Hernán Padilla

Tribuna Invitada

Por Hernán Padilla
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Puerto Rico no es Detroit

Cada día se complica más la relación entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal. Mientras tanto, se informa que la ciudad de Detroit acaba de ser liberada de la Junta que supervisaba las finanzas desde 2013.

Existen diferencias legales, constitucionales y fiscales entre Detroit y el territorio colonial de Puerto Rico. Detroit ha estado bajo supervisión federal o estatal desde 1977. En 2013, el gobierno estatal nombró la Comisión de Supervisión Fiscal Estatal, limitó los poderes de la Legislatura Municipal y del alcalde, y logró la restructuración de la deuda pública de $7 mil millones. Detroit se acogió al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal y salió de la bancarrota en 2014.

Cuando la ciudad sometió tres auditorias fiscales certificadas con un presupuesto balanceado, la Comisión Estatal dio por terminada su intervención. La ciudad recuperó su autonomía fiscal. La Comisión Estatal continuará monitoreando la estabilidad fiscal de la ciudad por diez años y podría tomar acción si ocurre algún déficit. Moody’s estableció la capacidad crediticia de Detroit como B1 con una proyección positiva. La ciudad ha creado un fondo para comenzar a pagar las deudas y hacer aportaciones a las pensiones.

En cuanto a Puerto Rico se refiere, todos conocen que cuando la clasificación crediticia del gobierno central, el Banco Gubernamental de Fomento y las corporaciones públicas fue degradada a chatarra, Alejandro García Padilla declaró que la deuda era impagable. Pero olvidó que el Estado Libre Asociado colonial no tiene autoridad legal para solicitar protección bajo el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal. El gobierno fracasó en el manejo de la crisis fiscal y el Congreso solicitó estados financieros auditados e informes sobre las finanzas de Puerto Rico, su plan para reducir el gigantismo gubernamental, reestructurar las corporaciones públicas, operar con un presupuesto balanceado y reducir sus gastos.

Ante el colapso, el gobierno de Puerto Rico solicitó al Congreso la protección de la quiebra que obligó al Congreso a aprobar la Ley Promesa y una junta independiente con poderes y autoridad para supervisar las operaciones del gobierno, reestructurar la deuda y ayudar a que la isla tenga acceso al mercado de bonos. La Junta no es una agencia federal, pero tiene autoridad para aprobar y certificar los planes fiscales y los presupuestos sometidos por el gobernador y la Legislatura.

Al comenzar las discrepancias entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta, la jueza Laura Taylor Swain intervino y decidió que la Junta no tenía autoridad para nombrar un síndico en la Autoridad de Energía Eléctrica. Basado en esa decisión, el gobernador sostuvo que la Junta no tiene poder sobre el gobierno y que la administración pública se mantiene bajo el gobierno electo.

Detroit tiene una población menor que la de Puerto Rico, un territorio colonial que aspira a ser estado. Ambos han sido afectados por el desplome de la economía y la quiebra fiscal gubernamental. Detroit está sujeto a una Junta de Supervisión Fiscal Estatal. La de Puerto Rico fue creada por el Congreso.

Detroit se sometió al proceso, hoy celebra que ha salido de la quiebra y tiene un futuro prometedor. Puerto Rico apenas comienza el proceso, aún no se ha reestructurado su deuda y el cuestionamiento de los poderes de la Junta tendrá que definirse en la Corte federal.

Ramón Ponte, presidente del Colegio de Contadores Públicos, sostiene que se critican las medidas de austeridad como si fueran opcionales e ignoramos la raíz del problema. Por años, nuestros gobiernos gastaron por encima de nuestros ingresos, tomaron prestado para cubrir los déficits. Los recortes de gastos son consecuencia de la falta de recursos y de acceso a los mercados de capital. No podemos gastar lo que no tenemos. Las obligaciones con bonistas y pensionados son enormes.

Concurro con Ponte: “Las reformas estructurales que el gobierno impulsa son necesarias. Enfoquemos la discusión en mejorar las propuestas. Tenemos que transformar el gobierno”. Por Puerto Rico, urge reestructurar, acordar, presupuestar, reservar fondos y comenzar a pagar las deudas negociadas.

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