Julio Fontanet

Tribuna Invitada

Por Julio Fontanet
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Preocupantes enmiendas al procedimiento penal

La pasada semana el senador de mayoría Henry Neumann hizo expresiones relacionadas con las enmiendas a las reglas de procedimiento penal presentadas por Fortaleza. Expresó que le preocupaban muchas de las enmiendas y señaló —en un ejercicio de gran sensatez y sentido común— que se oponía a que se quitaran derechos a las personas.

Su preocupación es muy legítima. Todos sabemos que quitar derechos nada tiene que ver con la incidencia criminal, pero que sí puede propiciar abusos de poder y la condena de personas inocentes. Sus expresiones hablan bien de él en la medida en que, como legislador, está cumpliendo cabalmente con su función ministerial de legislar responsablemente y a favor del pueblo.

Ser legislador no es convertirse en sello de goma de los proyectos de administración, no importa lo bien intencionados que puedan ser. Se supone que, en términos constitucionales, los legisladores pasen juicio y analicen con rigor los proyectos presentados. No se trata de aprobar por aprobar, sin análisis y sin vistas. Si de eso se tratara, cabría preguntarse para qué contar con una Legislatura; que sea, entonces, el partido de mayoría con sus estructuras el que legisle.

Me llama la atención que ni el gobernador ni los líderes legislativos de mayoría atacaran o cuestionaran la “disidencia” del senador, algo encomiable y que debe emularse. Ese debe ser el modelo a seguir en todos los proyectos que se presenten. La lealtad de un legislador es con el pueblo que lo eligió, no con su partido.

Al evaluar las enmiendas propuestas, no es difícil compartir las preocupaciones de Neumann. La mayoría de las enmiendas pretenden, en síntesis, quitarle derechos a las personas sospechosas y acusadas. Se espera con ello atender la incidencia criminal.

Hay que volver a repetir: la existencia de derechos no es una de las causas de la criminalidad. Sí lo son los problemas sociales generados por la pobreza, como la falta de acceso a servicios básicos (salud, educación, vivienda, trabajo, entre otros).

Entre las enmiendas más preocupantes se destaca eliminar el requisito de que se incluya en la acusación quiénes son las personas que acusan o que declaran en contra del acusado. Ello violenta el derecho a confrontar los testigos de cargo y pone al acusado en estado de indefensión ya que limita dramáticamente que su abogado puede contrainterrogar a los acusadores. ¿Cómo puede contrainterrogarse a quien no se conoce?

Otra medida preocupante: que las personas arrestadas sin una orden puedan ser detenidas para ser fichadas antes de ser llevadas a un juez, como requiere actualmente el Artículo II, sección 10, de nuestra Constitución. Es motivo de alarma que se quiera retener a una persona así arrestada para realizar procedimientos que pueden llevarse a cabo, como en la actualidad, luego de que el tribunal encuentre causa probable. Es tan sencillocomo preguntarse a dónde es más justo y seguro que se lleve a una persona arrestada sin una orden, ¿al cuartel de la policía o al tribunal?

Se presentan también medidas recicladas y descartadas en otros cuatrienios, como tratar de convertir la vista preliminar en una vista proforma al no requerir que declaren peritos que han preparado informes que se presentan en contra del acusado y que el fiscal tenga que dar su anuencia para que el acusado pueda renunciar al derecho que tiene de que el caso se ventile ante jurado. ¿Cuál es la entrelínea? ¿Que no se puede confiar en nuestros jueces?

Hay que recordar que la existencia de derechos y su respeto por parte del estado limitan la posibilidad de que personas inocentes puedan ser erróneamente convictas. En ese sentido, si queremos menos condenas erróneas, el mejor curso de acción es defender nuestros derechos y no promover su eliminación.

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