Gustavo Vélez

Tribuna Invitada

Por Gustavo Vélez
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Puerto Rico ante su encuentro con la verdad

“Solo la verdad, os hará libres”

-San Juan de la Cruz

El lado positivo de la actual crisis es que las ficciones y mentiras sobre las cuales se fundamentaron muchas de las decisiones fiscales y económicas en las pasadas tres décadas, se están gradualmente destapando. Lo triste y negativo de este proceso es que no fuimos capaces de construir soluciones por nosotros mismos. El Congreso tuvo que enviarnos unos supervisores financieros para hacer el trabajo que los políticos electos no quisieron hacer por miedo al costo electoral.

A menos de dos semanas, para que se comiencen a sentir los efectos de la austeridad fiscal sobre los empleados públicos, la demagogia de nuestra clase política intenta monopolizar la discusión pública. Resulta, que la ley PROMESA era buena para acribillar a los acreedores y enviar a la quiebra (Título III) los principales créditos del gobierno, pero ahora es mala cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), intenta implementar la disciplina fiscal que exige PROMESA.

Si leo bien los argumentos que se esbozan, parece que el gobierno quiere un rescate del aparato gubernamental financiado por el dinero de los acreedores y los pensionados. Es decir, podemos cortar pensiones y no pagar la deuda, todo para salvar un gobierno que es insostenible. Si esa es la premisa, entonces, no se ha aprendido nada de por qué tenemos la actual crisis.

A continuación, presento la hoja de ruta ya delineada, que demarca las acciones concretas para el saneamiento fiscal del país, que será dolorosa, pero que nos va a llevar a nuestro encuentro con la verdad.

El Plan fiscal, como estipula la Sección II de PROMESA, fue aprobado el pasado 30 de marzo. El mismo establece los lineamientos para cuadrar el déficit del gobierno central de $7,000 millones. El Plan, aunque está siendo cuestionado por los acreedores, provee las acciones concretas para que la Rama Ejecutiva implemente las reformas de gobierno y la reducción de gastos, que permitirá encaminar el saneamiento fiscal. Este Plan avalado por la administración incluía la posibilidad de recortes en la jornada laboral.

Aunque prometió que la deuda se podía pagar, el 1 de mayo de 2017, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, le solicitó a la JSF la activación del Título III de PROMESA que envió la deuda constitucional (GO), COFINA, la deuda de la Autoridad de Carreteras (AC), y eventualmente, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya hay $50,000 millones (71.4% del total) de la deuda pública de Puerto Rico bajo Título III de PROMESA, y el proceso de reestructuración de la deuda lo dirige la jueza federal Laura Taylor Swain.

Durante la primera semana de agosto, se aprobó legislación (P. del S. 603) dirigido a privatizar los sistemas de pensiones del gobierno central, el sistema de los jueces, y el de los maestros.

La deficiencia actuarial combinada de los sistemas de pensiones es de $40,000 millones, y el costo anual de desembolso de pago de pensiones está cercano a los $1,800 millones. El gobierno ha asumido el pago de las pensiones del Fondo General, ante el cercano colapso de los sistemas de retiro. Al momento, se encuentran más personas en el sistema de retiro que personas aportando al plan de retiro.

La eliminación de $150 millones en subsidios por parte del gobierno central a los municipios está generando fuertes presiones fiscales en los ayuntamientos que ya enfrentaban serios retos por la quiebra del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que les proveía una fuente de recursos. Se estima que hay 40 municipios al borde de la insolvencia, y que ya han reducido jornada laboral.

Ante la ausencia de mecanismos para auxiliarlos financieramente, es altamente probable una intervención de la JSF para reestructurar a los municipios. Con toda probabilidad, la JSF promueva una reorganización de los ayuntamientos bajo una estructura de consorcios regionales, que les permita reducir costos en servicios esenciales como recogido de basura, seguridad, administración, y la fiscalización de recursos.

Los municipios generan la mayoría de sus ingresos de la patente municipal, el IVU, y otras fuentes. Aun así, muchos municipios incurrieron en deuda mayor a las fuentes de repago que tenían, lo que los llevaba al BGF para poder repagar deuda y cubrir gastos operacionales municipales.

Es harto conocido que el modelo de “Mi Salud”, corre el riesgo de quedarse sin financiamiento en los próximos meses, en lo que se conoce como el “Healthcare Fiscal Cliff”, ante la renuencia del Congreso federal de extender nuevos recursos fiscales, la propia JSF recomendó al gobierno implementar una reducción de $800 millones en el gasto destinado a este renglón. De todos, los elementos de riesgo este es el más potencialmente peligroso desde el punto de vista social.

Los retos nos sobran, solo nos faltan líderes valientes que nos guíen por la ruta de la verdad.

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