Héctor M. Laffitte

Tribuna Invitada

Por Héctor M. Laffitte
💬 0

Promesa y la Cláusula Territorial

A principios de la semana pasada, la Corte de Apelación del Primer Circuito en Boston celebró una audiencia para escuchar los planteamientos constitucionales presentados por Aurelius Investment, Assured Guaranty y la Unión de Trabajadores de la Industria y Riego (UTIER).

 Los apelantes sostienen que los actuales miembros de la Junta de Supervisión Fiscal carecen de legitimidad porque fueron nombrados en violación a la cláusula de nombramientos del Artículo II de la Constitución de Estados Unidos que requiere del consentimiento y aprobación del Senado para nombramientos del presidente a cargos de rango principal o federal, tales como embajadores, jefes de gabinete y jueces federales.

Promesa exige que el presidente nombre a siete miembros, uno de los cuales es seleccionado por él a su entera discreción, y los otros seis, en razón de listas de candidatos a ser designados por la Cámara de Representantes y el Senado. 

Conforme lo dispone la sección 2(E), no se requiere el consentimiento del Senado si el presidente nombra a un individuo de las listas que someten el Senado y la Cámara de Representantes. De ahí que el Congreso atendió explícitamente que no se requiere el consentimiento del Senado para los nombramientos a la Junta.

Por otro lado, el gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal, la Autoridad de Energía Eléctrica, así como el gobierno federal, por conducto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, argumentaron que los miembros de la Junta fueron nombrados bajo los poderes plenarios de la Cláusula Territorial del Artículo IV de la Constitución de Estados Unidos.

La compleja controversia que tiene en sus manos el Primer Circuito, como asunto medular, se reduce a determinar cuáles de las dos disposiciones constitucionales es de aplicación en este caso. De aplicarse el Artículo II sobre nombramientos, el remedio sería difícil de predecir. Puede acarrear la nulidad de muchas e impactantes decisiones de la Junta, hasta el extremo de que el gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades pueden perder la protección de los procedimientos de quiebra, abriendo paso a los acreedores para demandar y embargar fondos del gobierno y sus instrumentalidades.

Del otro lado, el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la AEE sostienen que la Junta es una instrumentalidad del territorio de Puerto Rico, que se establece bajo los poderes plenarios del Congreso de conformidad con la Cláusula Territorial y del Artículo IV, y que sus miembros no son oficiales federales, sino oficiales territoriales, por lo que no tienen que ser nombrados bajo la cláusula de nombramientos del Artículo II de la Constitución.

De los alegatos y argumentación oral ante el Primer Circuito puede razonablemente decirse que la solicitud de la UTIER para revocar los casos insulares no recibió la acogida de los jueces.

Es arriesgado tratar de predecir el resultado de una apelación. Los argumentos de las partes no son inmeritorios. Esperemos a principios de 2019 para saber dónde el Circuito pondrá el fiel de la balanza.

Otras columnas de Héctor M. Laffitte

💬Ver 0 comentarios