Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Primera gran confrontación de Rosselló con la Junta

El recorte de dos días al mes en la jornada de los empleados públicos, anunciado hoy por la Junta de Supervisión Fiscal, promete convertirse en la primera gran confrontación legal entre el organismo federal y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que se opone a la medida.

La reducción aprobada unánimemente por la Junta Fiscal en su novena reunión pública, celebrada en Fajardo, es menos onerosa que la propuesta original de quitarle cuatro días de sueldo a los trabajadores del Estado, además del bono de Navidad.

Pero, aun cuando representa la mitad del golpe que se anticipaba al bolsillo de decenas de miles de empleados del gobierno, rebajarles dos días de salario cada mes agravará la precariedad actual que vive el país pues, con el efecto dominó que va a provocar, afectará negativamente también al comercio y al propio gobierno.

Es cierto que la nómina gubernamental se achica con la reducción de jornada, pero del mismo modo se reducen las retenciones contributivas y forzosamente baja el consumo, lo que representa también menos recaudo de IVU.

Si insiste en cumplir su amenaza de no acatar la decisión de la Junta Fiscal de reducir la jornada laboral a partir de septiembre, el gobernador Rosselló Nevares seguramente tendrá que buscar la protección de los tribunales en una batalla que se vislumbra muy cuesta arriba.

La ley PROMESA parece darle a la Junta Fiscal autoridad legal suficiente como para decidir sobre asuntos fiscales que la Constitución de Puerto Rico delegaba en el gobernador. El organismo federal ya demostró su poder al modificar arbitrariamente el presupuesto de gastos operacionales del gobierno para el año fiscal que comenzó el 1 de julio.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, fue el primero en protestar contra la decisión de la Junta Fiscal de reducir la jornada laboral, pero todo parece indicar que la Legislatura no podrá hacer nada para evitar la medida. Cuando el gobierno y la Junta se enfrascaron en un tirijala por el presupuesto, en junio pasado, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, amenazó con desacatar al organismo federal pero la amenaza se volvió sal y agua.

Independientemente de lo que pudiera lograr el gobernador con un desafío judicial a la Junta Fiscal, probablemente conseguirá hacer el ruido suficiente como para que la crisis de Puerto Rico capte la atención seria del Congreso, la Casa Blanca y, por qué no, de la comunidad internacional.

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