Gabriel Andrés Rodríguez Fernández
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¿Privatizar o restituir?

El problema mayor de la AEE es que ya fue privatizada, hace mucho tiempo. Desde la década de los setenta, y cada vez más hasta el presente, la partidocracia ha ido sometiendo a sus intereses privados e inmediatos, a esta Autoridad que tanto aportó a la modernización y desarrollo del País. Los intereses de la partidocracia son privados, pues son los de ciertos personajes, amigos y allegados, cuyo objetivo claramente ha sido maximizar sus beneficios en el término de cada cuatrienio en el poder. Con el cambio de cuatrienios, los beneficiarios privados se van añadiendo, no sustituyendo, en un despiadado “take over” de este recurso público, hasta llevarlo a la ruina.

El acceso a la energía eléctrica es una necesidad para la calidad de vida y la actividad económica. Esto justificó que desde temprano en el siglo veinte el gobierno adquiriera las empresas privadas que generaban energía para sus fines comerciales en unas pocas áreas de Puerto Rico. Esta capacidad adquirida luego se multiplicó con la inversión de fondos públicos, para desarrollarla y extenderla por todo el País, sentando así las bases para una significativa transformación socioeconómica. Para esto actuó como un “monopolio natural”, guiado por una visión estratégica de desarrollo del País.

A fines del siglo 20, según se completaba la electrificación del País, el País necesitaba ya evolucionar a una visión estratégica de cambio, hacia fuentes renovables de energía y un sistema descentralizado y resiliente de su generación y distribución. Esa visión, sin embargo, surge de pensar en el bien común y el largo plazo, pero los funcionarios a cargo pensaban en elecciones y los negocios de los allegados al sistema.

Así, la administración y las inversiones estratégicas comenzaron a desviarse para adelantar planes malos, basados en consultoría interesada, promesas de campaña y los intereses privados de ciertas empresas. Se invirtió en una planta nuclear que nunca se usó y en grandes termoeléctricas en el sur, que los políticos aseguraban viabilizarían industrias petroleras y petroquímicas con poco futuro real. Se multiplicaron los subsidios para politiquear. Los problemas de costos al usuario e ineficiencia, fruto de las malas decisiones y la siembra de batatas políticas, fueron achacados a las uniones obreras.  Las denuncias de impactos ambientales fueron descartadas como mentiras de “locos ambientalistas” y “los subversivos”.

Ante la quiebra resultante, la partidocracia y sus allegados nos proponen ahora más privatización. Hacerlo mantendría la inversión y operación de la industria energética, crucial para nuestro futuro, bajo el control de la perspectiva de lucro, al corto y mediano plazo, que nos trajo a la crisis actual.

Lo que necesitamos en la industria eléctrica no es más privatización, sino la restitución de la primacía del interés social sobre el interés privado.

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