Arthur J. González

Perspectivas de la Junta

Por Arthur J. González
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¿Qué es eso del Título III?

El mes pasado, a solicitud del gobernador de Puerto Rico, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico radicó en el Tribunal del Distrito federal en San Juan las peticiones bajo el Título III de PROMESA para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), el Sistema de Retiro de Empleados Públicos y la Autoridad de Carreteras y Transportación.

¿Por qué radicamos estas peticiones bajo el Título III y que significa esto para Puerto Rico?

El Título III es la parte de la ley PROMESA que le da a Puerto Rico acceso a un procedimiento similar al de quiebra, abierto y bajo supervisión de un tribunal para dirimir las controversias con sus acreedores de forma equitativa y ordenada. Como tal, el Título III le da a la Isla algunas de las mismas protecciones que el Capítulo 9 y el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal les provee a municipalidades y negocios en aprietos financieros.

Tal como en los Capítulos 9 y 11, la radicación de una petición bajo el Título III de PROMESA también le provee al deudor —en este caso, Puerto Rico— la protección de una moratoria automática que detiene cualquier litigio u otros esfuerzos por parte de los acreedores para cobrar lo que se les debe.

Tratar de responder a todas estas acciones puede ser abrumador. La moratoria le provee a la Isla un respiro esencial para poder planificar cómo mejorar el manejo de sus deudas y proveer un camino hacia su futura estabilidad económica.

Desde su aprobación el 30 de junio de 2016, PROMESA proveyó una moratoria temporera para proteger a Puerto Rico de litigios por parte de sus acreedores. Pero esa moratoria expiró el 1 de mayo, por lo cual el 2 de mayo los acreedores empezaron a demandar.

Defenderse de esta nueva ola de litigios —así como litigios que habían sido radicados antes pero a los cuales ya no les aplicaba la moratoria— hubiera resultado enormemente gravoso al Gobierno en un momento en el que ya tenía sus manos llenas atendiendo la crisis fiscal. Más aún, si los litigios hubiesen sido exitosos, Puerto Rico se hubiera visto forzado a hacer pagos que sencillamente no puede hacer ahora mismo.

El respiro que estas radicaciones bajo el Título III le confieren a Puerto Rico es una parte esencial del esfuerzo para lograr la estabilidad fiscal a largo plazo para la Isla.

Otro beneficio significativo del Título III es que el proceso es altamente transparente. El procedimiento asegura que una cantidad sustancial de información sobre cada aspecto de la crisis financiera de Puerto Rico se haga disponible para consideración de acreedores y otras partes interesadas.

El Título III, además, provee unas herramientas bien ponderosas para reestructurar las deudas de Puerto Rico. Antes de PROMESA, Puerto Rico no tenía forma de reestructurar sus deudas ascendientes a $74,000 millones. Contrario a los estados de los Estados Unidos, a Puerto Rico no se le permite autorizar a sus instrumentalidades y municipios a que radiquen quiebra.

En el 2014 Puerto Rico aprobó su propia ley de quiebra municipal, conocida como la Ley de Quiebra criolla. Pero el verano pasado, en el caso de Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust, el Tribunal Supremo federal la declaró inconstitucional, estableciendo que la Ley de Quiebra federal le prohíbe a Puerto Rico aprobar su propia ley de quiebra municipal, a pesar de que Puerto Rico no puede acogerse a la Ley de Quiebra federal.

PROMESA resolvió este problema creando para ello el Título III. De hecho, PROMESA fue más allá de la Ley de Quiebra criolla al proveer protección no sólo para los municipios e instrumentalidades de Puerto Rico, sino para el Estado Libre Asociado en su totalidad.

El Título III es una solución de último recurso. Si Puerto Rico pudiera, pagaría sus deudas en su totalidad. Siendo el caso que no puede, PROMESA contiene otras disposiciones —como el Título VI— que proveen para una restructuración más limitada, basada en acuerdos consensuados con sus acreedores, fuera del Título III.

De hecho, la Junta de Supervisión confía utilizar el Título VI, y evitar radicar peticiones bajo el Título III, para otras instrumentalidades de Puerto Rico.

Pero el Título III es una prerrogativa muy especial e importante. El mero hecho de saber que la Junta de Supervisión puede radicar bajo el Título III incentiva a los acreedores a ser más razonables a la hora de reestructurar lo que se le adeuda. En el caso del Estado Libre Asociado, y algunas otras entidades, el Título III era en efecto necesario dada la complejidad de sus obligaciones y el hecho de que algunas de sus deudas no pueden ser reestructuradas fuera del Título III.

En la primera vista llevada a cabo en San Juan el 17 de mayo, la Jueza del distrito federal Laura Taylor Swain —designada por el Juez Presidente del Tribunal Supremo federal para presidir los casos de Título III— enfatizó que los acreedores no deben esperar que se les pague íntegramente lo que se les debe, y que el caso debe centrarse en la gente de Puerto Rico.

Habiendo radicado las peticiones bajo el Título III, la Junta de Supervisión podrá reanudar negociaciones con acreedores que datan de diciembre, sin la distracción de tener que defender litigios en diversos foros. Las negociaciones son complicadas. Las dos deudas más grandes, ascendentes a más de $30,000 millones, son la de los bonistas de obligaciones generales (GO) y la de los bonistas de COFINA.

Los bonistas GO insisten que la deuda de COFINA es ilegal, mientras que los de COFINA insisten que a ellos se les debe pagar primero. La Jueza Taylor Swain tendrá que dirimir esa disputa. La Junta de Supervisión también tendrá que negociar con los empleados públicos y retirados de Puerto Rico y con muchos otros acreedores.

Nuestra meta es proponer un plan de reestructuración que cubra a cada clase de acreedor, pidiéndoles que acepten menos —y en algunos casos, bastante menos— de lo que se les adeuda. Nos guiaremos por las exigencias del Plan Fiscal a 10 años del Gobierno, el cual nosotros certificamos el 13 de marzo.

Una vez hayamos desarrollado una propuesta de reestructuración, prepararemos una declaración de divulgación describiendo el plan en detalle. Si el tribunal aprueba la declaración de divulgación, se les enviará a los acreedores quienes tendrán la oportunidad de votar a favor o en contra del plan. Si cada clase de acreedor vota a favor del plan y se cumple además con los otros requisitos del Título III, la Jueza “confirmará” —queriendo decir que “aprobará”— el plan.

Confiamos poder desarrollar un plan que cada clase de acreedor pueda refrendar con su voto. Pero aun si una o más clases de acreedores vota en contra del plan, la Jueza todavía podría aprobarlo si ella concluyese que los derechos de los acreedores quedarán debidamente protegidos.

La radicación de peticiones bajo el Título III es el comienzo de un proceso retador y posiblemente largo. Tomará meses y quizás más de un año. Y como advirtiera la Jueza Taylor Swain en la primera vista, probablemente será convulso también. Pero el Título III puede ser la garantía de que todo el mundo comparta y comparta, equitativamente, el sacrificio necesario para que Puerto Rico se levante nuevamente.

David Skeel, también miembro de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, es coautor de esta columna.

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