Marcia Rivera

Tribuna Invitada

Por Marcia Rivera
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Pobreza y desigualdad: el complejo nudo de la crisis puertorriqueña

A diario se confirma que tras la debacle que legaron los huracanes de 2017 muchos funcionarios públicos y ex gobernantes descubrieron que en nuestro país hay pobreza.  Llama la atención esa reacción de sorpresa, pues a lo largo de más de un siglo siempre hemos tenido una proporción grande de la población que no logra cubrir sus necesidades básicas.  Centenares de investigaciones muestran que la pobreza en Puerto Rico no ha sido asumida como desafío central del desarrollo porque ha persistido la visión de que la responsabilidad por su existencia es individual y no colectiva, como corresponde. Los altos niveles pobreza fueron la razón principal de las grandes olas migratorias hacia Estados Unidos. ¿Cómo es que no se dieron cuenta antes, si más de la mitad de la población puertorriqueña ya vive afuera?

Casi el 60% de nuestra población vive hoy bajo el nivel de pobreza, lo que constituye una vergüenza en el ámbito internacional. También hay un nivel de iniquidad inaceptable, de brecha entre los que más ingresos tienen y los que menos tienen. Muy pocos hablan de esto, porque quienes se sorprenden son justamente quienes autorizan cuantiosos contratos a consultores legales, publicistas, cabilderos o funcionarios que ganan 20 ó 30 veces más que una maestra, un enfermero, o un trabajador calificado.  Sus acciones, dando privilegios a allegados y a determinados sectores ligados al poder, contribuyen decididamente a que sigamos siendo uno de los cinco países más desiguales del mundo. A excepción del cuatrienio de 2001 a 2004, la gestión gubernamental ha sido durante las pasadas cuatro décadas reproductoras de pobreza y de desigualdad social en Puerto Rico.

La sorpresa de quienes nunca vieron más allá de su contexto inmediato ha venido acompañada de recetas banales para encarar la pobreza. Éstas parecen sacadas de un guión de comedia: bajar el salario mínimo; eliminar beneficios a quiénes trabajan; simplificar los procesos de permisos para que “la gente” pueda montar negocios, y glorificar la autogestión que tanto desdeñaron antes. Ha llegado el momento de reflexionar en serio sobre este complejo, multifacético y urgente problema. Tenemos que colocar la inclusión y la integración social como objetivos fundamentales de nuestro desarrollo; es decir, tenemos que proponernos y comprometernos con la construcción de una sociedad en la que todos podamos vivir dignamente. Identificar los valores fundamentales que nos unen es mucho más importante para encaminar procesos de superación de la pobreza que enmendar una norma burocrática para la otorgación de permisos.

Las desigualdades se construyen día a día a través de políticas, programas y conductas individuales y colectivas. Hemos ido naturalizando la desigualdad y la aceptamos sin cuestionarla. Por ejemplo, los cabilderos piensan que su trabajo vale más porque consiguen dinero para una causa; los publicistas creen que fabricar imágenes debe ser remunerado excepcionalmente; los abogados consideran que su trabajo merece mejor paga que el de un sociólogo u otros profesionales que tienen los mismos años de formación académica o más. Esa jerarquización artificial tiene que ser repensada en función de asegurar recursos para nivelar el terreno de condiciones y oportunidades reales para las personas que viven bajo niveles de pobreza. Se impone legislar un tope a las contrataciones y a los salarios en todo el ámbito gubernamental porque la igualdad de derechos tiene que ir más allá de una falsa estructura meritocrática de oportunidades.

Las desigualdades de origen han mostrado ser las más difíciles de superar. El lugar donde vive una persona marca sus oportunidades reales en la vida y sirve para estigmatizar y discriminar. La ayuda que Estados Unidos canalizará a través del Departamento de Vivienda no puede usarse para afianzar la creación de guetos, como se hizo antes. Repensar el uso del territorio y de los espacios públicos debe ser clave en la reconstrucción física de nuestras ciudades y pueblos.  Hay que propiciar la integración entre sectores sociales para erradicar los rígidos estereotipos recíprocos que existen y pasar de diseñar políticas de vivienda a formular políticas urbano-habitacionales, controlando la especulación de precios de la tierra y pensando nuevos modelos de propiedad.  Sólo así atajaremos la pobreza y la desigualdad.

Esto requiere ampliar la deliberación ciudadana, generar políticas públicas y prácticas sociales que fortalezcan el sentido de pertenencia territorial, fortalecer liderazgos locales y dar participación a organizaciones sociales pertinentes en el diseño e instrumentación de nuevos programas que hagan realidad una apuesta a un desarrollo humano sostenible desde la base misma de la sociedad.

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