John A. Regis

Tribuna Invitada

Por John A. Regis
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¿Por qué un cambio de estatus?

Las fuerzas estadistas reclaman un cambio de estatus a estadidad para obtener igualdad para los puertorriqueños, corregir violaciones de nuestros derechos civiles, eliminar la ciudadanía de segunda clase, obtener el consentimiento de los gobernados donde tengamos voz y voto en legislaciones que nos afecten y muchas otras razones.

Todo esto es muy correcto y extremadamente importante. Pero el problema principal de Puerto Rico es que bajo el actual estatus de territorio no es posible implementar un modelo económico que permita un desarrollo adecuado. Nuestras manos están atadas.

En las pasadas décadas el movimiento estadolibrista dirigido por el Partido Popular Democrático (PPD) ha mantenido viva la fórmula territorial de estatus reclamando unas virtudes y beneficios que una y otra vez han sido probadas totalmente inaplicables, anticonstitucionales o falsas. Líderes de este partido, por años, han reclamado que desde 1952, cuando se redactó nuestra Constitución, existe una soberanía propia, un pacto bilateral que no podía ser alterado. Recordamos la famosa tesis de un gobernador, el cual le permitía a Puerto Rico gozar de casi todos los privilegios de un país soberano y a la vez de los beneficios de fondos y ayudas federales. Pretendía que hasta tuviéramos el control de las actividades federales en la isla.

Me es difícil entender que estos líderes, la mayoría excelentes abogados, se negaron a reconocer (me niego pensar que no lo entendían) la Ley Jones, la Ley 600 del 1950, la Constitución federal y la de Puerto Rico, las decisiones congresionales y legislativas, opiniones del Task Force de Estatus y, aun así, continuaban engañando un pueblo. No fue hasta el caso de Sánchez-Valle del Tribunal Federal que por fin se puso punto final a todas estas alegaciones.

Por décadas el electorado popular votó ciegamente en lo que escuchaban de sus líderes, y no por la realidad. El PPD en su plataforma del 2012, donde pretendían crear 50,000 empleos nuevos, lo hacen “aprovechando al máximo los recursos que nos brinda la autonomía fiscal”. “Atraer el capital financiero con los recursos que nos permita potenciar nuestras oportunidades de desarrollo” y concluye estableciendo el programa de incentivos IRS-936 como el pilar de la estrategia de desarrollo. Al presente en la página de Internet del PPD no existe una sección de desarrollo y no lo hemos encontrado en otro lugar.

El movimiento estadolibrista, mientras, expone que la eliminación del programa 936 en el año 1996 con vigencia hasta el 2006 fue la razón que comenzó la debacle de la economía eliminando el incentivo 936 y causando el cierre de fábricas. Pero la razón principal de la debacle no fue la 936 ya que todavía existía el Código 30-A y el 901 de las “Controlled Foreign Corporations” brindando beneficios parecidos a los perdidos con la 936. Aun así, la crisis empeoraba.

La causante real de la debacle de la economía fue que, casualmente, al mismo tiempo que se eliminaban los incentivos 936 también se establecieron los tratados de libre comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) en enero del 1994, el de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFDA, en inglés) en 2004, y otros. El NAFTA hasta incluía un corredor de todo tipo de transportación y comunicaciones entre Méjico, Estados Unidos y Canadá, dejando a la isla fuera de este sistema sin necesidad de transportación marítima. Con estos tratados se perdió la ventaja competitiva que hacía viable o atractivos los incentivos 936. En el mundo de hoy los incentivos 936 son obsoletos. Nos encontramos en la peor situación en nuestra historia. El mundo ha cambiado. Tenemos que cambiar.

Ahora que se han nombrado todos los miembros de la Comisión de la Igualdad, y vienen cambios considerables bajo la reforma tributaria de Trump que ponen en peligro las condiciones bajo un territorio, es importante mostrarle al Congreso lo inútil que es nuestro modelo económico. Bajo la estadidad podemos establecer un modelo digno que nos ofrezca la representación congresional que merecemos, como igualar los beneficios federales, tener más participación en compras del gobierno federal, más paridad en salud, entre otras medidas que garanticen una mejor calidad de vida. Este tiene que ser un tema que la Comisión lleve al Congreso como la razón de invalidar la utilidad del territorio y hacer justicia aceptando a la isla como el estado 51.

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