Iván Garau Díaz

Tribuna Invitada

Por Iván Garau Díaz
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Protestas en un país de ley y orden

La comunidad puertorriqueña debe conocer de primera mano que los piquetes no están cubiertos todos por el derecho a la libertad de asociación y a la libertad de expresión, según se consigna en decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Los derechos constitucionales de libertad de expresión y asociación no son irrestrictos o absolutos. Tampoco son imperios de fronteras inmutables. Puerto Rico es víctima de demasiados piquetes violentos sin fundamentos.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió por voz de su otrora presidente, señor José Trías Monge, prohibir las protestas y piquetes residenciales porque violan el derecho a la tranquilidad del hogar de los ciudadanos privados para garantizar el derecho a la intimidad.

Las protestas y piquetes están prohibidos en sitios privados  o cuando coartan el derecho a la tranquilidad o intimidad de los ciudadanos. También están prohibidos cuando se vinculan con la comisión o intento de comisión de un delito.

Es impropia la práctica de piquetes con actos de vandalismo, que infrinjan el libre comercio o que tengan el propósito de descontinuar

los servicios esenciales públicos que recibe la ciudadanía.  

Puerto Rico, durante el último medio siglo, ha tenido un alto grado de politización que emana del derecho a la libertad de asociación y a la libertad de expresión, que es importante definir sus límites y efectuar acomodos, conforme a los postulados y valores de nuestra sociedad cambiante.

Como sabemos, gobiernos del Partido Popular Democrático (PPD) establecieron en Puerto Rico la práctica de discriminar por ideas político partidistas mediante la práctica de levantar y mantener carpetas, expedientes, listas, ficheros en los llamados libros negros (“Black Books”), única y exclusivamente por motivo de las creencias políticas e ideologías de éstas, sin que se tuviera prueba real que vinculara a esas personas con la comisión o intento de comisión de un delito.

El exgobernador Pedro Rosselló promulgó una orden ejecutiva para prohibir el carpeteo en Puerto Rico. También, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió un interdicto permanente a esos efectos. No obstante, el gobierno en el descargo de sus responsabilidades que le han sido encomendadas por ley, tiene el deber continuo activo de vigilancia y de combatir el crimen en protección de la vida, propiedad y seguridad de los ciudadanos.

El sistema constitucional requiere control sobre aquellas personas que promueven el derrocamiento violento del gobierno. El Estado tiene la obligación ministerial de perseguir la comisión de delito. La cantidad de crímenes en Puerto Rico es excesivamente alta y existe un interés apremiante del Estado en la prevención y persecución de las actividades delictivas que no constituyen carpeteo alguno.

Debe entenderse que, continuamente, enfrentamos un choque de valores entre la libertad de expresión y asociación con un valor más alto en la escala de valores para combatir los crímenes. El asunto no es resoluble mediante un análisis liviano de la cuestión.

El problema actual de demasiadas protestas indiscriminadas es que han proliferado por actuaciones caprichosas de un pequeño grupo minoritario con militancia líquida que la mayor parte de las veces protesta por protestar, sin ser un ejercicio legítimo del derecho a la libre expresión que afecta las libertades de los demás ciudadanos, y el desarrollo social y económico de Puerto Rico.

Es responsabilidad de los agentes del Estado ejercer activa vigilancia en protección de la vida, propiedad y seguridad. La Policía tiene un deber continuo de previsibilidad que incluye anticipar peligros de daño a esos derechos. Ello confirma la máxima  que “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”. Somos un país de ley y orden.

     Toda persona en Puerto Rico tiene derecho a la protección de la ley contra injerencias arbitrarias en su vida, propiedad y a que no se le altere la paz y tranquilidad. Estos derechos están arraigados en nuestra cultura democráctica que se expresa en las urnas. No en demasiados piquetes sin sustanciar impropios o como venganza al país por el repudio que han recibido de la inmensa mayoría del electorado.   

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