Wilbert López Moreno

Tribuna Invitada

Por Wilbert López Moreno
💬 0

PROMESA: las aguas se están calentando

En esta ocasión nos salvamos de una dramática tragedia con el desvió de la trayectoria del huracán Irma de las costas de Puerto Rico. Los estragos que dejó Irma los iremos superando día a día gracias al esfuerzo extraordinario de todos los empleados públicos que dejaron familias y pertenencias para ayudar en la prevención, durante el paso del evento atmosférico y luego en la reconstrucción del país y de todas sus utilidades públicas. Los mismos empleados públicos que la Junta de Supervisión Fiscal quiere reducirle su jornada laboral. Tenemos que felicitar a la administración del doctor Ricardo Rosselló Nevares por la excelente coordinación de todo este proceso de reconstrucción posterior a Irma.

Apenas estamos comenzando la reconstrucción y solicitando las ayudas federales necesarias para poner al país nuevamente sobre las ruedas del proceso financiero y económico, y entre discursos y análisis políticos, ya se está hablando de la privatización de los servicios públicos de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Enmarcándolos a través del Título V de la Ley PROMESA y el proceso de “Revitalización” que se establece para el financiamiento de los “proyectos críticos” de infraestructura. Un discurso que puede tener a muchos interesados en invertir en estos proyectos con el fin de “mejorar” la calidad de los mismos y obtener a su vez buenas ganancias.

En los casos de Título III las aguas se están calentando con el procedimiento adversativo que radicó el Comité de Acreedores No Asegurados del “Commonwealth of Puerto Rico” con el objetivo de intervenir en la controversia entre los bonistas de la Obligaciones Generales y los de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA). Entre sus alegaciones más importante está el cuestionamiento sobre la constitucionalidad de la creación de COFINA para evadir el límite constitucional de la deuda pública con la creación del concepto de la “deuda extra constitucional” y la garantía de forma asegurada de todas sus emisiones de bonos con el Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU). Un extraordinario y complejo alegato sobre el cuestionamiento de la condición asegurada de estos bonos y sobre la legalidad del uso del IVU para garantizarlos y transferir de estos fondos dinero para otros usos adicionales por el Gobierno mediante enmiendas a la propia legislación que los creó. De la determinación asegurada o no de estos bonos dependerá la cantidad de dinero disponible que tendrán dentro del Plan de Ajuste de Deudas todos los acreedores no asegurados envueltos en este complejo caso de reestructuración de deuda.

La jueza Laura Taylor Swain no se amilanó con las mociones radicadas por la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) para modificar el calendario de vistas a raíz del paso del huracán Irma por Puerto Rico. La jueza estableció el calendario a seguir en la Mocion de Desestimación presentada por Aurelius por razones deinconstitucionalidad bajo la Constitución norteamericana. También calendarizó las vistas judiciales a seguir en el procedimiento adversativo de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) que busca invalidar el procedimiento de nombramiento de todos los miembros de la JSF a la luz de la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos de América al ser nombrados por el Presidente de los Estados Unidos y no ser confirmados por el Congreso, como establece la propia constitución.

Comenzamos a ver las primeras ráfagas judiciales de un complejo procedimiento legal establecido por la Ley PROMESA. En calendario está la discusión de la reducción de la jornada laboral y las fechas para someter los alegatos de cada parte, a la par con los resultados de las negociaciones entre los acreedores y el deudor en la Sala de la Magistrado Judith Gail Dein en que se pueda determinar si las partes envueltas pueden resolver sus diferencias en una mesa de negociación y no en un largo y costos proceso judicial. Estos procedimientos bajo la dirección magistral de la jueza Taylor Swain demuestran que a pesar de toda la complejidad legal de todas las partes envueltas en los cinco Títulos III radicados será uno ordenado y resuelto dentro del tiempo menor posible que la litigación judicial lo permita.

Otras columnas de Wilbert López Moreno

miércoles, 22 de noviembre de 2017

Mallete federal contra la Junta

El abogado Wilbert López Moreno señala que los casos de reorganización bajo el Título III de PROMESA podrían ser la única oportunidad de Rosselló de definir y limitar los poderes de la Junta

lunes, 13 de noviembre de 2017

La Junta, el Congreso y las tormentas de noviembre

El abogado Wilbert López argumenta sobre la propuesta reforma contributiva federal y otros retos que pueden propiciar “la tormenta perfecta” durante el mes en curso

💬Ver 0 comentarios