Ismael Torres

Tribuna Invitada

Por Ismael Torres
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Puerto Rico al pelao

En una de esas fascinantes historias de espionaje que leí hace unos años, el personaje principal era un agente doble que había vivido tanto en la mentira y el subterfugio que había olvidado la verdad.

Con esto de la Ley PROMESA y la Junta territorial de control fiscal me pasa algo parecido a lo que le sucedía al doble agente, pues durante más de medio siglo el ejecutivo federal y el gobierno local nos aseguraron que en 1952 habíamos adquirido cierto grado de gobierno propio y que el congreso federal nada o poco tenía que ver con los asuntos internos y que podíamos gobernarnos, tener representación independiente en el campo olímpico y tener nuestras reinas en los concursos mundiales de belleza.

Esa ley federal y su junta nos dictan todo lo contrario y es posible que hasta no volvamos a ver a nuestro equipo de baloncesto enfrentarse en unas olimpiadas al quinteto de los Estados Unidos, con toda la pasión “nacional” que arranca esa experiencia. Y ni pensar en el efecto que tendría en amplios sectores del pueblo la posible ausencia de una de las nuestras en el concurso de Miss Universo.

Pero nada, como diría un buen amigo, tras el devastador paso del huracán María tenemos a FEMA, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, al propio presidente Donald Trump junto a sus más destacados miembros de su gabinete, y a decenas de tiburones de la política de Estados Unidos rondando las orillas de nuestras costas, atraídos por el olor de los millones de dólares que se proyectan asignar para la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso de la no tan santa María. 

Esta semana la Junta territorial de control fiscal pidió al congreso federal que haga los ajustes que sean necesarios para dejar claro los poderes que tiene ese organismo sobre el gobierno puertorriqueño para administrar sus finanzas, que conllevaría, a su vez, poder para nombrar funcionarios en las agencias que crean necesario a fin de garantizar el mejor uso del dinero federal que se asigne para reconstrucción de Puerto Rico.

Desde su aprobación el verano de 2016 he sostenido que la Ley PROMESA suprimió el gobierno de Puerto Rico y la primera muestra se vio cuando posteriormente aprobó el plan fiscal para Puerto Rico, con parámetros claros sobre lo que se puede aprobar a nivel legislativo local y cómo se dispondrá del dinero del erario.

Decía entonces que esa acción, unida a la decisión del Tribunal Supremo federal en el caso Sánchez Valle, desenmascaraba el carácter colonial de la relación política de Estados Unidos con Puerto Rico y echaba a la basura todas aquellas teorías sobre gobierno propio del Estado Libre Asociado.

Sin embargo, confunde y sorprende ahora la posición de los partidarios de la estadidad para Puerto Rico, que han montado una operación en Washington para impulsar la estadidad, de molestarse con la Ley PROMESA, que no hace otra cosa que no sea operar a Puerto Rico como una colonia, sin apellidos posibles, al pelao. Y en las colonias eso de las elecciones, legislaturas y otras pamplinas, son eso: pamplinas y nada más.

Confunde, pues, la campaña anticolonialista del gobernador Ricardo Rosselló y su equipo político antes, durante y después de pasadas las elecciones generales de 2016 frente a los reparos que presentan ahora sobre el poder de La Ley PROMESA y la junta territorial de control fiscal sobre los asuntos coloniales de esta isla caribeña. No debe caber duda en la cabeza de nadie que esa ley suprimió el gobierno local y que el poder real, sin ser electo por nadie está en manos de la junta, independientemente de la lectura que pueda hacer o no el gobierno local, electo o impuesto.

Tristemente, estamos donde comenzamos, en 1900, cuando Estados Unidos terminó su gobierno militar e instauró un gobierno civil, donde el presidente nombró a todos los funcionarios, desde el gobernador hasta su equipo de trabajo, incluyendo los jueces.

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