Arturo Estrella

Tribuna Invitada

Por Arturo Estrella
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PROMESA, Junta y quid pro quo

Cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) interviene en un país que sufre de una crisis fiscal colabora con el gobierno local para desarrollar un plan que permita superar la crisis a un plazo que se estime razonable. Típicamente, el FMI le impone al gobierno restricciones financieras, le exige que tome medidas para fomentar el crecimiento económico y establece un régimen de supervisión para asegurarse de que los términos del acuerdo se cumplan. A cambio, el gobierno del país recibe asesoramiento técnico y –lo que es muy importante– fuentes de crédito directo o a través de líneas de crédito. De esta forma, los requisitos y la asistencia del FMI constituyen un quid pro quo.

Al no ser país soberano, Puerto Rico no tiene acceso al FMI. Como territorio de los Estados Unidos, tampoco tiene acceso a los mecanismos que provee el gobierno federal a los estados o a municipalidades de los estados. Aun así, el gobierno federal no está completamente maniatado. En un estudio de octubre del 2014, auspiciado por la Fundación Francisco Carvajal, sugerí que existían mecanismos mediante los cuales el gobierno federal podía contribuir a que Puerto Rico superara la crisis actual. Algunas de esas puertas se han cerrado desde entonces, pero uno de los mecanismos propuestos fue que el Congreso aprobara legislación que le permitiera al Departamento del Tesoro federal ofrecer a Puerto Rico un plan con los elementos básicos de los acuerdos que provee el FMI a los países soberanos.

En ciertos aspectos, la ley PROMESA de junio del 2016 es consistente con esta sugerencia del estudio. Tal y como haría el FMI, la ley le impone al gobierno local restricciones financieras, le exige que tome medidas para fomentar el crecimiento económico y establece la Junta de Supervisión Fiscal para asegurarse de que las estipulaciones de la ley se cumplan. La diferencia fundamental está en el quid pro quo. En particular, el asesoramiento financiero a través de la Junta es limitado y no se ofrecen garantías, ni crédito, ni líneas de crédito.

La concesión más tangible de PROMESA es la moratoria temporera sobre litigios radicados por acreedores del gobierno, la cual la Junta ha decido extender hasta el primero de mayo, límite fijado por la ley. Con esta sola herramienta, la Junta le pide al gobierno en su carta reciente que aumente los recaudos, reduzca los gastos y haga crecer la economía, todo a la misma vez. Como sabe cualquier estudiante de economía introductoria, esta receta es una reducción al absurdo. Partiendo de una recesión, las dos políticas fiscales restrictivas son inconsistentes con el crecimiento económico a menos que haya otra herramienta potente oculta en las entrañas de PROMESA. Pero si no hay crédito, si no hay líneas de crédito, si no hay garantías, ¿dónde está esa herramienta? La moratoria temporera no es suficiente y le queda poco tiempo de vida.

Este problema se podría rectificar, pero hace falta que el gobierno federal reconozca las limitaciones de PROMESA y que el Congreso y las autoridades federales provean herramientas realmente efectivas. Hay que sacar los números. Si la economía de Puerto Rico es viable a largo plazo, no hace falta un rescate unilateral de parte del gobierno federal sino instrumentos que le permitan al gobierno de Puerto Rico atravesar la crisis. Si Estados Unidos respalda la misión del FMI y si Puerto Rico no tiene acceso a esa agencia por ser territorio de los Estados Unidos, es razonable concluir que el gobierno federal tiene la responsabilidad de ejercer las funciones del FMI con respecto a Puerto Rico.

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