeres adquirieron el derecho al voto universal en el siglo 20, la Corte Suprema federal dictaminó en casos modernos que el derecho de petición se configuraba esencialmente mediante el derecho al voto o acceso judicial, pero había advenido a una prolongación débil o rabiza de los derechos de expresión, reunión y asociación toda vez que los ciudadanos tenían el derecho al voto universal para reclamar los agravios a los gobernantes durante el proceso electoral.

Sin embargo, a los puertorriqueños domiciliados en Puerto Rico les fue impuesta la ciudadanía estadounidense por naturalización en 1917 y por razón de nacimiento en la década de 1940. No obstante, debido al carácter territorial colonial establecido desde el Tratado de París y las diversas leyes orgánicas, incluida la Ley 600 que creó el “alter ego” federal del Estado Libre Asociado, los puertorriqueños residentes en el territorio no tienen el derecho universal al voto para los cargos federales, no pueden votar ni por el presidente, vice presidente ni los congresistas federales. Los puertorriqueños están en la misma situación que los siervos frente al rey de Inglaterra, los esclavos, analfabetas y mujeres previo al sufragio universal. Por tanto tienen un derecho de petición a reparación de agravios, fuerte y vigoroso, como en épocas previas al sufragio universal, por virtud de la Primera Enmienda de la Constitución federal.

Los puertorriqueños isleños no tuvieron ningún derecho electoral previo para la aprobación de la Ley Promesa. Esa es una ley colonial impuesta. Expone dicha ley que, una vez se cumplan cuatro años de presupuestos balanceados consecutivos y el ELA pueda acceder al mercado de préstamos,  desaparecerá la ley Promesa y su Junta de Control. Es decir, Promesa crea una corporación federal y unos procedimientos provisionales para intentar salvar las castañas al ELA colonial mientras se protege a los acreedores, aunque sea a costa de convertir la isla en una plaza de mercado y venta general de todos los bienes públicos, y en una molienda de las riquezas y bienes de los puertorriqueños para pagar los créditos a los acreedores. 

Los estudios de economía política e historia demuestran que la deuda pública rondaba los $24 mil millones a diciembre de 2000. Desde esa fecha a diciembre de 2014 incrementó 195%, es decir $48 mil millones adicionales para llegar a la cifra impagable de $72 mil millones. ¿Por qué incrementó hasta ser impagable en solo 14 años? El capital foráneo generó ganancias netas anuales multimillonarias en Puerto Rico que siempre expatrió sin pagar contribuciones. En 2014 nada más expatrió a los Estados Unidos $36 mil millones. Y a pesar de no pagar  contribución sobre ingresos, gozar de servicios de infraestructura, y muchos privilegios, le pagó al Tesoro Federal $12 mil millones en ese año en contribuciones sobre ingresos a pesar del evento tributario haberse generado en Puerto Rico. Si esos tributos se hubieran pagado aquí, en el origen, no hubiera quiebra, depresión ni Junta de Control o ley Promesa.

Ese fraude a nuestros activos, la eliminación de las compañías 936 por orden federal de 1996 a 2006, sin ofrecer alternativas al territorio sin poderes de soberanía para crear y proteger sus riquezas -lo que equivalió a eliminar el agua y comida a un preso o el oxígeno a un paciente en coma (muerte segura)- y la eliminación del mercado común exclusivo mediante los tratados de libre comercio con países latinoamericanos en la década de 1990, produjo la caída en la actividad económica, el gran éxodo, pérdida de más de 240,000 empleos del sector manufacturero eliminado, la depresión, crisis y pérdida de valores y riquezas de los puertorriqueños en una especie de toma o congelación de propiedad sin justa compensación.

Todo ello fomentó la emisión de bonos gubernamentales triplemente exentos garantizados por la ley federal Jones, para paliar la ausencia de ingresos, pagar gastos recurrentes, inversión  de capital y renegociación de deuda existente.

Para culminar los actos de control colonial, en 1984 se eliminó al territorio de las protecciones bajo la Sección 9 del Código de Quiebras federal, en lo que aparentó ser un cabildeo del mismo capital foráneo que extraía ganancias para luego reinvertir localmente con triple exención, como garantía adicional de manera que los deudores municipales y corporaciones públicas territoriales no pudieran acogerse a procesos de quiebras, lo que completó esa garantía total, ya que el territorio ELA tampoco podía acogerse a procesos federales de quiebra.

La deuda impagable ha sido causada por el control colonial del gobierno federal. Siempre hubo corrupción, desde antes de año 2000, desde Juan Ponce de León. Pero al año 2000 vemos que la deuda era manejable. Fueron esos actos y omisiones de control colonial del gobierno federal- y no la corrupción criolla-  la causa eficiente y adecuada de la deuda impagable. La deuda corresponde pagarla a su causante y podemos entregarle a los corruptos para que en derecho de nivelación los demande y meta presos. No puede un criminal gobierno excluirse de responsabilidad mediante legislación o alegato.

La Revista Jurídica de Harvard del 10 de abril de 2017 indica que si Puerto Rico es una colonia, su deuda pública es responsabilidad exclusiva del gobierno federal por virtud de la doctrina de deuda odiosa que forma parte de su estado de derecho, pues  la utilizó en las negociaciones del Tratado de París en 1899 para exonerar a la población cubana de la deuda colonial odiosa con la monarquía española.

Según discuto en mi reciente libro La deuda odiosa y la descolonización de Puerto Rico, con ese trasfondo, empresarios afectados, trabajadores, bonistas, puertorriqueños cuyas riquezas han depreciado o se han perdido, cooperativas afectadas, migrantes forzosos, tienen derecho a radicar pleitos de clases y subclases para reclamar daños al gobierno federal en la Corte Federal de Reclamaciones por causas de acción  bajo las garantías de petición de reparación de agravios, incumplimiento de los deberes de fiducia y adecuada administración bajo el contrato Tratado de París y la cláusula territorial, expropiación y menoscabo de derechos sin justa compensación, mediante las cuales ha renunciado a su soberanía y puede ser demandado.

Simultáneamente, bajo esas garantías, sobre todo el derecho de petición, se declara la inconstitucionalidad de la Sección 210 de la Ley Promesa. Un remedio a elaborar durante esas litigaciones sería la creación de un fondo por el gobierno federal para expropiar los créditos a los acreedores al valor pericial chatarra. Esa sería una respuesta contundente del gobierno y sectores de la sociedad civil como sindicatos, cooperativas, tercer sector, quienes podrían crear un fondo o fideicomiso para financiar la litigación con firmas legales poderosas y adecuadas. ¿Por qué seguir gastando centenares de millones en litigaciones dentro del proceso de quiebras bajo la ley Promesa?  ¿Qué estamos esperando?

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