Eduardo A. Bhatia

Tribuna Invitada

Por Eduardo A. Bhatia
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Puerto Rico: quiebra de credibilidad

El 4 de agosto será recordado como un día triste para Puerto Rico, cuando se determinó reducir la jornada laboral en el servicio público por dos días mensuales por los próximos 10 meses. 

Ante la incapacidad de la Administración de Ricardo Rosselló y la Legislatura de mayoría novoprogresista de tomar medidas efectivas, claras y confiables para reducir el gasto público, la Junta de Supervisión Fiscal puso en vigor lo que ya anticipaba el propio Plan Fiscal certificado y celebrado por Rosselló en marzo pasado: otra factura que pagarán los servidores públicos. 

El anuncio de la Junta se hizo en la mañana de hoy con declaraciones importantes.  Duele escuchar, por ejemplo, a la señora Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta, reiterar una y otra vez durante dicha reunión que ese organismo no recibió datos confiables de este gobierno; que sus cifras no eran correctas; que había falta de credibilidad en la ejecución del gobierno; que la reducción de gastos que tanto ha profesado públicamente el gobernador no son tales economías; y que la Junta acude a esta medida porque simplemente el ahorro de $260 millones no se materializó.

Esas expresiones no son livianas.  Son el testimonio de la frustración de un grupo técnico cuyo trabajo es verificar si finalmente Puerto Rico cumple con los compromisos que esta Administración asumió. 

Tristemente, la respuesta fue que no se está cumpliendo con los compromisos que el gobernador contrajo.  El problema no sólo radica en las consecuencias inmediatas de acciones correctivas, sino que les resta mucha credibilidad a las gestiones futuras que esta Administración tenga que llevar a cabo para restaurar la confianza en el resultado de sus ejecutorias.

Que nadie se llame a engaño ni crea que la determinación de la Junta es abrupta o que tomó a la Administración por sorpresa. La decisión de reducir la jornada laboral es, precisamente, la política pública que aprobó este mismo gobierno al certificar el plan fiscal en marzo. 

El señor José Carrión y otros miembros de la Junta le refrescaron la memoria al representante del gobierno en la mañana de hoy.  Como si fuera una campaña política, sin embargo, los representantes del gobernador insisten e insistirán que el Plan Fiscal no incluye una reducción a la jornada laboral.  En vez de adivinar quién tiene la razón es más fácil ir a la página de la Junta, buscar el Plan Fiscal de Rosselló y encontrar que dicha condición estaba acordada entre las partes.

Ahí estriba el empeño de esta Administración de esconder documentos, mantener en secreto la información que debe ser pública y los esfuerzos mediáticos por distraer, engañar, confundir, desorientar, engatusar y enredar al país.  Quien no conoce la información no puede confrontar al gobierno con su propio Plan Fiscal.  En ese juego que dirige Rosselló no solo pierde él: pierde Puerto Rico. 

No es momento de celebrar; es momento de ser transparente con las finanzas del país.  Este desenlace lo anticipé hace meses, cuando en mayo solicité mediante demanda en el Tribunal que se hiciera público el presupuesto propuesto por el gobernador Rosselló a la Junta.  Curiosamente, al mismo tiempo en que la Junta de Supervisión Fiscal denunciaba la falta de transparencia de la Administración en su reunión en Fajardo en la mañana de hoy, el Departamento de Justicia, en representación del gobernador, radicaba en el Tribunal de Apelaciones un recurso en contra de mi solicitud para seguir negando la publicación de ese presupuesto propuesto bajo PROMESA.

Hoy más que nunca somos víctimas de las consecuencias de la falta de transparencia de este gobierno. No conocer los números exactos, las propuestas del gobierno, los recortes o las proyecciones nos ha llevado directo a lo que hoy vivimos. No debe quedar duda de que el gobernador no quiere que el pueblo sepa la verdad y los recortes que propuso. 

Es fundamental entender que bajo las mismas propuestas del gobernador, sin la intervención de la Junta en mayo, este escenario era anticipable.  Me imagino que por eso, entre otras razones, el gobernador sigue luchando por mantener ese documento en secreto negando acceso al escrutinio público.  Puerto Rico tiene que seguir dando la batalla por lograr la transparencia, la divulgación de documentos públicos y reclamar el derecho a saber de todos los puertorriqueños.  Sólo así saldremos de la otra bancarrota: la quiebra de la credibilidad.

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