Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Puerto Rico en caída libre

En septiembre veremos, en definitiva, en qué queda el enfrentamiento entre el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Será un mes crucial para Puerto Rico.

Para las gradas, el gobernador está sacando pecho ante la decisión de la JSF de reducir la jornada laboral de decenas de miles de empleados públicos en septiembre, algo que Rosselló Nevares sabía desde que se adoptó el Plan Fiscal y, eventualmente, el presupuesto operacional para el año fiscal que empezó el 1 de julio.

El gobierno no puede hacerse el sorprendido con el anuncio de la JSF, pues estaba advertido de que si no cumplía con los ahorros requeridos por el organismo federal, la reducción de jornada laboral sería una de las medidas a tomarse para cuadrar los gastos fiscales. Originalmente, el recorte iba a ser de cuatro días al mes, pero la Junta lo ajustó a dos días mensuales.

Como nota al calce, el pasado fin de semana pudimos ver cómo el gobernador elevaba el tono de su discurso en contra de las decisiones de la Junta al hablar ante la asamblea anual del Partido Nuevo Progresista, que preside. No obstante, el mal ejemplo que ha dado su gobierno en temas fiscales cruciales contradice su reto a la JSF.

Para que su enfrentamiento valga para algo, habría que enmendar los supercontratos de Julia Keleher en el Departamento de Educación y de Héctor Pesquera en la nueva sombrilla de Seguridad Pública, entre otros, además de bajar los sueldazos en la Fortaleza.

Además, sería indispensable imponer controles mucho más estrictos a los gastos, principalmente en los contratos externos de servicios profesionales, ya que la reducción del 10% fijado como norma por el gobernador es insuficiente, sobre todo en las agencias que tienen personal regular para realizar las mismas tareas.

Pero no es solo el gobierno el que tiene que enmendar sus pasos. La Junta Fiscal también debería predicar con el ejemplo ajustando sus gastos y su contratación externa, que son financiados por el empobrecido erario puertorriqueño cuando, tratándose de un organismo federal, lo lógico sería que su financiamiento proviniera de fuentes federales.

Mantener las malas costumbres fiscales de siempre resulta en perjuicio extremo para el ciudadano de a pie.

La reducción de la jornada laboral es un hecho. A menos sueldo, menos poder adquisitivo y, en consecuencia, menos ingreso para el gobierno. A menos sueldo, más dependencia en ayudas sociales, como el Plan de Asistencia Nutricional (PAN) y la reforma de salud. A menos sueldo, mayor criminalidad, inestabilidad social e inseguridad ciudadana.

Lo que urge entonces es prepararse para resistir el golpe. Para detener la caída libre, el gobierno necesita reconocer la crisis, abandonar el discurso triunfalista, fijar responsabilidades a quienes corresponda.

Además, de una vez por todas, hay que meterle mano a la burocracia y achicar el tamaño del gobierno. Como ha planteado la economista Heidie Calero, un simple ejercicio aritmético demuestra que si se ha ido más de medio millón de personas del país y la población escolar ha bajado a poco más de 300,000 estudiantes, hay que actuar en consecuencia.

Lo que eso quiere decir es que, más allá de cerrar escuelas con matrícula insuficiente, hay que reducir el tamaño del gobierno y poner a trabajar las economías que se logren. En otras palabras, realizar inversión pública que genere empleos e incentivar la inversión privada solo si hay compromiso real de creación de empleos y de permanencia en el país.

El mensaje, en resumen, es que se debe actuar como lo que somos: un país empobrecido por culpa de haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Solo del reconocimiento de esa realidad será posible la reconstrucción.

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