Álex López Pérez

Tribuna Invitada

Por Álex López Pérez
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Que no quiebre la democracia

Una de las grandes razones históricas para la formación de las corporaciones públicas, según los conocedores y teóricos del tema, fue crear entes especializados que operaran como negocios privados, con capacidad para levantar sus propios fondos y proveer servicios esenciales directos sin las restricciones que suponen los procesos gubernamentales tradicionales y sin afectar el tesoro del país.

Precisamente, su fortaleza y atractivo, por lo menos hasta ahora, era que no estaban subsidiadas por el Estado, sino que eran subsidiarias del Estado, como servidores públicos en el sentido más estricto del término y como empresa privada en el sentido más amplio.

El experimento de las corporaciones públicas en Puerto Rico como reflejo y productos de las políticas “novotratista” sirvieron modelo para muchos países y estados interesados en propiciar su propio desarrollo, representando una tercera vía alejada del liberalismo manchesteriano y el estatismo estalinista. Ello suponía una inserción directa del Estado como participante y actor en el proceso productivo del país bajo el control de su propia gesta. Los logros impresionantes y el desarrollo alcanzado por Puerto Rico eran la mejor muestra de la viabilidad del modelo.

Muchas ideas confluyeron en el desarrollo de las corporaciones modernas, pero su principal sentido fue práctico. Proveer un servicio directo, al menor costo posible, a la mayor cantidad de clientes posibles con una dirección eficaz y eficiente, y con la especialización técnica necesaria, sin comprometer ni afectar el tesoro del país. A pesar de ello, el éxito de las mismas estaba predicado sobre las premisas keynesianas en las que los presupuestos deficitarios no eran un mal, sino herramienta para promover el progreso. De ahí el aumento exponencial del gasto público.

Sin embargo, la situación precaria, las deficiencias generalizadas, los altos costos, la ingobernabilidad, el clientelismo y la dependencia del Fondo General para viabilizar sus operaciones hace necesario repensar toda la idea de las corporaciones públicas y su necesidad práctica. En la lucha por mejorar el estado general de las corporaciones públicas, el sentido práctico que motivó su creación se ha convertido en un dogma, en un principio ideológico, o lo que es peor, una fórmula matemática de intereses, donde la suma para la ciudadanía siempre es cero.

La mal llamada “ley de quiebras criolla” no es una mala idea en principio. El problema que representa es que continúa siendo una petición de crédito al pueblo por los mismos actores que han añadido ceros ad infinitum al primer cheque en blanco que se les concedió, sin que se hayan hecho depósitos de confianza y credibilidad en la cuenta que el pueblo siempre lleva.

Su creación en esta coyuntura no responde a ninguna lógica gubernativa de estado, sino a la lógica de la supervivencia política que no siempre está en armonía con el bien común. Es necesario observar con sentido práctico y de largo plazo, el repensar el estado de nuestras administraciones públicas. Ni la privatización ni la estatización deben ser tabúes ni mitos. Ambos conceptos deben examinarse a base de la experiencia y de lo que es mejor para la inmensa mayoría del pueblo.

Si una empresa estatal funciona conforme a su finalidad y propósito, y sigue siendo un buen negocio, ¿para qué salir de ella? Ese fue el triste caso de la Puerto Rico Telephone Co. Pero si una empresa no cumple su cometido y no responde a la razón para la que se creó ni al interés público, ¿para qué conservarla?

Alguna sabiduría tenían los creadores de nuestra Constitución cuando establecieron la prelación del pago del crédito a otras obligaciones de las que responde el presupuesto, así como los topes al crédito territorial. Los consensos alcanzados al redactar el texto constitucional deben ser reafirmados por su valor y por su sentido de ley fundamental que parece que es una lección que es preciso repasar.

La Constitución es además de norma jurídica, proyecto de país que es preciso mantener. Ningún sentido ni valor tendrían la Constitución si cualquier ley pudiese ir contra del consenso que ésta representa. Permitirlo sería, más que cualquier otro, un primer paso a la quiebra de la democracia puertorriqueña.

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