Juan Dalmau

Tribuna Invitada

Por Juan Dalmau
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Propuestas ante la crisis

La crisis económica y fiscal que enfrenta Puerto Rico no es nueva y no puede despacharse como un asunto momentáneo. Los serios problemas que enfrentamos -desempleo rampante, una de las tasas de participación laboral más baja del mundo, deterioro de la calidad de vida, emigración de sectores productivos del país, entre otros- son resultado de un estatus político anacrónico y un manejo incompetente de la administración fiscal del país. Ello nos ha llevado en espiral descendente a una situación cada vez más crítica.

En cuanto al estatus político, es imposible un pleno desarrollo económico sin los poderes de la independencia. Sólo con la soberanía plena podemos integrarnos a los mercados mundiales y recurrir a programas económicos de instituciones internacionales para enfrentar la deuda pública, como han hecho exitosamente otros países.

En cuanto a la crisis fiscal, se perfila un déficit de $651 millones en este presupuesto y se anticipa un déficit de $2,400 millones para el próximo. A esto se añade la deuda impagable, impuestos improvisados que afectan más a la clase media y asalariada, sistemas de retiros en crisis y la insolvencia de las corporaciones públicas.

Cada nueva administración gubernamental alega que encontró una crisis fiscal peor que la anticipada y por lo tanto “debemos ajustarnos el cinturón” y “sacrificarnos”. Sin embargo, hay actores económicos que son tratados como si no tuvieran cinturón y son inmunes al sacrificio.

Ejemplo de esto son las leyes que conceden privilegios fiscales. Las empresas exentas son compañías que pagan contributivamente entre un 2% y un 4% de las ganancias obtenidas. Algunas pagan cero. Esto crea un régimen de discrimen tributario entre las empresas “exentas” y las “regulares”.

Por años el Partido Independentista Puertorriqueño -al que se le han sumado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la empresa KPMG que recientemente rindió un informe a Hacienda- ha planteado la imposición de un arbitrio no confiscatorio a las empresas foráneas. Si calculamos lo que esas empresas remitieron en ganancias, dividendos e intereses al exterior desde el 1996, la cifra excedería los $500,000 millones. Si desde entonces se hubiese establecido el pago de una tasa mínima del 10% a esas empresas, como ha propuesto el PIP, Puerto Rico hubiese recibido a esta fecha $50,000 millones en ingresos.

Es imperativo adoptar una reforma tributaria integral y balanceada, sin exclusiones, y revisar la concesión de exenciones, créditos y deducciones, de manera que se demuestre que los mismos son compensados por productividad económica y social.

El Gobierno debe reestructurar el Departamento de Hacienda, asignándole los recursos económicos y humanos necesarios para atajar el problema de la evasión contributiva. Mientras, asume un rol gerencial eficiente en el gasto público. Ha existido un salidero de fondos para beneficio de inversionistas o activistas políticos. El uso adecuado de fondos para buen servicio gubernamental, mejorar infraestructura, fuerza laboral educada y conocimiento técnico, resultaría en un mayor estímulo a la inversión económica. La clave es sustituir el malgasto por el buen gasto.

La deuda pública es impagable y el Gobierno debe escoger entre la protección incondicional a los inversionistas o la promoción de la inversión pública para generar crecimiento económico. El Gobierno ha resuelto a favor de la primera alternativa.

La deuda nos cuesta más de $4,500 millones al año, sangrando el Fondo General. Insisto, el Gobierno tiene que renegociar el pago de la deuda.

Éstas son solo algunas propuestas de carácter inmediato ante la crisis, pero reitero que hay que atender el problema de fondo que es la situación colonial. Puerto Rico no puede aspirar a un desarrollo pleno si no mandamos en nuestra casa. El camino es la soberanía plena. Al final del día, el que no lucha por conquistar los poderes que no tiene, no puede aspirar a usar bien los pocos que tiene.

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