Linda Backiel

Punto de vista

Por Linda Backiel
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Presos del coronavirus, algunos más que otros

Mientras aprendemos a vivir entre el tedio y el terror del coronavirus, manteniendo la distancia social, pertrechándonos de guantes y máscaras antes de salir (cuando se permite), aplicando “sanitizer” a las manos, quitando y lavando la ropa al regresar, y desinfectando todo con cuanto cloro hay, aproximadamente 8,000 puertorriqueños viven otra realidad.   

El cloro y el “sanitizer” son contrabando. Al acostarse, pueden tocar sus vecinos al estrechar el brazo. Los vecinos de al lado, y los de arriba también. El inodoro está ahí, al lado. Lo utilizan dos o tres, el lavamanos común ahí también. No hay máscaras ni guantes. La limpieza del área de dormir, de comer, de asearse y utilizar el inodoro se hace, cuando se puede, con líquido de fregar (cuando lo hay). Las cucarachas no se han puesto en cuarentena. 

Estamos dentro de una de las 30 instituciones penales de Puerto Rico.  Los guardias que entran y salen de estas instituciones todos los días, que entran a las unidades y las celdas para hacer rondas y registros, viven en pueblos donde el virus campa por sus respetos. Aunque no tenemos cifras porque no tenemos pruebas, sabemos que el virus ha contagiado a docenas de policías, con casi 900 en aislamiento (porque trabajan dentro de espacios reducidos) y que ha matado sin piedad a 12 médicos y 53 profesionales de enfermería hasta el 10 de abril. Los guardias que entran y salen, que traen y llevan presos, no dejan el coronavirus en sus casas.  

Y, ¿qué de los presos? No muy bien, gracias. Además de la falta de cualquiera de las medidas preventivas obligatorias a toda la población, so pena de multa o (¡qué ironía!) cárcel, los ciudadanos privados de libertad viven en lo que las autoridades de salud pública han llamado “incubadoras del virus”. ¿Quiénes son estas “personas privadas de libertad”? 

No son extraterrestres. Son boricuas. Hay mujeres, casi todas, madres. Hay varones, algunos de 60 años o más. Hay jóvenes, hay personas sin mancha en su historia de vida hasta esta desgracia. Sí hay los injustamente condenados y condenadas, y hay enfermos y enfermas.   Son personas que padecen de condiciones que les hacen extremadamente susceptibles a infectarse, y a los peores efectos de la enfermedad, incluyendo la muerte. Son más vulnerables que la inmensa mayoría de nosotros y nosotras porque padecen de una o más de las condiciones identificadas por los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (“el CDC”) como las que debilitan el sistema inmunológico, el sistema pulmonar y el corazón, principalmente, pero no pueden tomar las medidas de protección obligatorias en la libre comunidad.   

Hasta el super-conservador procurador de los Estados Unidos (William Barr) ha sido obligado a reconocer que la falta de distanciamiento social en la cárcel es, de por sí, un factor de riesgo, y un riesgo inaceptable para los que tienen ciertas condiciones médicas. 

Con 444 infecciones y 20 muertes registradas entre las instituciones penales federales hasta el 14 de abril, tanto el Congreso de los Estados Unidos como su Procurador han creado medidas de emergencia con el fin de (a) reducir la población dentro de las instituciones y (b) excarcelar de manera expedita los más vulnerables, sea por pase médico, u otra medida, dependiendo de las circunstancias. Han salido 1,022 por esta orden hasta el 14 de abril, apenas empezado el proceso.  Y ¿en Puerto Rico? ¿Qué están haciendo la gobernadora, la secretaria de Justicia, el director de Corrección y el secretario de Salud? ¿Nuestros representantes legislativos? No oímos respuesta. Para demasiadas personas privadas de libertad, ese silencio puede ser fatal.   Ya es tarde, pero podemos empezar hoy a implementar medidas para incrementar la distancia social dentro de las cárceles y salvar las vidas de personas especialmente vulnerables mediante su excarcelación expedita. 

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