José Caraballo Cueto

Tribuna Invitada

Por José Caraballo Cueto
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Pros y contras del presupuesto para Puerto Rico

El presupuesto gubernamental recién recomendado en Puerto Rico aguarda aspectos positivos y otros negativos.

Por el lado positivo, el presupuesto consolidado recomienda:

1.   Aumentar las mejoras permanentes en $311 millones. La infraestructura de Puerto Rico está delicada y si se utilizan eficientemente esos $311 millones pueden ser de beneficio para el País.

2.   Eliminar pagos de deuda del Gobierno central. En el presupuesto anterior se estuvo pagando la deuda de la Corporación para el Financiamiento del Interés Apremiante (COFINA) a pesar de la inminente quiebra.

3.   Transferir $2.5 mil millones para el desfalcado fondo de pensiones. La práctica de incentivar el retiro temprano y congelar las plazas de los últimos años tuvo el efecto adverso de socavar los sistemas de retiro ya que salían más fondos mientras entraban menos, sin beneficios concretos en el gasto gubernamental ya que muchas plazas fueron reemplazadas con servicios profesionales.

4.   Recortar las pensiones mayores a $2,000, siempre que el porcentaje del recorte sea mayor conforme aumenta la pensión (principio progresista).

5.   Aumenta los impuestos a las empresas foráneas por $405 millones, cuando se pasa balance de los impuestos al ingreso, a la propiedad mueble y a los servicios asignados a las foráneas.

Por el lado negativo, hay muchas preocupaciones:

1.   El pago de la deuda de las corporaciones públicas asciende a $913 millones, violando los $404 millones de pago total de la deuda (para el Gobierno completo) que el plan fiscal certificaba y se supone inviolable. Preocupa que en vez de concentrarse en ajustarse a pagar lo que es sustentable, se tomen decisiones sin ponderación que a la postre atrasarán la recuperación económica.

2.   Aumenta los servicios profesionales por $19.6 millones y los “gastos operacionales” por la exorbitante cantidad de $1,187 millones, contrario a los compromisos programáticos.

3.   La nómina legislativa se mantiene intacta, a pesar de que casi todo el País estaría de acuerdo en la necesidad de recortarla.

4.   No contempla mayores recaudos para las megatiendas, las cuales pagarían más de implementarse el reglamento del “transfer pricing” usado por el Servicio de Rentas Internas federal (IRS). Es inconcebible que las manufactureras que no desplazan capital local ni empleos existentes, y que sí pagan buenos salarios estén contribuyendo más que las dañinas megatiendas.

5.   No establece nuevos impuestos a los bienes y servicios de lujos, una propuesta progresista, favorecida por el 78% de los economistas locales (ver encuesta de la Asociación de Economistas).

6.   Proyecta un déficit en el fondo general de $391.5 millones, superando la reserva de $190 millones, por lo que las medidas de austeridad extrema (furlough) podrán implantarse, afectando el consumo.

7.   Aumenta en $110 millones los presupuesto de la AAFAF y de la Junta de Control Fiscal, los cuales se suponen que den ejemplo de cero despilfarro.

8.   No reduce la gran tajada que ingresan las aseguradoras de la Reforma de Salud.

9.   No contempla remover los subsidios corporativos inefectivos, lo cual es favorecido por el 93% de los economistas locales, mientras recorta despiadadamente los subsidios efectivos a la Universidad de Puerto Rico (UPR) en $202 millones. Estudios del Dr. Ramón Cao encuentran múltiples subsidios corporativos inefectivos, mientras estudios del Dr. José Alameda y el Dr. Alfredo González hallan que los subsidios a la UPR sí generan un efecto multiplicador. Una política pública inteligente recortaría primero los subsidios inefectivos, sobre todo cuando el mismo plan fiscal estatal certificado no especifica el recorte a la UPR.

Decir que los fondos externos pueden compensar la magnitud del recorte a la UPR es incorrecto. El Gobierno central le adeuda millones de dólares a la UPR por servicios prestados, por lo que no es creíble que el Gobierno central vaya a pagar en su totalidad los nuevos servicios prestados propuestos.

Por otro lado, de los fondos provenientes de propuestas solo se puede utilizar el 20% para pagar gastos operacionales de la UPR a través del mecanismo de “costos indirectos” (en algunas propuestas no hay tal alternativa). El resto del dinero proveniente de propuestas tiene un uso específico definido en las propuestas. Esto no quiere decir que no debemos fomentar la búsqueda de fondos externos en la UPR, pero es una ilusión pensar que los “costos indirectos” o  las contrataciones estatales allegaran, siquiera, $202 millones adicionales anualmente.

Todavía están a tiempo de que el Gobierno sea “uno” con el golpeado pueblo puertorriqueño.

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