Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
💬 0

Poderes compartidos bajo Promesa

Los litigios presentados por el gobernador y la Legislatura de Puerto Rico contra la Junta de Supervisión Fiscal fueron desestimados la semana anterior por la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el Tribunal creado bajo la ley Promesa.

El gobierno había demandado para invalidar partes del plan fiscal y del presupuesto que fueron certificados por la Junta, alegando que la Junta se excedió en sus poderes al incluir tales medidas.

Los cambios impuestos por la Junta y objetados por el gobierno incluyen medidas que impiden el uso de fondos sobrantes de años anteriores (“reprogramación”); el poder de la Junta para ordenar pagos por contribuciones, pensiones y desempleo de las agencias; y la conversión de 114 agencias de gobierno a 22.

Además, se objetó la congelación de plazas, los límites en vacaciones y enfermedad, y la eliminación del místico bono de Navidad. Se trata de asuntos laborales con impacto electoral que podrían traer litigios adicionales cuando la Junta intente su implantación.

El gobierno siempre argumentó que la Junta carece de poder para imponer cambios de “política” ya que la sección 205(b) solo le permite enviar “recomendaciones” al ejecutivo. La Junta argumenta, que la sección 106(e) de Promesa impide al Tribunal revisar sus actuaciones sobre planes fiscales y presupuestos.

Aunque la jueza Taylor Swain calificó el esquema de poderes compartidos bajo Promesa como uno “torpe” (“awkward”), terminó opinando que la limitación al poder judicial en la sección 106(e) aplica solo a la revisión judicial de planes y presupuestos, y no excluye su intervención en asuntos sobre los poderes de la Junta.

La jueza también decidió a favor de la Junta sobre las medidas incluidas en el presupuesto, desestimando parcialmente las demandas por no justificar un remedio, no ser enjuiciables o por ser solicitudes hipotéticas. Igualmente expresó, que el gobernador no es irrelevante ni se encuentra “sin dientes” (“toothless”), ya que puede referir sus objeciones al presidente y al Congreso y estos pueden legislar o cambiar la composición de la Junta, si comparten sus preocupaciones.

Según la Corte, la Junta solo cuenta con la cooperación voluntaria de los funcionarios locales para legislar e implantar sus reformas. Su poder sobre el presupuesto es su única herramienta para conseguir que los funcionarios locales pasen la legislación necesaria.

A la vez, los funcionarios y legisladores electos tienen la habilidad de impedir la implantación de las reformas requeridas por la Junta, lo que según la jueza Taylor Swain constituye, una fórmula “torpe” de poderes compartidos con muchas posibilidades de “sabotaje mutuo”, término que los funcionarios locales electos manejan con soltura.

Las opiniones emitidas significan que el presupuesto y el plan fiscal certificado por la Junta están vigentes, aunque un Tribunal apelativo podría devolver el caso a la Corte para que analice las causas de acción en sus méritos, como sucedió en las apelaciones de Peaje Investments, Ltd. (Carreteras) y Assured Guaranty Corp. (Prepa).

La finalización de estos dos litigios entre la Junta y el gobierno, unido a los acuerdos negociándose en los casos de Cofina, Prepa y el Banco de Fomento, muestran que el parapeto legal extraño creado bajo Promesa está dando señales de vida. Según Bloomberg, el bono “benchmark” - obligaciones generales - ha pasado en los últimos días de 52 centavos por dólar y el movimiento en bonos locales alcanzó los $68 millones.

Sin embargo, queda camino por andar: la jueza Taylor Swain indicó que la Junta no tiene las herramientas para implantar sus medidas y que ninguna de las partes (gobierno, Legislatura y Junta) tiene “todas las cartas en sus manos”.

Al final, el Tribunal suplicó a las partes que continúen dialogando hasta encontrar una “ruta fiscal responsable” para Puerto Rico. Desgraciadamente, los sonidos estridentes que emiten algunas de las partes, incluso amenazas de apelación y reacciones proselitistas, indican que el “sabotaje mutuo” se puede estar fertilizando.

Sobre los poderes compartidos entre el gobierno y la Junta bajo Promesa, cabe recordar el dicho sobre la resolución de insolvencias: “la primera víctima en todo proceso de reajuste de la deuda pública es siempre la democracia”.

Otras columnas de Gerardo A. Carlo-Altieri

sábado, 1 de septiembre de 2018

Bernstein y la Promesa de la isla

El exjuez Gerardo A. Carlo señala que la investigación sobre la deuda concluye que la crisis se debe en gran parte a que los gobernantes locales no crearon nuevos modelos económicos de largo término al finalizar las exenciones contributivas en 2006

lunes, 6 de agosto de 2018

¿Quién pagará el “lunch” en la AEE?

El exjuez Gerardo A. Carlo Altieri expresa que cualquier acuerdo consensual envía un mensaje de cordura a los mercados de crédito y al Congreso, cuyo liderato ha expresado su frustración por la cantidad de litigios creados por Promesa, la falta de negociación y por la politización de la AEE

miércoles, 25 de julio de 2018

El Congreso, la AEE y la mesada

El exjuez Gerardo A. Carlo Altieri presenta el interrogante de si la insistencia de Rob Bishop y la Junta en privatizar la AEE tiene conexión con la nción de derogar la Ley 80 y el Bono de Navidad

💬Ver 0 comentarios