María de Lourdes Guzmán

Punto de Vista

Por María de Lourdes Guzmán
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¿Por qué un juicio por tribunal de derecho para Jensen?

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico contempla, entre otros derechos, el derecho a juicio por jurado en los procesos de naturaleza penal. Particularmente, el articulo II de la Sección 11 de nuestra Constitución establece que: “En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en la cual deberán concurrir no menos de nueve”. 

A diferencia del estado de derecho que impera en los Estados Unidos, el veredicto en nuestro país no se requiere que haya unanimidad de los jurados para la validez de un veredicto y sí una mayoría de nueve de los doce jurados que lo componen. Obsérvese, que de la propia disposición se establece, además, que el jurado que intervendrá en el proceso deberá ser imparcial. Para auscultar sobre dicha imparcialidad, antes que comience el desfile de la prueba en el juicio, se lleva a cabo lo que se conoce en el argot legal como el voir dire o la desinsaculación del jurado. El voir dire le permite al fiscal y al abogado o abogada de defensa rechazar o excluir un determinado número de candidatos a jurado, para, finalmente, constituir el panel que habrá de juzgar a la persona acusada. Por medio del voir dire, tanto el fiscal como el defensor o defensora, hacen preguntas a los candidatos a jurado para indagar, entre otras cosas, en la probabilidad de prejuicio de parte de cualquiera de ellos en contra del acusado o acusada, prejuicio que puede emanar de diferentes causas. Así, un jurado puede estar prejuiciado contra un acusado o acusada, por la naturaleza de los hechos o del delito que se le imputa. Esto ocurre muchas veces en casos de delitos sexuales, delitos contra la vida o la integridad de un anciano o menor de edad. El prejuicio puede surgir también, de la publicidad y difusión excesiva que ha recibido el caso, de la que pudiera razonablemente inferirse, que la persona ya ha sido juzgada por sus pares, razón por la cual es muy difícil lograr instituir un jurado que adjudique el caso de manera imparcial. Ello, al mismo tiempo lacera, inevitablemente, el derecho del acusado o acusada a la presunción de inocencia. 

La función del jurado, una vez constituido, es ser el juez de los hechos del caso, adjudicando la credibilidad de los testigos y la suficiencia de la prueba para decidir, finalmente, si la persona acusada es o no culpable del delito por el que se le acusa. El jurado debe ser consciente de que la culpabilidad del acusado tiene ser probada por el Ministerio Publico más allá de toda duda razonable. Un imputado puede renunciar también al derecho a juicio por jurado por entender que el caso versa sobre materia muy técnica que será de más fácil comprensión para el juez asignado al caso. 

Aun cuando este sea de rango constitucional, el derecho a juicio por jurado es un derecho que puede renunciarse. Siendo este un derecho personalísimo, solamente puede renunciarlo el imputado, de manera expresa, libre, voluntaria y con conocimiento de sus consecuencias. La validez de una renuncia al derecho a juicio por jurado corresponde determinarla al juez o jueza que preside el proceso quien le hace al imputado una serie de preguntas que le permitan cerciorarse de lo anterior. El resultado de renunciar al derecho a juicio por jurado es que el juez que presida el proceso habrá de decidir las cuestiones de hecho tanto como las cuestiones de derecho. Estas últimas siempre le competen por ser el experto en materia legal.

Un ejemplo gráfico de lo anterior es el caso del Sr. Jensen Medina Cardona, acusado de un asesinato ocurrido el pasado año en el pueblo de Fajardo. Estos hechos han tenido una difusión amplia por casi todos los medios de comunicación masiva y han sido motivo de análisis de parte de personas conocedoras de los procesos penales, así como por parte de personas totalmente desconocedoras del alcance de los derechos que le asisten a todos los imputados de delito.  La publicidad excesiva de la que ha sido objeto este proceso y la cantidad innumerable de opiniones que se han emitido sobre la culpabilidad del imputado, hacen improbable el que pudiera conseguirse un jurado con un ánimo no prevenido y cuya conciencia esté libre de prejuicio. Ante una situación como esta, el imputado ha optado por renunciar a su derecho a juicio por jurado, para que el mismo sea decidido por la jueza que preside el proceso confiando en su capacidad, en su rectitud y en la adjudicación del caso libre de prejuicios y apasionamiento. En fin, lo hace confiando en que se le garantizará el derecho a la celebración de un juicio justo e imparcial, al que tenemos derecho todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. 


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