Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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Por dónde vamos con el Título III

Los cuatro casos judiciales presentados ante la corte bajo el Título III de la Ley de Supervisión, Manejo y Estabilidad Económica Para Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), se desarrollan rápidamente. La jueza Laura Taylor Swain, del distrito sur de Nueva York, ha presidido los primeros señalamientos judiciales en un tono sobrio, que pone en evidencia su buena preparación y total control del proceso.

La primera vista celebrada el 17 de mayo, en San Juan, se concentró en cuestiones procesales y administrativas. En ésta, se adoptaron las reglas locales y los procesos electrónicos (CM/ECF) utilizados comúnmente en el Tribunal de Quiebras federal para el distrito de Puerto Rico. A la vez, las dos primeras peticiones radicadas por la Junta de Supervisión Fiscal solicitando el ajuste de deudas bajo el Título III para el Gobierno central y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) fueron consolidadas procesalmente, según la sección 304(g) de PROMESA.

También, el tribunal trató con el nombramiento de los comités de acreedores por la oficina del síndico federal, mecanismo efectivo de resolución de controversias entre Gobierno y bonistas y una forma de representación indirecta para los miles de acreedores del Estado.

Desde el comienzo, la jueza decidió muchos de los asuntos en corte abierta, método que requiere extensa preparación. Recientemente, la Junta presentó dos casos adicionales bajo el Título III, protegiendo a la Autoridad de Carreteras (PRHTA, por sus siglas en inglés) y los planes de retiro del Gobierno.

A la vez, se radicó una acción sorpresiva por el Bank of New York Mellon (“BNYM”) en forma de “interpleader”, donde este banco solicitó una orden de protección y relevo de responsabilidades ante las reclamaciones conflictivas de acreedores de COFINA y de obligaciones generales (“General Obligations”), quienes reclaman los fondos depositados en el banco.

En controversia estaban $16.3 millones pagaderos a bonistas de COFINA en junio 30 y otros $256 millones en agosto de 2017. El Gobierno adeuda por lo menos $17 mil millones a los bonistas de COFINA, quienes alegan estar “asegurados” por un flujo de ingresos contributivos separados. A la vez, los bonistas de COFINA tienen diferencias con los tenedores de obligaciones generales, que alegan prioridad máxima y estar protegidos por la Constitución de Puerto Rico. También existen conflictos internos entre bonistas de COFINA “seniors” y “juniors”, cuyos derechos pueden afectarse por la decisión final de la jueza Taylor Swain en este asunto.

Al final de la vista, la jueza ordenó el depósito de los fondos en el propio banco BNYM hasta llegarse a una decisión sobre el “interpleader” en sus méritos, congelando así los desembolsos de COFINA. El mensaje enviado por el tribunal a los dos grupos de bonistas es que deben negociar sus diferencias antes de someterse al foro judicial.

La decisión sobre el “interpleader” es crucial, debido a la enormidad de la deuda combinada de COFINA y obligaciones generales y por el impacto que tendrá sobre los demás acreedores del Gobierno. Además, la decisión es relevante para cualquier modificación futura del Plan Fiscal y para la confirmación de un plan de ajuste de deudas gubernamentales bajo la sección 314 de PROMESA.

Por otro lado, de invalidarse judicialmente la prioridad financiera diseñada para proteger los bonistas de COFINA, se reduce la posibilidad de emitir deuda asegurada nueva, que podría estar garantizada con aumentos en tarifas y contribuciones dedicadas exclusivamente al pago del “fresh money”.

La fórmula de garantías estructurada para los bonos de COFINA resultó extremadamente eficiente para atraer fondos al Gobierno en el pasado y puede ser una de las pocas formas de reabrir el mercado de crédito para la Isla durante la administración del caso bajo el Título III, uno de los objetivos primordiales de PROMESA.

Las alternativas a COFINA, incluso las emisiones de bonos con garantías constitucionales y la extensión del “full faith and credit” por vía contractual han quedado desprestigiadas por los impagos del Gobierno de Puerto Rico bajo las últimas dos administraciones, cerrando el crédito futuro.

Ha llegado el momento en el que la jueza Taylor Swain tiene que decidir si prevalece la prioridad constitucional de las obligaciones generales o si se mantienen las ventajas contractuales del esquema COFINA. Es muy probable, que cualquier decisión judicial sobre este asunto medular termine ante el tribunal apelativo del Primer Circuito, lejos de la Isla y del partidismo político local.

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