Antonio Quiñones Calderón

Punto de vista

Por Antonio Quiñones Calderón
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Pruebas, sí, cacería de brujas, no

La creación del espacio cibernético Centro para una Nueva Gobernanza para facilitar a los empleados públicos la denuncia de actos de corrupción en sus centros de trabajo merece absoluto reconocimiento desde la perspectiva de que toda iniciativa encaminada a detener el antiquísimo –y por lo visto, imparable– flagelo de la corrupción pública merece el aplauso general. Los integrantes del Centro anunciaron haber suscrito un acuerdo de confidencialidad como garantía de seguridad para los empleados públicos que hagan denuncias o envíen “pruebas” sobre actos de corrupción, bajo el cual sus nombres serán protegidos. He colocado entre comillas la referencia al suministro de “pruebas”, porque me parece puntual al momento de enviarse al espacio cibernético toda denuncia por corrupción. El alto valor de una iniciativa como esa reside en la seriedad y el alejamiento de un posible esquema de cacería de brujas motivada por enemistades personales entre empleados, apasionamiento político o ideológico, o cualquier esquema de “quítame allá esas pajas”. El registro de acusaciones infundadas, de toda índole, dirigidas al desquite personal y/o político, y el intento de destrucción de caracteres mediante ese esquema, luce bastante preñado. De manera que vale resaltar el requisito de pruebas que incluye la iniciativa del Centro.

Dicho lo anterior, es de rigor llamar la atención al dato de que, desde septiembre pasado, en virtud de una ley (144/2019) firmada por la gobernadora Wanda Vázquez, existe un nuevo mecanismo –no tan ampliamente publicitado, como debió ocurrir– que promueve la denuncia de actos de corrupción en la administración pública y garantiza el derecho de cualquier funcionario o empleado público que revele tales actos, obligándose el Estado a ofrecerle asesoramiento y/o representación legal gratuita a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para incoar o participar en cualquier procedimiento civil, penal o administrativo que surja al amparo de las protecciones que les son otorgadas a los denunciantes de actos de corrupción. 

Tanto esa ley como la iniciativa del Centro para una Nueva Gobernanza –repito, bien utilizada– son herramientas disponibles para que las autoridades públicas correspondientes advengan en conocimiento sobre quién, dónde y cuándo alguien mete su mano mala en los fondos públicos –y la propiedad que pertenece al pueblo, en toda agencia o entidad pública. La máxima de “cero tolerancia ante la corrupción” no puede mantenerse solo en su repetición a manera de eslogan publicitario, sino que tiene que evidenciarse en una respuesta rápida que, no solo castigue con toda la severidad que los estatutos provean, sino que sirva como advertencia a quienes les resulte tan fácil el desvío de los valores éticos en su conducta pública y privada.

La lucha contra la corrupción, ha advertido la organización Transparencia Internacional, trasciende el sentido moral –que lo tiene, desde luego–, pero la apremiante razón para luchar contra ella es detener el sufrimiento y la privación que esta trae a sociedades enteras, especialmente a las más pobres del mundo. Es ese el interés que debe mover a todos, proclamando esa lucha como asunto de la más alta prioridad pública.

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