Ferdinand Mercado

Tribuna Invitada

Por Ferdinand Mercado
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¿Procede la ratificacion o la impugnacion de Pierluisi?

El entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares el 31 de julio de 2019 a menos de tres días de que se hiciera efectiva su renuncia, el viernes 2 de agosto a las 5:00 de la tarde, haciendo uso de la facultad que le confiere el Artículo IV Sección 4, de la Constitución de Puerto Rico convocó una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa. La convocatoria fue con el propósito específico de considerar el nombramiento de Pedro Pierluisi Urrutia como Secretario del Departamento de Estado y no contenía ningún otro asunto.

Ante el convulso escenario y la inestabilidad política que ha vivido Puerto Rico y la irresponsable tardanza en nominar un sucesor constitucional era urgente realizar la confirmación del nominado antes del viernes 2 de Agosto de 2019 a las 5:00pm, hora efectiva de la anunciada renuncia del gobernador Rosselló.

Desde que se informó la renuncia se comenzaron a discutir los diferentes escenarios. En particular era conocida la existencia de la ley 7-2005,  sobre el orden de sucesión, donde se establece la excepción de que en caso de vacante absoluta el Secretario de Estado no requiere el consentimiento de Cámara y Senado para ocupar el cargo de Gobernador en propiedad hasta el final del término original del gobernante sucedido. También se conocía la existencia de la doctrina legal de la presunción de validez y constitucionalidad de las leyes hasta que un tribunal decrete lo contrario.

Ante ese escenario era claramente previsible que la única manera de que el Secretario de Estado designado no juramentara como Gobernador era que uno de los cuerpos lo rechazara o que el decidiera no hacerlo y cesar como Secretario de Estado. Por más discusiones públicas, análisis, columnas periodísticas, foros y comparecencias a los medios de comunicación que tuvieran los constitucionalistas, en ausencia de una determinación judicial que diga lo contrario, la validez, legalidad y constitucionalidad de la ley 7-2005 es el estado de derecho y existiendo un Secretario de Estado designado y no rechazado no se puede omitir una disposición particular de la ley y brincar al próximo en sucesión, que en este caso correspondería a la Secretaria de Justicia.

Este escenario pudo haberse resuelto si el Senado de Puerto Rico hubiese actuado con la premura que exigía la situación. Sin embargo, inexplicablemente el Senado pospuso su consideración para tres días posterior a la fecha de la renuncia efectiva del gobernador Rosselló Nevares, tal vez confiando que la Cámara de Representantes lo rechazaría primero. La Cámara realizó vista publica, interrogó al nominado, rindió un informe positivo y aprobó por un voto su nombramiento como Secretario del Departamento de Estado unas dos horas antes de la hora de renuncia del gobernador Rosselló Nevares.

El Senado pudo haberse convocado tanto para celebrar la vista conjunta como para votar sobre el nombramiento el mismo día y a las mismas horas que la Cámara y no lo hizo. De haberlo hecho y votar ambos cuerpos legislativos a favor hubiese operado de pleno la constitución y confirmado por ambos cuerpos el Secretario de Estado entraba en función como gobernador en propiedad sin ningún cuestionamiento. De haber votado en contra uno de los cuerpos legislativos Pedro Pierluisi cesaba inmediatamente en su cargo y a las 5:01pm juramentaba como Gobernadora la Secretaria de Justicia. De haber actuado el Senado con la premura con que lo hizo la Cámara Puerto Rico se hubiese evitado esta nueva incertidumbre constitucional.

Al no recibir el rechazo de la legislatura a las 5:01pm Pierluisi juramentó como Gobernador en virtud de la ley 7-2005. Varios constitucionalistas, entre ellos prominentes profesores de derecho entienden que la ley es inconstitucional, pero para que así se declare legalmente habría que retarla en los tribunales. Otros, con mayor dramatismo y mas estridencia política que legal entienden que debió subvertirse el orden y la legalidad y hacerse caso omiso de esa parte que exceptúa al Secretario de Estado y que Wanda Vázquez debió juramentar como Gobernadora. Sobre este parecer considero que no era el curso correcto. Las leyes no pueden ignorarse, por el contrario, hay que cumplirlas.

En su mensaje de juramentación el gobernador Pierluisi dijo, de forma sorpresiva, que no comparecería a la vista pública del lunes pero que se sometería al voto del Senado para su ratificación como Gobernador. Expresó que si le votan en contra renunciaría y dejaría a Wanda Vázquez como la sucesora. Si esa era su posición no debió juramentar y debió dejar de ser Secretario de Estado y el país se hubiese evitado esta nueva tragicomedia. La acción es inusitada. En nuestro Sistema presidencialista, contrario a los sistemas parlamentarios donde la investidura se ratifica por los votos del poder legislativo, el gobernador no necesita ratificación. La legitimidad en este caso no es un asunto político de un voto de confianza o una votación de popularidad en el hemiciclo de un cuerpo legislativo. Es un asunto legal de constitucionalidad de la ley 7-2005.

Ante lo expresado por el Gobernador entrante el Presidente del Senado ha convocado a todos los senadores para considerar el nombramiento de Pierluisi como Secretario de Estado. El Senado no tiene autoridad legal para continuar los trabajos de la sesión extraordinaria.  La convocatoria fue específica de evaluar a Pierluisi como secretario. El propósito para la que fue convocada no existe. No existe ya nadie nombrado al cargo de Secretario de Estado. Pedro Pierluisi Urrutia no es Secretario del Departamento de Estado, es Gobernador en propiedad. El cargo de Secretario del Departamento de Estado está vacante. Pierluisi ya es Gobernador. Lo que corresponde es que el Senado se convoque y levante los trabajos.

Para que el Senado pueda continuar trabajando el gobernador Pierluisi tendría que ampliar la convocatoria de la sesión extraordinaria para que lo ratifiquen. No obstante, ello no se trata de ninguna legislación, ni nombramiento y no existe en nuestro esquema constitucional. Se trata de una consulta política sobre un voto de confianza que tampoco es vinculante. Pierluisi ha dicho que ello le da legitimidad y que de no ser ratificado renunciaría. Algunos sostienen esa teoría como correcta. A mi juicio no es el procedimiento ni subsana que juramentó sin ser confirmado por ambos cuerpos, si esa es su preocupación. Tampoco una acción posterior evita que se impugne la constitucionalidad de la ley 7-2005. Debemos estar pendiente a la decisión de las minorías sobre esta situación. Pueden exigir que se levanten los trabajos por no tener jurisdicción para actuar, permitir que sea la mayoría quien vote sobre la ratificación, abstenerse, unirse a la ratificación o al rechazo, o emplazar al Presidente del Senado de que sea este quien impugne en los tribunales la ley 7-2005. El Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico y la alcaldesa de San Juan ya han anunciado que impugnarán la decisión de Pierluisi de juramentar como Gobernador en Propiedad.

Es sumamente interesante que la ley 7-2005 es de la autoría de la hoy Comisionada Residente Jennifer González cuando era Presidenta de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.  La sugerencia específica de incorporar la excepción en la ley de sucesión fue del Departamento de Justicia, precisamente con el argumento de que ello era necesario para hacer el proyecto de ley constitucional. La ley fue firmada por el entonces gobernador Acevedo Vila. Ambos actuando en contra de sus propios actos han sostenido que la ley de la que ellos fueron artífices es inconstitucional y que debió juramentar la Secretaria de Justicia Wanda Vázquez y no el Secretario de Estado Pedro Pierluisi.

Existe otro agravante. La ley de Sucesión no tiene clausula de separabilidad por lo que de declararse inconstitucional antes de que comience la próxima sesión ordinaria el gobernador Pierluisi tendría que abandonar su cargo y no existiría sucesión. Se crearía un vacío de gobernabilidad aun mayor. No obstante, aunque improbable, si ello sucediera podría llevar a que el Tribunal Supremo interprete el Artículo IV Sección 9 y determine que corresponde a la Asamblea Legislativa en su próxima sesión ordinaria seleccionar al Gobernador. Mientras tanto quién gobierna. Esta encerrona histórica apunta a que, si Pierluisi por las razones que fuere continua en el cargo y alguien realmente impugna la constitucionalidad de la ley, con toda probabilidad por la estabilidad y gobernabilidad del país, el Tribunal Supremo encuentre la forma de sostenerla.


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