Emilio Pantojas García

Tribuna Invitada

Por Emilio Pantojas García
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Puerto Rico y la reinvención del subdesarrollo


¿Por qué la Ley 80 se convierte en el eje del debate en torno al presupuesto de Puerto Rico? ¿Por qué se dice que eliminar la presunción de que todo despido es injustificado estimulará crecimiento económico? ¿Por qué el menoscabo de los derechos y beneficios de los trabajadores se presenta como una medida de estímulo al desarrollo económico de Puerto Rico?

Algunos dicen que es cuestión ideológica, que así es el neoliberalismo. Que el capital y los empresarios quieren dominio pleno sobre las decisiones de las empresas; el control de la microeconomía. Se argumenta que esta ley estimularía un crecimiento económico de 0.3%, lo cual, de ser correcto, sólo puntualiza su impacto marginal para el crecimiento económico y el alto costo de ésta para los trabajadores.

El impacto de la derogación de la Ley 80 no debe analizarse fuera del contexto de la dirección que está tomando la política económica del país. Los ejes de “recuperación”, si pueden llamarse así, para salir de la “gran depresión de los 2000”, como le he llamado desde 2012, son los servicios. Por ello el turismo, los restaurantes y las finanzas son los recipientes principales de los incentivos y estímulos de la nueva política económica.

El proceso de reorientación del crecimiento económico estimulando los servicios se enmarca en la aprobación de las leyes 20, 22 y 273 de 2012, aprobadas bajo la administración Fortuño. Las leyes 20 y 22 fijan en 4% el pago de impuestos sobre ingresos a inversionistas y empresarios internacionales que fijen su residencia aquí; aplicando esta tasa a ingresos en negocios e inversiones en y fuera del país. La Ley 273 reemplaza la Ley del Centro Bancario Internacional de 1989 y se propone incentivar el establecimiento de Entidades Financieras Internacionales, fijando su tasa contributiva sobre ingresos en 4% y eximiéndolas del pago de impuestos a la propiedad y patentes municipales. La propuesta de reducción del IVU en comidas preparadas pagadas por medios “electrónicos” (tarjetas de crédito y débito) es también parte de ese giro de la nueva política económica, favoreciendo a los restaurantes.

Derogar la Ley 80, tiene el efecto de eliminar la presunción de despido injustificado y libra a los patronos de justificar sus despidos. Junto a la eliminación de la presunción de discrimen en caso de despido de la Ley 100, esta derogación completa la reforma laboral instaurada por la Ley 4 de 2017. Estas acciones combinadas tienen el efecto de liberar al patrono de demandas y querellas en caso de despidos y permiten la creación de una fuerza de trabajo “desechable” que se emplea y “desemplea” a discreción. Este nuevo estado de derecho favorece a los sectores de servicios que dependen de bajos sueldos, turnos partidos y empleados por temporadas. Restaurantes, hoteles, megatiendas, negocios de venta al detal y otros que no necesitan una fuerza laboral estable serán favorecidos por la medida. Añada a esto la reducción del salario mínimo para los jóvenes. Los trabajadores más vulnerables (ancianos, mujeres embarazadas y jóvenes) pagarán lo que será un intento fallido de estimular el crecimiento económico.

Estamos ante una política económica que reinventa el subdesarrollo. La derogación de la Ley 80, complementada por la Ley 4, nos devolverá a tiempos descritos en la novela La Llamarada y la obra Tiempo muerto. Como en el pasado, las clases trabajadoras se emplearán por temporadas a discreción de patronos cuyo objetivo no es el desarrollo económico sino lucro personal y corporativo.

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sábado, 30 de junio de 2018

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