Carmen Dolores Hernández

Tribuna Invitada

Por Carmen Dolores Hernández
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Puerto Rico tiene capital social

El hecho de que el gobierno —y sus sucesivas administraciones— nos hayan fallado miserablemente con su ineficacia (ni siquiera pueden producir estadísticas confiables), no significa que tengamos que tirar la toalla y abandonarnos a los embates de una fortuna incierta. No tendremos capital económico, pero tenemos capital social.

Es el momento de que la sociedad civil contraataque, poniendo de nuevo manos a la obra (esta vez sin paternalismos gubernamentales) y haciendo uso de la solidaridad humana que nos ha caracterizado. Esa solidaridad y organización deben oponerse al desconcierto del gobierno. A nuestro favor tenemos redes y conexiones establecidas; tradiciones —aunque incipientes— de trabajo hacia un fin compartido; asociaciones de todo tipo. Ese capital social no solo vale tanto como el económico sino que propicia su crecimiento. Las iniciativas privadas y comunitarias fortalecen el tejido social; se oponen al divisionismo político y se alejan de los intereses eleccionarios.

No hemos empezado a explorar las capacidades de la sociedad civil. Nuestra inacción ha contribuido al desastre. Ocupados en nuestros asuntos, hemos dejado que nos pasen por encima carretas y carretones de abusos contra los que no hemos reaccionado a tiempo ni con suficiente fuerza. Confiando en que los gobiernos proveerían la solución de nuestros males, renunciamos al pensamiento analítico y a la voluntad de organizarnos para enfrentar, al margen de la política, las situaciones problemáticas.

El bienestar económico (relativo pero real) del que disfrutamos hasta hace aproximadamente una década fomentó el aislamiento, el énfasis sobre el progreso individual. Dejó en manos del gobierno de turno el mejoramiento social y económico general. Ahora vemos el fracaso de administración tras administración dominadas por afanes eleccionarios que dependían de que sus directrices —mal pensadas y peor estructuradas— desembocaran en resultados rápidos. La clase política no ha podido —ni querido— comprender la realidad del país y sus problemas y mucho menos ha intentado corregir esos problemas de raíz, prefiriendo ajustar sus planes y proyecciones a moldes pre-fabricados, ajustados a otras situaciones, en vez de buscar los adecuados a nuestra realidad.

A los ciudadanos, por otra parte, no se les ha inculcado su obligación moral con la sociedad en la que viven ni se les ha hecho ver que el bienestar individual depende en gran parte del colectivo, mermando así el capital social más evidente del que disponíamos: la solidaridad. Estamos reacios a comprometernos con las causas comunes, a esforzarnos por lo que no redunde en el propio provecho. Y, sin embargo, las acciones concertadas fortalecen la sociedad civil, propician una convivencia más satisfactoria y permiten una inserción más directa en la vida del país. Generan entusiasmo y optimismo, actitudes que han desaparecido de un ambiente marcado ahora por lamentos, quejas y amarguras.

A lo largo de nuestra historia nuestra tradición de solidaridad nos ha servido para sobrevivir como pueblo en medio de catástrofes sin cuenta. Otra constante histórica nos ha llevado a actuar al margen de los poderes constituidos (de maneras que, a largo plazo, fueron improductivas: ponemos como ejemplo el contrabando y el desconocimiento —para todos los efectos prácticos— de los estatutos de la ley y el orden). Podríamos orientar mejor tales tendencias, haciendo bueno, en el segundo caso, lo de actuar al margen del gobierno, aunque no —como antes— contra él, sino de manera paralela y constructiva. Construiríamos así una sociedad civil más fuerte, alerta y activa para oponerse al caos que amenaza. La acción conjunta y solidaria puede producir una diferencia significativa en el estado actual de las cosas. El país depende, en último término, de nuestra capacidad de comprometernos con su futuro.

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