David Skeel

Perspectivas de la Junta

Por David Skeel
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Progreso del plan fiscal

El miércoles pasado la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico le envió al gobernador Rosselló Nevares una carta bien importante. En esa carta delineamos los requisitos que debería contener un plan fiscal a diez años para que resulte no solo aceptable sino exitoso. En nuestra carta también afirmamos el compromiso de la Junta de Supervisión de trabajar con el gobernador y su administración para asegurar un mejor futuro para Puerto Rico.

La realidad fiscal de Puerto Rico es bien dura. De acuerdo a nuestros cálculos, a no ser que se hagan cambios fiscales y estructurales significativos, el Gobierno enfrenta un déficit promedio de $7,000 millones cada año durante la próxima década.

Para ponerlo en términos sencillos, Puerto Rico se quedó sin dinero. Esa es la razón de las drásticas medidas que hay que tomar, y hay que tomarlas ahora. Los fondos del sistema de retiro prácticamente se han acabado. El sistema de salud también está en precariedad. Puerto Rico recibe muchísimo menos que los estados por concepto de reembolsos de Medicaid, y los $6,400 millones que se le asignaron a Puerto Rico bajo el Affordable Care Act -conocido como Obamacare- para en parte compensar por la deficiencia, están a punto de agotarse y no hay garantía de que el Congreso los vaya a reemplazar.

En nuestra carta, ofrecimos las guías para diseñar un plan fiscal que de aquí al año fiscal 2019 pueda cubrir al menos $4,500 del boquete de $7,000 millones que tiene el presupuesto anual del gobierno. Cambios de esta magnitud requieren que se hagan ajustes en cada partida del presupuesto gubernamental, desde reformar el gobierno mismo y mejorar el sistema contributivo, hasta reducir los costos de salud, educación y pensiones. Algunos temen que los acreedores vayan a ser tratados mejor que el resto de la gente. Eso no es cierto. Como establece la carta, los reclamos de los acreedores pudieran tener que recortarse en tanto como el 79%.

Entendemos que las guías que hemos sugerido para el plan fiscal son duras, pero viables. Siempre y cuando se proteja a los ciudadanos más vulnerables y el sacrificio sea compartido por todos, el plan fiscal puede reencaminar a Puerto Rico hacia un mejor futuro.

Tal como lo estuvo con la pasada administración, la Junta de Supervisión está comprometida con trabajar con el gobernador Rosselló y su administración para lograr estas metas. Ya hemos comenzado a coordinar las conversaciones con los acreedores de Puerto Rico, las cuales serán lideradas por la administración con la participación de la Junta.

En ese espíritu, en nuestra carta expresamos nuestra disposición favorable de extender por 45 días la fecha límite del 31 de enero de 2017 para certificar el plan fiscal, como solicitara el Gobernador Rosselló, siempre y cuando la administración se comprometiera a cumplir una serie de condiciones. Entre ellas están el compromiso de la administración de trabajar en favor de una solución integral a la crisis, proveer información financiera adicional y comprometerse a no buscar más préstamos.

En respuesta, el gobernador Rosselló cuestionó algunos de los ajustes que nosotros hemos identificado como necesarios para lograr la recuperación de Puerto Rico, aunque no cuestionó ni la precariedad de la situación fiscal de Puerto Rico ni la necesidad de tomar medidas drásticas.

En una carta subsiguiente, sin embargo, la administración confirmó su compromiso de cumplir las condiciones establecidas en nuestra carta para aprobar las extensiones solicitadas. Asumiendo que dichas condiciones se cumplan, la Junta planea extender hasta el 28 de febrero la fecha límite para someter el plan fiscal, de forma que se pueda evaluar su certificación a más tardar el 15 de marzo de 2017. De igual forma, invocaríamos nuestra autoridad bajo PROMESA para extender la moratoria contra litigios de acreedores del 15 de febrero hasta el 1 de mayo.

No podemos pretender que restaurar la disciplina fiscal vaya a ser fácil. Pero el Congreso nos ha dado las herramientas necesarias para reestructurar la deuda de Puerto Rico e implementar reformas estructurales que tanta falta hacen. El primer paso para ello es certificar un plan fiscal a 10 años que asegure la total transparencia en las operaciones del gobierno y servicios más efectivos y eficientes para el pueblo de Puerto Rico.

Si aprovechamos esta oportunidad antes de que sea demasiado tarde, Puerto Rico pronto retomará el camino hacia un futuro más brillante.

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