Benjamín Torres Gotay

LAS COSAS POR SU NOMBRE

Por Benjamín Torres Gotay
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¿Qué le pasó al Tribunal Supremo?

Dicen que Wanda Vázquez se arreglaba el cabello cuando llegó la llamada. Eran las 4:00 p.m. del viernes 2 de agosto. Una hora después, entraba en vigor la renuncia a la gobernación de Ricardo Rosselló. Ya que la confirmación de Pedro Pierluisi como secretario de Estado no había concluido, Vázquez se disponía a juramentar como gobernadora. Había cuadrado con la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, para que le tomara el juramento.

Entonces, la llamada. Pedro Pierluisi en línea. Le llamaba para informarle que había decidido juramentar él. Ella lo escuchó. Lo contó así a la estación radial La Mega en una entrevista el martes 13 de agosto: “El día que Pierliuisi juramenta yo estaba preparada para juramentar. Ya había hablado con la jueza. Ya mi familia estaba lista. Él (Pierluisi) me avisa una hora antes de que él iba a juramentar. Yo cancelé con la jueza presidenta, quien me iba a juramentar y me fui para mi casa”.

Pierluisi juramentó en privado, en la casa de una hermana, ante una jueza del Tribunal de Apelaciones. Fue una acción extraordinariamente inusual, como las que pasan en países en guerra, que trajo al discurso público frases que, aun con lo dados al drama que somos, no habíamos oído nunca aquí: golpe de estado, usurpación, quiebre del orden constitucional, términos así de escalofriantes.

Fueron días muy tensos. Las acciones de Pierluisi, más allá de sus motivaciones, habían metido al país, que en aquellos días estaba aún alebrestado por la campaña que sacó a Ricardo Rosselló de Fortaleza, en arenas movedizas que amenazaban con hundirle en un período indefinido de inestabilidad institucional.

Un par de días después, la soga que podía sacarnos de la arena movediza la tenía el Tribunal Supremo. Le tocaba poner orden donde florecía caos. El país aguantó la respiración durante los dos días y medio en que la corte tuvo el caso ante su consideración.

La tensión pesaba y ahogaba.

El Tribunal Supremo entendió el momento. Decidió rápido, y por unanimidad, cosa que rara vez pasa en decisiones con implicaciones políticas, que la ley, en la que se fundamentó Pierluisi para juramentar, era inconstitucional, y le ordenó dejar la gobernación esa misma tarde. Wanda Vázquez juramentó ese mismo 7 de agosto.

La jueza Oronoz dijo después: “Todos éramos conscientes de que lo que dijéramos no solo era importante, sino cómo lo dijéramos. No es lo mismo una decisión seis a tres o cinco a cuatro, que nueve a cero”.

La vida en Puerto Rico no era el paraíso, ni lo ha sido desde entonces. Pero el Tribunal Supremo, con su decidida acción, nos salvó de lo que habrían sido tiempos muy complicados si se quedaba en la gobernación una figura de la que mucha gente creía que ocupaba el cargo de manera ilegítima. Fue el momento más crítico de nuestra historia reciente y el Supremo estuvo a la altura de la coyuntura.

El Tribunal Supremo nunca ha estado tan bajo como otras instituciones, pero también le ha caído algo del desprestigio general que lleva tiempo agobiando a la institucionalidad pública y privada. Se le percibe, para no más decir, como una entidad tan politizada como cualquier otra. Se ha hablado por mucho tiempo de guerrillas internas por colores. El país sabe que, por más talento que se tenga, nadie ocupa un curul en ese foro sin el favor de un político.

Pero, en aquellos enrarecidos días de principios de agosto, todos echamos a un lado nuestras reservas, aplaudimos con entusiasmo su decisiva acción y algunos hasta llegamos a creer, tontos que fuimos, que la corte sí había entendido el mensaje del verano del 2019 y que íbamos a ver, de ahora en adelante, a una institución descifrando al país que suda y palpita más allá de sus gruesas paredes.

Tontos que fuimos, sí.

La luna de miel duró muy poco.

Andaba, en estos días, el Tribunal Supremo buscando un aumento salarial para los 386 jueces. Nada malo hay con eso, por supuesto. Todo el que pueda, que pida. Los problemas fueron otros. Muchos otros.

Era, primero, el monto del aumento, de 46%. El salario de la jueza presidenta habría aumentado de los $125,000 anuales de ahora, a $183,000, un impactante incremento de $58,000 anuales. Los jueces asociados del Supremo subirían de 120,000 a $173,000. Los jueces de más bajo rango, los municipales, habrían subido de $69,000 a $90,000. El público reaccionó atónito ante la magnitud de ese incremento.

Lo segundo, es el momento. El país atraviesa en este momento la parte más dura del plan de austeridad de la Junta de Supervisión Fiscal. Hay escasez y precariedad donde quiera que uno mira. Falta de todo, en todos sitios. Cada puertorriqueño, de una u otra manera, siente a diario el impacto de la precariedad.

Hay muchos otros servidores públicos que llevan años necesitando aumentos, sin que nadie los escuche. Por ejemplo, los maestros, cuyo salario básico es de un vergonzoso $1,875 al mes, estuvieron diez años esperando un incremento hasta que en 2018 se les dio $125 más mensuales. Y ese aumento, de apenas un 7%, una fracción de lo que pretendían los jueces, no se le ha aplicado a todos los educadores.

Igual, el Departamento de Educación andaba el otro día reclutando trabajadores sociales con bachillerato, licencia y colegiatura al día, por $1,340 al mes. La controversia se dio, además, unos días después del revuelo causado por un líder empresarial que dijo que en la isla se podía vivir con el salario mínimo de $7.25 la hora.

Hubo, pues, muy mala puntería de parte de los jueces. Había, en esos días, efervescencia social con temas de desigualdad, clase, pobreza y privilegio. El agua estaba para chocolate. Los jueces del Supremo, que tienen sus escoltas que los llevan y los traen (otros jueces se montan en sus carros propios y se van solitos a sus casas después de meter gente presa de por vida), quizás no lo percibieron.

Por eso, seguían empeñados en el aumento y llegaron a uno de los momentos mástristes en la historia de la judicatura. El martes 12 de noviembre, varios jueces del Supremo – en la foto se veían a Erick Kolthoff, Edgardo Rivera García, Mildred Pabón y la presidenta Maite Oronoz – fueron al Senado a reunirse con el caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP), para cabildear por su aumento.

La imagen de jueces hablando cara a cara con políticos de un aumento salarial es algo que Puerto Rico no va a olvidar fácilmente. La total ausencia de juicio y de prudencia que esa acción reveló va a costar mucho tiempo repararla. Quedamos demasiados perplejos preguntándonos: ¿pero qué le pasó al Tribunal Supremo?

De esa reunión, Oronoz salió diciendo que retiraba la petición de aumento salarial. El senador Larry Seilhammer dijo después que fue que, en el encuentro, se le hizo saber que no había votos suficientes para aprobarlo. Oronoz quiso recoger el agua derramada haciendo un llamado “para abrir un diálogo amplio y templado para trabajar por la justicia salarial de todos los trabajadores”.

Era ya un poco tarde. El daño, como dicen, estaba hecho. Y fue grande. Y tomará mucho tiempo repararlo. El Supremo nos elevó para que después nos diéramos más duro al caer. Cada día nos queda un poco menos.

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