Wilbert López Moreno

Tribuna Invitada

Por Wilbert López Moreno
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PROMESA: La culpa no es lo importante

Hoy comienza septiembre con un huracán clasificación 3 en las cálidas aguas del Atlántico hacia el Caribe. Mientras, en el Tribunal Federal, bajo un Título III, el pueblo de Puerto Rico observa cómo se van calentando las litigaciones entre quién asume la culpa por la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos, la eliminación o no del bono de Navidad, las modificaciones a los planes de retiro y la reducción de gastos del Gobierno.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobernador Ricardo Rosselló Nevares junto con la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), ninguno quiere asumir la culpa de los objetivos de la ley PROMESA, pero por intereses distintos. Rosselló por un interés político, tratando de mejorar su maltrecha imagen para las próximas y lejanas elecciones y la JSF para que no se vea antidemocrática, como señaló su presidente, y solo como un ente que viene a enderezar las atribuladas finanzas de Puerto Rico y que han dejado las administraciones políticas pasadas para insertarlo todo rehabilitado nuevamente en los mercados de crédito como requiere el citado estatuto federal.

En lo único que todas las partes involucradas en esta ecuación coinciden, entiéndase la JSF, Aafaf, el gobernador y los bonistas, es en la privatización de todas las utilidades públicas: la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).  Ya la AEE está en un proceso bajo el Título III y VI. La AAA tiene su Plan Fiscal aprobado y está en negociación “de buena fe”, como exige PROMESA, con sus acreedores bonistas en espera de no terminar bajo un Título III. Su Plan Fiscal ya establece aumentos en los servicios de agua para los próximos años, comenzando en el 2018. Estamos advertidos desde ahora para que no quede duda cuando llegue ese momento.

El Título V de “Revitalización” bajo su “revitalizador” está en promoción vendiendo a los intereses privados las ventajas de la privatización o del trabajo en conjunto entre el gobierno, que no aportará dinero, y las Alianzas Público Privadas (APP) que asumirán todo el riesgo de todos estos proyectos con el fin de ver sus ganancias crecer, y a la misma vez, tratar de mejorar los servicios públicos de Puerto Rico. El gobierno está remozando sus utilidades y ya comenzó con la Central de Palo Seco.

Veremos cómo este litigio legal se va complicando con el descubrimiento de prueba bajo las Reglas Federales de Quiebra de todos los casos bajo Título III del Commonwealth y cuatro de sus instrumentalidades en el Tribunal Federal. La jueza Laura Taylor Swain refirió a la magistrada Judith G. Dein la responsabilidad de establecer el procedimiento judicial a seguir en la demanda de la JSF contra el gobernador por la no implementación de la reducción de jornada laboral, un resultado legal que estará en las manos de Taylor Swain. Mientras más se alargue este procedimiento más perjudicial será para los empleados públicos que podrán ver reducidos cuatro días, en vez de dos, de sus salarios mensuales como establece el Plan Fiscal.

Ya la JSF sometió las listas de acreedores del Commonwealth of Puerto Rico y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) resaltando los miles de acreedores de estas dos entidades bajo el Título III separados bajo distintas clasificaciones de acuerdo con la categoría de sus deudas. Todos ya sabíamos que estaban en este pleito los bonistas, pero ahora les añadimos a los trabajadores, suplidores, contratistas, sentencias y a todos los contribuyentes responsables que cumplieron con su obligación anual de rendir sus planillas de contribución sobre ingresos y que esperaban con ansias el pago de los reintegros de los impuestos que pagaron en exceso al gobierno. Del total de las más de 15,600 páginas de acreedores, 2355 con más de $246 millones en deuda, son de contribuyentes individuos y corporaciones que no saben cuándo recibirán sus reintegros. La propia lista de acreedores indica que el “deudor”, a través del Departamento de Hacienda, seguirá enviando los reintegros en la medida de lo posible. El proceso de radicar cada reclamación de la deuda en el Tribunal Federal aún no se ha establecido, pero se augura que será tedioso y complicado. Un procedimiento que a la larga dejará sin cobrar a muchos acreedores no asegurados.

Todavía desconocemos los resultados de las negociaciones de mediación que se llevan en Nueva York entre algunos acreedores y el deudor en quiebra. De no llegarse a resultados concretos veremos cómo se alarga por mucho más tiempo el proceso judicial.

La culpa de quién estableció la jornada laboral y todo este hervidero jurídico y fiscal para Puerto Rico realmente no es tan importante. El Congreso de los Estados Unidos ya estableció el proceso de PROMESA, ya todos estamos de alguna forma u otra inmersos en este enjambre jurídico, pero los reales culpables de la crisis fiscal y financiera del país todavía están por verse. Esperemos que la jueza Taylor Swain con el poder de su mallete nos traiga al frente público a los verdaderos culpables para que la historia por lo menos pueda juzgarlos.

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