Esther Vicente

Punto de vista

Por Esther Vicente
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¿Por qué no cesa el atropello contra las mujeres?

Tal vez se debe a que pensamos en el fenómeno de la violencia contra las mujeres o la violencia de género como un problema en sí mismo, aislado de otros que confrontamos en las sociedades contemporáneas. Si reconociéramos que esa manifestación de violencia está atada a la desigualdad, al hecho irrefutable de que por siglos se han organizado las instituciones sociales desde el postulado de que unos seres humanos son inferiores a otros, podríamos avanzar más en la erradicación de este problema.

Si reconociéramos que la fuente de las desigualdades entre las personas no es la diferencia, sino la forma en que la hemos interpretado para beneficiar a unos y oprimir a otros, encontraríamos la razón de la persistencia del problema. Esa desigualdad que negamos muchas veces. La negamos cuando planteamos que ya las mujeres disfrutan de igualdad porque se prohíbe el discrimen por sexo en la Constitución, o son más las mujeres estudiantes en las universidades del país o porque algunas ocupan posiciones de poder en la legislatura, la judicatura y en el poder ejecutivo. Esa negación está a la raíz del problema de violencia de género.

Bástenos mirar los datos estadísticos sobre las familias que viven en situación de pobreza para constatar que el mayor número está compuesto por mujeres jefas de familia. Pero, por qué ocurre así. Muchas mujeres terminan viviendo en condiciones de pobreza debido a un embarazo adolescente, muchas veces producto de violencia sexual o incesto. Otras, tras un divorcio o una separación. La mayor parte, debido a que las mujeres devengan ingresos menores que los hombres por realizar el mismo trabajo. Y aún otras, porque los patronos, los votantes y los líderes políticos aún piensan que los hombres son más fuertes, más inteligentes y están mejor equipados para ocupar los puestos más remunerados y de mayor poder en el trabajo asalariado, las empresas privadas y el gobierno.

El derecho también abona a esas desigualdades. Por ejemplo, el Código Civil de Puerto Rico y la forma en que se implementa en los tribunales tienen que dar cuenta de mucha violencia institucional que su vez abona a la que se ejerce por los individuos. Por ejemplo, se han incorporado al Código Civil, a través de diversas enmiendas, disposiciones que facilitan a los varones liberarse de sus responsabilidades para con sus familias. Así, un hombre que ha reconocido voluntariamente o que ha actuado como padre de una criatura por años, puede hoy día cuestionar la paternidad – y lo hacen al momento del divorcio o de separarse de la madre – aunque hayan transcurrido 7, 8 o más años. Así se deja sin el apoyo solidario que se espera de los integrantes de una familia a niños, niñas y a sus madres.

También se enmendó el Código para permitir cambiar el régimen económico del matrimonio, después de celebrado este, a través de la adopción de capitulaciones matrimoniales o de la enmienda de las existentes. Y este cambio se justificó diciendo que la prohibición de enmendar el régimen matrimonial luego de celebrado el matrimonio respondía a la visión de subordinación de las mujeres, asunto ya superado. Esta normativa coloca a las mujeres que conviven con parejas agresoras, controladoras o corruptas en situación de vulnerabilidad y les puede conducir a verse obligadas a cambiar el régimen de sociedad de gananciales que les garantiza una participación en los ingresos de la familia a un régimen de separación de bienes que les deja sin acceso a propiedad alguna. Ello independiente de que en muchos casos esas mujeres se dedicaron a cuidar a la prole, a la pareja o a otros familiares o dejaron de estudiar o de practicar una profesión lucrativa para dedicarse a la familia.

Otra medida legislativa promotora de la desigualdad es la que exige para la concesión de la pensión al excónyuge demostrar la necesidad de quien la solicita, que se interpreta como incapacidad para generar ingresos. No se considera la pensión compensatoria que toma en consideración la dedicación a la familia, la realidad de que a las mujeres se les impone la crianza y el cuidado de la familia, que tras décadas de matrimonio y un divorcio después de los 50 años resulta imposible, especialmente a las mujeres, conseguir trabajo digno y bien remunerado.

Y nada que hablar de la imposibilidad de incorporar la perspectiva de género en el currículo escolar, medida que ayudaría a crear generaciones y valores culturales más solidarios.

Por estas, y muchas prácticas, leyes y estereotipos similares, las mujeres y otros sectores discriminados aún confrontan situaciones de desigualdad y vulnerabilidad que alimentan la violencia de género.

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