Carlos I. Gorrín Peralta

Punto de vista

Por Carlos I. Gorrín Peralta
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Puerto Rico en busca de legitimidad

Durante las últimas semanas, el país ha sufrido una crisis de legitimidad gubernamental. El pueblo se vació en las calles ante la ilegitimidad de la corrupción y el desgobierno por personas que a base de intereses personales y político partidistas, abusan del poder. La renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares no resolvió las inquietudes. Entonces comenzó el problema de la sucesión. Puerto Rico sufrió incertidumbre por las luchas internas entre las facciones del partido de gobierno. El asunto se trasladó del escenario político al jurídico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha declarado inconstitucional la pretensión del licenciado Pedro Pierluisi de ocupar la gobernación del país.

La decisión del Tribunal Supremo emitida hoy, miércoles, 7 de agosto de 2019, valida lo que desde hace dos semanas había adelantado la gran mayoría de las personas entendidas en el derecho constitucional. Para que la persona que ocupa la Secretaría de Estado pueda acceder al cargo de la gobernación, como dispone la Constitución, es preciso que haya sido confirmado por el Senado y por la Cámara de Representantes. Un reducido grupo de personas argumentaba que o no era necesario; lo conveniente era pasar la página mediante una interpretación creativa y estirada del texto constitucional, para terminar la controversia y regresar a la normalidad. El Tribunal Supremo le ha dicho a los dispuestos a traicionar la Constitución y el principio de gobierno de los gobernados que, para terminar una controversia, por grave que sea, no se puede extinguir la democracia.

La opinión del Tribunal Supremo es otra forma de buscar legitimidad. Es una inusual opinión unánime que dramatiza la fortaleza de la decisión y disipa dudas sobre su corrección jurídica. Se crece el poder judicial cuando arremete con fuerza contra el abuso del poder gubernamental fuera de los límites impuestos por la constitución. Al hacerlo, el poder judicial se desvincula, como debe ser siempre, de las facciones político-partidistas, y promueve confianza en la institución judicial como garante de los derechos del pueblo ante los abusos de los gobernantes.

Dicho esto, sin embargo, no debemos ilusionarnos con la idea de que ya se resolvió todo. Quedan interrogantes técnicas sin contestar. Por ejemplo, se invalidó la disposición de la ley de 2005 que hubiera permitido a un secretario de Estado ocupar la gobernación sin confirmación. ¿Significa esto que todo lo que dice la ley del 2005 es inválido, o solo ese aspecto? Eso requerirá legislación.

Más importantes son las interrogantes que debe hacerse el país sobre quién, en efecto, va a ocupar la gobernación. A la licenciada Wanda Vázquez le corresponde como secretaria de Justicia, pero no sabemos si ahora le interesa gobernar el resto del cuatrienio, o si se abre un nuevo proceso para identificar una persona que ocupe la secretaría de Estado, debidamente confirmada, para sucederla cuando renuncie. El sainete no ha terminado. Una vez más se cierne sobre el país la sombra de decisiones importantes tomadas a espaldas del país, a base de intereses personales y partidistas.

Las preocupaciones e inquietudes manifestadas por el pueblo en las últimas semanas en torno a la corrupción, la ineficiencia gubernamental, la crisis fiscal, la deuda impagable, la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal siguen amenazando la legitimidad de nuestra gobernanza. Es preciso que el país le requiera a quienes ocupan las posiciones de poder que instauren un mecanismo para canalizar las inquietudes, mediante una revisión integral de nuestra Constitución y la revisión de las condiciones estructurales de subordinación política que impiden nuestro desarrollo. Hay que seguir buscando la legitimidad.

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