José A. Hernández Mayoral

Tribuna Invitada

Por José A. Hernández Mayoral
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¿Qué hará ahora Justicia federal?

Para descifrar lo que opinará el Departamento de Justicia federal sobre las enmiendas a la ley de plebiscito hay que tener presente cuál es la misión de ellos. Justicia se tiene que asegurar que el proceso es objetivo y no partidista y que las opciones se presenten de la manera más clara posible sin que el Gobierno lo incline a su favor a través del lenguaje que usa en la papeleta.

Vimos cómo aplicaron esas normas en su primera carta. En cuanto a estadidad dijeron que era engañoso reclamar que solo ella garantiza la ciudadanía americana pues bajo el status actual los puertorriqueños tienen un derecho incondicional a la ciudadanía.

En cuanto al Estado Libre Asociado, indicaron que había que presentarlo como opción, pero desmantelaron la versión soberanista de un Estado Libre Asociado mejorado.

La carta lo dice de una manera muy contundente: la libre asociación no es “enhanced Commonwealth” sino “complete and unencumbered independence”. Hubiese bastado que dijeran que era independencia, pero parece que quisieron subrayarlo dos veces más para asegurarse que lo entendamos.

Eso vino en respuesta a un reclamo que le hiciera el exgobernador Aníbal Acevedo Vila por carta donde dijo:

“Con respecto a ‘Estado Libre Asociado Soberano’, esta alternativa… reconocerá que Puerto Rico constituye un cuerpo político… en acuerdo común con los Estados Unidos, fuera de la cláusula territorial según acordado en un pacto... También reconocerá el vínculo creado por cinco generaciones de puertorriqueños que han sido ciudadanos de los Estados Unidos… No hay nada inconstitucional o ilegal en la alternativa de Estado Libre Asociado soberano”.

Los reclamos de Acevedo Vilá fueron despachados por Justicia sumariamente diciendo: 1- que un pacto hecho fuera de la cláusula territorial no puede llamarse “Enhanced Commonwealth”; 2- que lo que se pacte fuera de la cláusula territorial es independencia; 3- que ciudadanía bajo la libre asociación se trataría de igual forma que si optara por la independencia; y 4- que un “enhanced Commonwealth” fuera de la cláusula territorial sería inconstitucional.

El Gobierno aprovechó el que Justicia se refirió al único tipo de Estado Libre Asociado que reconocieron como un “territorial status” para justificar no usar el nombre legal de Estado Libre Asociado en la papeleta. El Partido Nuevo Progresista (PNP) al llamarlo “territorio” en la papeleta, está apostando a que la diferencia en implicaciones sea demasiado sutil para captarla los oficiales del Departamento de Justicia.

Para el gobierno federal la palabra “territorio” no tiene una carga peyorativa. Es un término genérico que cobija una diversidad de relaciones políticas de regiones que no son estados. Pero en Puerto Rico se usa políticamente para des-diferenciar al Estado Libre Asociado de los otros tipos de relación territorial y así denigrarlo. Con eso buscan negar que en el 1952 se creó una nueva entidad política, como ha reconocido el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Usar “territorio” en la papeleta en vez de Estado Libre Asociado, es como decirle a la Coca Cola que puede competir con Pepsi pero usando una lata blanca con letras negras en tipografía courier que solamente diga “cola”.

Por otro lado, la papeleta retiene el título de “Plebiscito para la descolonización inmediata”. El mensaje implícito es que Estados Unidos es un poder colonial y estamos por tanto obligados moralmente a derrotar la opción “territorio”. Eso no es ni objetivo ni no-partidista.

Los simpatizantes del Estado Libre Asociado quisieran que el Departamento de Justicia corrigiera todo esto para poder competir justamente. Un periodo de enfriamiento de toda la publicidad oficial parcializada que se ha venido publicando sería necesario y una nueva fecha que iguale el tiempo de participación para todas la opciones.

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