Arturo Estrella

Tribuna Invitada

Por Arturo Estrella
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Puerto Rico ante la Reserva Federal

El “estatus” de Puerto Rico se puede resolver rápidamente sin muchas complicaciones y la decisión está en manos de cuatro funcionarios federales. “¿Qué locura es esta?”, dirá usted. Pero si aclaramos esta aseveración, no sólo es cierta sino que podría contribuir al manejo de la crisis fiscal.

Primero vale precisar que no me refiero al estatus político de Puerto Rico, sino al estatus que le asigna a la Isla el Sistema de Reserva Federal (el Fed) al llevar a cabo sus funciones. Cuando el presidente del Fed de Nueva York se dirige a los puertorriqueños en un discurso o en la publicación de un estudio, suele decir que está orgulloso de que Puerto Rico sea parte del segundo distrito del Fed, que incluye a Nueva York y porciones de Nueva Jersey y de Connecticut. ¿Quiere decir eso que Puerto Rico recibe el mismo trato que estos estados para propósitos del Fed? Si se investiga más a fondo, la situación es confusa.

A principios del 2014, la Fundación Francisco Carvajal me solicitó que examinara, entre otras cosas, la posibilidad de que el Fed le ofreciera a Puerto Rico herramientas financieras para bregar con la crisis. Al indagar sobre la base legal de la ubicación de la Isla en el distrito de Nueva York, encontré que esa base era menos sólida de lo que sospechaba. Puerto Rico no se menciona en la ley que crea el Fed y lo rige. La Junta de Gobierno del Fed sí se refiere a Puerto Rico en varios reglamentos, pero con trato inconsistente. Por ejemplo, se trata como estado y parte del segundo distrito en un solo caso, como estado en 9 casos y como país extranjero en otro. En los demás reglamentos no se menciona y por lo tanto no hay guía al aplicar esas otras partes de la ley a Puerto Rico. ¿Qué efecto tienen esas inconsistencias y omisiones sobre la relación del Fed con la Isla?

Veamos un ejemplo. La sección 14(2) de la ley del Fed provee que, sujeto a los reglamentos que emita la Junta, cada banco de reserva federal puede comprar y vender obligaciones del gobierno federal, de gobiernos de los estados y sus subdivisiones (con término máximo de seis meses) y de países extranjeros y sus agencias. De esta forma, la geografía de la ley cubre casi todo el planeta, con la excepción de Puerto Rico y otros territorios. Al promulgar el reglamento que corresponde a esta parte de le ley, la Junta pudo haber hecho uso de uno de los variados precedentes que había empleado en otros reglamentos existentes, pero decidió no mencionar a Puerto Rico.

En términos generales, lo ideal sería que se le diera a Puerto Rico trato consistente en todas las funciones del Fed, lo cual está al alcance de la Junta. Y aquí llegamos a los cuatro funcionarios federales. La Junta del Fed está compuesta en principio de siete miembros, pero en la actualidad hay dos vacantes y otra renuncia que será efectiva en abril. En estas circunstancias, los otros cuatro miembros podrían tomar la decisión.

De este análisis surgen varias preguntas. ¿Está consciente de estas inconsistencias el liderato del Fed, en específico su Junta de Gobierno? En todo caso, ¿no sería aconsejable que el gobierno de Puerto Rico le hiciera esta pregunta al Fed y que le exigiera a la Junta que tome una decisión coherente con respecto al trato a Puerto Rico? Finalmente, si se le asignara a Puerto Rico un estatus consistente, ¿estaría dispuesto el Fed a comprar obligaciones de Puerto Rico bajo la sección 14(2) de la ley? Ese es otro tema diferente. Vamos un paso a la vez.

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