Ariadna Godreau Aubert

Punto de Vista

Por Ariadna Godreau Aubert
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Pobres, mujeres, viejas, estudiantes e inmigrantes: en peligro de perder su techo

Muy poco se ha dicho acerca del impacto de la pandemia sobre quienes alquilan viviendas privadas en Puerto Rico. Esto a pesar de que la crisis actual amenaza con dejar sin techo a cientos de miles de familias en cuestión de meses.

Los datos de la Encuesta de la Comunidad de 2018 son reveladores. Más del 32% de nuestra población alquila. En más del 58% de esos hogares, los ingresos son menores a los $14,999. Las mujeres lideran el 31% de los hogares alquilados, mientras que apenas son el 19% de las dueñas de propiedades. En el caso de las personas adultas mayores, sobre el 20% de quienes alquilan tienen 65 años o más. Como toda crisis, la de los alquileres no afecta a toda persona por igual. Son las pobres, mujeres, viejas, estudiantes e inmigrantes, entre otras poblaciones, quienes se verán en riesgo de quedar sin techo. 

En nuestras líneas de Ayuda Legal Puerto Rico recibimos reportes de personas que recibieron la visita no aceptada de un casero que amenaza con cambiar candados y sacar pertenencias. Una estudiante comparte que, cansada de amenazas y malos tratos, abandonará el apartamento en medio de la pandemia. No sabe a dónde irá, como tampoco lo sabe la madre que nos cuenta que no le aprobaron el PAN, que el desempleo no llega y que nada puede hacer para pagar el próximo mes de alquiler o el siguiente. No basta decirle a la gente que nadie - ni el dueño de la casa o la Policía - puede sacarlos de sus casas sin una orden judicial. Tampoco es suficiente una prohibición de ver desahucios o ejecuciones por videoconferencia, vigente hasta el 1 de mayo. Hace falta más.

Puerto Rico recibió una asignación multimillonaria para paliar la crisis del COVID-19. Hay sobre $2.2 mil millones provenientes del Tesoro federal mientras que otros casi $52 millones, manejados a través del Departamento de la Vivienda federal, se aprestan a llegar. Tal como se ha hecho en otras jurisdicciones, urge que parte de este dinero se utilice para garantizar la vivienda de quienes alquilan.

Urge establecer una política amplia de alquileres dignos. Necesitamos detener los desahucios y los lanzamientos por, al menos, tres meses. La asistencia de renta es posible y necesaria, más aún cuando los recursos están ahí, destinados para fines como ese. A mediano y largo plazo, urge movernos a establecer topes de renta, procesos justos para los desahucios como la asignación de representación legal y una política de habitabilidad que incluya a quienes hoy no tienen casa. 

En esta dirección, hace más de una semana le enviamos una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien tiene en su poder decidir cómo se utilizará el dinero asignado para la pandemia. Extendemos el reclamo de alquileres dignos a la legislatura, municipios y a todo funcionario público comprometido con la gente.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico nos colocamos del lado del derecho a la vivienda digna, con quienes defienden el techo como un derecho y no un negocio. Ante el desastre del COVID-19, reclamamos que el gobierno actúe en defensa de los derechos humanos para salvaguardar nuestro presente y futuro. Los alquileres dignos son un comienzo.

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