Carlos E. Ramos

Tribuna Invitada

Por Carlos E. Ramos
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Puerto Rico en tiempos extra-constitucionales

El concepto extra-constitucional es muy problemático. No se debe actuar al margen de la Constitución. Al menos, no un gobierno electo por el pueblo. Ello aplica aun cuando el escenario tiene de trasfondo una Constitución que contiene poderes meramente prestados por el Congreso.

El empleo de este peligroso concepto no es ajeno a nuestra historia constitucional. El propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo utilizó cuando desarrolló la doctrina infame de los casos insulares que permite al Congreso, al decir del juez disidente John M. Harlan, a “actuar dentro de la Constitución a la vez que se actúa fuera de ella”. La usamos en tiempos recientes cuando se legisló la también infame “deuda extra-constitucional”.

Ahora enfrentamos un predicamento constitucional que evoca esos tiempos, aunque otras circunstancias. En el fondo de los conflictos extra-constitucionales subyace una verdad: la realidad se impone. Como es común, la legalidad es reaccionaria dado que suele llegar tarde y obligada. El país marcó la legalidad y la constitucionalidad del momento antes de que estos últimos se enteraran.

Al momento de escribir esta reflexión el Senado de Puerto Rico se encuentra ante una realidad extra-constitucional en medio de un conflicto político-constitucional. Se reúnen en una sesión cuya constitucionalidad es cuestionada para pasar juicio sobre un nombramiento que ni la ley ni la constitución contemplan. Formalmente, no van a ofrecer un “consejo y consentimiento” como dicta la tradición constitucional. Parece que actuarán dentro y fuera de la Constitución a la misma vez. Nadie pueda dar certeza jurídica sobre los efectos de su actuación. Seguirán un proceso iniciado bajo la Constitución, pero pospuesto para una fecha que creaba incertidumbre constitucional.

Si efectivamente se someten a este proceso extra-constitucional, su voto podrá tener consecuencias en un futuro litigio. La votación en la Cámara fue dentro del margen que autoriza la Constitución: pasar juicio sobre un nombramiento tardío de un secretario de Estado en una sesión debidamente convocada antes de existir una vacante en la gobernación. El gobernador que ha asumido el cargo, ha informado verbalmente que “renunciará” si no es “ratificado” con su voto. Pocos anticipábamos esta salida creativa. Si este voto es de ratificación pienso que tendrá impacto sobre cualquier litigio donde con sobrada razón se cuestione la constitucionalidad de todos estos eventos. Ayudará a los que favorecen la acción extra-constitucional para intentar regresar a un cauce constitucional. Después de todo, los jueces y juezas que decidirán el asunto han vivido el país en estos tiempos. Si el voto es negativo, y el gobernante cumple su palabra, se activaría nuevamente con toda su fuerza la lectura constitucional de la Ley 7-2005. No estoy tan seguro de que ello eliminará litigios inmediatos.

Confió en que la Rama Judicial recuerde el contexto de la defectuosa y confusa enmienda a la Ley 7. Se intentó remediar de forma rápida la incertidumbre creada por el mal llamado gobierno compartido de esos años. La Rama Legislativa no quería confirmar a una secretaria de Estado que llevaba meses actuando con un nombramiento de receso. Entonces, el remedio ad hoc: una secretaria de Estado de receso, por excepción, podría ser gobernadora permanente para completar creada por una vacante absoluta del cargo de gobernador. Es la misma difícil disyuntiva que tendrá el Tribunal Supremo de Puerto Rico si llega la controversia: resolver la crisis inmediata con la mira puesta en el futuro. La Asamblea Legislativa también tiene una tarea impostergable: una revisión ponderada de la ley cuestionada atendiendo las lecciones que han debido aprender.

Jamás imaginamos estos tiempos. Ni en nuestra peor pesadilla, imaginamos las actuaciones del gobernante despedido ni las formas asumidas al irse.  Pero tampoco imaginamos el sueño del despertar hermoso de un poderoso país vigilante en la calle y reflexionando sobre su constitución “prestada”.



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