Tom Sanzillo

Tribuna Invitada

Por Tom Sanzillo
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Puerto Rico necesita urgentes reformas anticorrupción

Cathy Kunkel es coautora de esta columna.

En las últimas dos semanas, la ex secretaria de Educación y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud fueron acusadas de cargos de corrupción. El secretario de Hacienda fue despedido. El secretario de Estado y el principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico fueron despedidos por su participación en una extensa conversación entre el gobernador y sus asesores más cercanos, en la que hicieron comentarios inapropiados sobre otros líderes y se discutieron actividades posiblemente corruptas. 

Es probable que el gobernador Ricardo Rosselló se vea obligado a dimitir o enfrentar el residenciamiento.

También se acusó al socio director de la empresa de auditoría BDO Puerto Rico. En los últimos dos años, BDO ha tenido contratos de auditoría y contabilidad con más de 15 agencias puertorriqueñas, incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El estado financiero de estos organismos es el documento básico utilizado para preparar documentos presupuestarios y obtener un acceso renovado a los mercados de bonos.

Esta implosión del gobierno de Puerto Rico es repentina e inesperada, pero no del todo sorprendente. Durante años, el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero  (IEEFA) ha señalado la falta de controles internos para los contratos privados en Puerto Rico, lo que dejó la puerta abierta exactamente para los tipos de escándalos de contratación que derribaron a las titulares de la Administración de Seguros de Salud y Educación y el socio gerente de BDO. 

El chat del gobernador también indicó una posible corrupción en el proceso para contratar la operación y el mantenimiento del sistema de transmisión y distribución eléctrica de AEE. El IEEFA ha comentado previamente el aparente sistema de pago por juego de contribuciones de campaña y contratos gubernamentales, ejemplificado por la recaudación de fondos del gobernador Rosselló en Wall Street el pasado mayo.

El gobernador se ha visto obligado a prometer importantes reformas de contratación y anticorrupción, aunque sin ningún detalle todavía sobre cuáles podrían ser. Esas promesas se han hecho antes.

Desde 2016, IEEFA ha estado pidiendo la instalación de un Inspector General Independiente del Sector Privado (IPSIG en inglés) para actuar como un monitor independiente de corrupción dentro de AEE. El IPSIG trabajaría con el gobernador y los jefes de agencia, no reemplazaría el liderazgo legítimo de Puerto Rico. 

Un IPSIG estaría facultado para investigar las operaciones de AEE, implementar reformas para eliminar actividades derrochadoras y/o ilegales, y denunciar violaciones de la ley a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Si bien IEEFA ha propuesto este modelo para AEE, también se podría implementar un IPSIG para reformar cualquiera de las otras agencias presuntamente corruptas de Puerto Rico. 

El gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) están tratando de impedir que el tribunal de quiebra de la AEE escuche una moción para implementar un IPSIG para la Autoridad. En testimonio de apoyo a la moción de la JSAF ante el tribunal de bancarrota, Christian Sobrino – el director financiero del gobierno, miembro de la junta de la AEE y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, quien fue despedido sábado – hizo la dudosa afirmación de que las reformas de administración de la AEE están funcionando y su proceso de contratación tiene suficiente supervisión.

Si los líderes de Puerto Rico se toman en serio mostrar que se están implementando reformas contra la corrupción, deben traer inmediatamente un monitor de corrupción independiente, con responsabilidades ante la legislatura de Puerto Rico, la JSAF, la corte de bancarrota y el Congreso de los Estados Unidos – para emprender las reformas que deberían haber ocurrido hace años.

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