Carlos E. Ramos

Tribuna Invitada

Por Carlos E. Ramos
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Puerto Rico ante el mejor y el peor de los tiempos

Es complicado reflexionar sobre la incertidumbre en la gobernanza de Puerto Rico, a pesar del veredicto de la democracia participativa que se ha manifestado de forma contundente en las calles. 

Con todos sus defectos, la Constitución y la ley han producido una salida temporera al problema. El gobernador renunciante ha cumplido con su deber constitucional nominando a un secretario de Estado. La Asamblea Legislativa debe cumplir su rol constitucional y pasar juicio sobre el nominado. Hay tiempo, aunque escaso, para inquirir sobre su idoneidad y sus lealtades. El tiempo demanda un nombramiento apoyado por el partido de turno, la oposición política y la sociedad civil. No va existir unanimidad pues ello es imposible en tiempos de crisis. Además, debe existir siempre discrepancia en democracia. Ni la democracia representativa ni la participativa son perfectas.

El problema en este momento no es constitucional. Es político en el peor sentido de pequeñez. Algunos políticos de turno no captan lo que ha sucedido en el país. ¿Cómo explicar esta falta de entendimiento? Quizás sea por la novedad y rapidez de los acontecimientos. O quizás, por la vida en la jueyera colonial boricua, la desconfianza fundamentada o la incomprensión al no poder distinguir entre gobernar un partido político y gobernar un país. O quizás, por sus ambiciones e intereses personales. Son tiempos de activar una mentalidad que en siglos pasado hemos llamado de “frente patriótico” para salir de la crisis política. Ya lo decía con tanta lucidez el periodista y literato César Andreu Iglesias: nuestro DNA es idéntico al resto de la humanidad. Lo confirmamos hace unos días. Si acaso, es superior. 

Si se derrota al nominado, quedarían unas horas para un incierto segundo intento de parte del gobernador. Los tiempos demandarían los mismos requisitos del momento histórico: apoyo del partido de turno, de la oposición política y la sociedad civil. Pero, sobre todo, dejando a un lado la pequeñez ya aludida. 

De lo contrario, se activa la ley 7 de 1952 según enmendada, y el próximo viernes a las 5:01 pm la gobernadora sería la que ordena la ley: la actual secretaria de Justicia. Otra vez, la Constitución y la ley trazan el camino tal como si fueran pilotos automáticos. Pero, con sus luces y sombras, es predecible lo que sucedería bajo esta gobernación. El pronóstico se asemeja a los “tiempos huracanados” que comenzamos hace unas semanas. En un sentido, la crisis ha creado conciencia de la importancia de configurar un gabinete constitucional que refleje el mandato electoral pero conveniente para el Puerto Rico de estos tiempos. Cada miembro del gabinete constitucional también debe estar consciente de la obligación que asumen con la ley “sucesoral” ya citada.

Por supuesto no somos invidentes. No lograr un resultado exitoso parecería implicar que es necesario que alguna persona o institución tenga el poder de convocatoria de aunar fuerzas para salir del marasmo político. Lamento no poder identificarla. O más bien ello deba celebrarse: será otra vez el país en la calle quien nos muestre el camino.

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