Julio Fontanet

Tribuna Invitada

Por Julio Fontanet
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Protestar contra Trump y la Junta

Me comentaba un amigo que no entendía la finalidad de las múltiples protestas que se dieron en Estados Unidos al día siguiente de Donald Trump tomar posesión de su cargo. Expresaba que ello era una pérdida de tiempo y que no le veía utilidad de clase alguna. Concluía diciendo que la presidencia de Trump y todas sus promesas de campaña son irreversibles. Dicha postura me hizo recordar las expresiones de algunos compatriotas relacionadas con el cuestionamiento de la legalidad y la corrección de las decisiones de la Junta de Control Fiscal (JCF) impuesta por el Congreso de Estados Unidos a Puerto Rico. Para muchas personas cualquier cuestionamiento o reclamo en contra de la Junta es también un ejercicio en futilidad. Se equivocan, y en ambas instancias.

Es preciso recordar que en la función pública —ya sea en el ejercicio de un puesto electivo o en un organismo nombrado por el Congreso— coinciden lineamientos y consideraciones legales y políticas. En ese sentido, las protestas contra Trump —con mucha más gente que la que asistió a su juramentación— constituyen un mensaje claro al presidente y a la mayoría republicana en el Congreso: la mayoría de los estadounidenses están en contra de muchas de sus iniciativas y están listos para combatirlas.

En esa misma sintonía fueron las reacciones del gobernador Ricardo Rosselló, así como de la Comisionada Residente y los presidentes de los cuerpos legislativos a la agenda propuesta por la JCF el 18 de enero. En síntesis, para la Junta, el camino a seguir para asegurar el pago de la deuda a los bonistas (lo que aparenta ser su prioridad) es más impuestos, austeridad extrema, disminución de servicios básicos y despidos en el gobierno. Por su parte, los representantes de nuestro gobierno se opusieron en principio a implantar ciegamente dichas medidas y le requirieron a la Junta que colabore con iniciativas para el desarrollo económico y en cabildear para allegar fondos para la salud. Lo más importante es proyectar —al igual que los manifestantes contra Trump— que tanto el gobierno como el país combatirán las pretensiones de la Junta que sean contrarias a los mejores intereses de nuestro pueblo.

En ese sentido, no es casualidad que las primeras acciones de Trump, así como las de la Junta, ya han causado molestias y preocupaciones. Ya Trump ordenó la construcción del muro y ha eliminado el acceso de refugiados. Comenzó también la destrucción del Obamacare, que afectará a la población blanca pobre sin educación superior que, irónicamente, votó por él. En Puerto Rico la Junta ya ha perdido y continúa perdiendo adeptos por sus acciones y omisiones. Su receta, copiada del Fondo Monetario Internacional y destinada a asegurar el pago de la deuda, es significativamente distinta a la utilizada en los procesos de reorganización en Nueva York, el Distrito Capital y Detroit. Además, resulta paradójica la forma tan atropellada en que le solicitan al gobernador determinadas acciones en un corto periodo de tiempo y ellos ni siquiera habían nombrado a un director ejecutivo en propiedad a tiempo ni tienen oficina aquí, como requiere PROMESA. Ah, eso sí: lo primero que hicieron fue un contrato de relaciones públicas para ellos mismos. ¡Vaya si tienen claras sus prioridades! Mientras tanto, continúan reunidos de manera casi clandestina y a espaldas del país. Buena forma de ejemplarizar transparencia.

Es precisamente por lo anterior que no puede menospreciarse el valor social y político que tienen y seguirán teniendo las protestas y los reclamos contra Trump y la Junta. Ambos deben saber que no están por encima de la ley. Más importante aún: que sus actuaciones estarán siendo monitoreadas por todo un país vigilante. Porque una cosa es tener el poder y otra cosa es tener la razón.

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