Madeline Román

Tribuna Invitada

Por Madeline Román
💬 0

Política institucional y convivencia en la UPR

La política institucional sobre la convivencia en la UPR (antes conocida como “política de no confrontación”) se pensó como un mecanismo institucional para el manejo de las protestas en contextos de conflictividad extrema. En el tiempo este mecanismo ha impedido que la alta administración de la Institución cumpla con lo que es una de sus obligaciones centrales: darle la continuidad a las labores del sistema y enfrentar los conflictos desde una perspectiva universitaria garantizando a todos los sectores el derecho constitucional a la libre expresión.

En la práctica esta política se ha traducido en optar por el cierre de la Universidad de forma tal que el cierre por parte de la Institución coincide con el cierre de los portones por parte de los estudiantes (por ejemplo). En este sentido, la paralización de las labores es tanto responsabilidad de la alta gerencia de la institución como de los estudiantes. Es preciso también caer en cuenta que los tiempos en que era viable mantener esta política sin que la misma resultara ser una amenaza al futuro mismo de la institución han terminado en vista de que hay poderes que desbordan la Institución y efectivamente la constriñen. Muchos profesores estamos profundamente preocupados por este nuevo escenario.

Esta práctica, anclada y justificada en una suerte de profesión de fé que reza “la huelga (equiparada ya con el cierre) es un instrumento de lucha de los trabajadores,” contrasta significativamente con las maneras en que el imaginario jurídico político de las sociedades modernas se ha venido complejizando. Nuevas figuras de pensamiento se han producido en aras de atender grandes reconocimientos: el despotismo de las mayorías (sabemos ya que no siempre lo que decidan las grandes mayorías es lo deseable), los derechos de la diversidad y de las diferencias (que hay que respetar, aunque sabemos que hay mucha gente que los invoca sólo cuando ellos están en minoría) y la necesidad de ponderar los asuntos desde lo que son  sus méritos con independencia del criterio numérico.  El mundo contemporáneo se caracteriza también por toda suerte de pugnas de derechos.

Es por esto que cualquier decisión que se tome sobre el operar del sistema de la Universidad de Puerto Rico tiene que contar con el aval de sus cuatro componentes: profesores, exentos no docentes, sindicato y estudiantes. Ningún sector puede arrogarse el poder de cerrar la Universidad sin la aprobación de los otros componentes de la comunidad universitaria con independencia del valor (político) que se desee avanzar.

En casos de conflicto extremo, el mismo debiera ser atendido por un comité institucional que, en colaboración con la Oficina de Seguridad del Recinto, deberá  garantizar los derechos, deberes y responsabilidades de todas las partes. Dentro de una política de puertas abiertas, las protestas podrían llevarse a cabo concurrentemente con las labores propias de la Institución y la Universidad podría mantener su autonomía institucional (sin intervención de la policía) principalmente en las zonas fronterizas a otros espacios públicos que son sus portones.

La Institución tiene la facultad de establecer e implantar su propia legalidad y la comunidad universitaria tiene que tener la capacidad de dilucidar los problemas que se presenten dentro del espíritu que rige el quehacer universitario. Si la Universidad no puede hacer esto, ¿qué sector del resto sociedad podría hacerlo?

Otras columnas de Madeline Román

lunes, 25 de junio de 2018

Niños confinados: Un crimen contra la humanidad

La socióloga Madeline Román expone el concepto de la contigüidad democracia/totalitarismo ante las prácticas extremas contra los niños de emigrantes en los Estados Unidos

💬Ver 0 comentarios